Bataillon aseveró que, de acuerdo con las organizaciones de derechos humanos mexicanas, las Fuerzas Armadas “acuden de manera sistemática a la tortura, así como las fuerzas de la policía, y ambas practicaron numerosas ejecuciones extrajudiciales”, e insistió en que “la jerarquía militar se caracteriza por su rechazo en facilitar cualquier investigación sobre (las exacciones que cometen sus integrantes)”.
“Sin duda los cadetes de la Academia Militar de México, o los integrantes de la Gendarmería nacional mexicana quienes abrirán el desfile militar del 14 de julio en París no son responsables de estos hechos”, admitió Bataillon. Pero estimó que “encarnan las instituciones que los cometieron”.
En cuanto al presidente mexicano, el director de estudios en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales (EHESS, por sus siglas en francés), advirtió a los lectores franceses que Peña Nieto no tiene “la voluntad de apoyarse sobre la sociedad civil para hacer avanzar los debates y las prácticas democráticas, al luchar contra los tenientes en el seno de su partido, el PRI, o en las fuerzas armadas de la corrupción”.
Si bien el intelectual aceptó que tanto la corrupción como la violencia existían antes del regreso del PRI a Los Pinos, resaltó que pese a las promesas de Peña Nieto, la administración del actual presidente no logró restaurar la autoridad del Estado ni combatir estos lastres.
“Los integrantes de la clase política involucrados en asuntos de desvío de dinero o de tráfico de influencias no están más preocupados que antes y la clase política tiene una reputación cada día más deplorable, y lo amerita”, subrayó el intelectual, al recordar que Peña Nieto “no escapa a esta regla” en el caso de la Casa Blanca.
Insistió ante sus lectores franceses que el escándalo que provocó la investigación periodística del equipo de Carmen Aristegui no ha tenido mayores consecuencias para el presidente mexicano, al contrario de la periodista, “quien se vio despedida por la radio que la empleaba”.
Ilustró el rechazo del gobierno mexicano en abrir las decisiones democráticas a las organizaciones de la sociedad civil con la recién cancelación del nombramiento del académico Miguel Sarre como candidato de México al Comité de las Naciones Unidas contra la Tortura.
Como lo documentó Proceso en su edición número 2017, la Cancillería sustituyó de manera inesperada a Sarre por el embajador emérito Claude Heller, “a quien se le invitó ‘defender la imagen del país’, es decir, organizar una campaña de desmentido contra las acusaciones lanzadas por las organizaciones de defensa de los derechos humanos”, planteó el intelectual.
Bataillon también recordó que el estrechamiento de los vínculos bilaterales entre México y Francia se originó en abril de 2014, con la visita a México del presidente Francois Hollande, con lo cual los países reanudaron relaciones cordiales y dejaron atrás la crisis diplomática que había generado el caso de Florence Cassez durante el anterior sexenio.
“Distintas grandes empresas francesas estarían por firmar importantes contratos con sus socios mexicanos”, resaltó Bataillon, al citar, por ejemplo, los 50 helicópteros Super Puma que el Ejército Mexicano debería comprar en fechas próximas –Proceso, 2019–, o las expectativas de la empresa petrolera Total ante la apertura de los hidrocarburos mexicanos por la actual administración priista.
“¿Será que, al invitar el presidente Peña Nieto y un destacamento de las Fuerzas Armadas para celebrar la fiesta nacional en París, se busca ante todo librarse a una caza frenética a los contratos?”, se preguntó Bataillon.
Y, de manera retórica, redactó: “¿O queremos también apoyar los sectores de la población mexicanas que desean reformas que consolidaran un Estado de Derecho así como el fin de la violencia y la corrupción?”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: MATHIEU TOURLIERE.
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