Como ejemplo de esa juventud innovadora, Friedman señaló a los fundadores de la empresa Enova, creadora de un programa para niños y adultos pobres que, con una batería de profesores, enseñaba matemáticas y mejoraba habilidades de lectura.
Enova —se presenta como “empresa social”— es una firma mexicana que ha recibido mil 700 millones de pesos en los últimos seis años. Actualmente está formada por tres socios, Moís Cherem, Raúl Maldonado, y Jorge Camil Starr.
La empresa comenzó en 2008 con un pequeño contrato del gobierno del Estado de México para mejorar el diseño y desempeño del portal del Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología (Comecyt).[2]
Un año después, el Comecyt le dio otro contrato para implementar cambios a su página de internet, por poco más de seiscientos mil pesos.[3] Es, sin embargo, a partir de 2010 que las transferencias a Enova —siempre a través de un intermediario: la Fundación Proacceso ECO A.C.—, se volvieron millonarias.
Con esas transferencias, el grupo Enova/Proacceso creó en el Estado de México una cadena de escuelas privadas de cómputo formada por 70 sucursales, denominada Red de Innovación y Aprendizaje (RIA), que a pesar de que usan recursos públicos para su instalación, le cobran a los usuarios.
También abrieron 50 centros “gratuitos”, nombrados Bibliotecas Digitales, cuyos servicios no son cobrados a la ciudadanía, sino a las autoridades.
Proacceso fue fundada en diciembre de 2008 por Aleph Molinari, su actual director, y por Karla Valenzuela Pérez, quien hoy es la directora general adjunta de Ahorro y Regulación Financiera en la Secretaría de Hacienda.[4]
En 2009, por ejemplo, por instrucciones del entonces gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, el Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología (Comecyt) donó a Proacceso 56 millones de pesos de su presupuesto, equivalentes al 29.5% de los recursos con que ese organismo contó en ese año.[5]
Luego, en 2010, comenzó un aumento progresivo en los recursos otorgados: ese año, el Comecyt dio 74.3 millones de pesos;[6] en 2011 fueron 111 millones;[7] en 2012, 110 millones de pesos.[8] En esos años, dichas aportaciones fueron las únicas que hizo Comecyt en el rubro de apoyos para el fomento de proyectos ciudadanos vinculados a ciencia y tecnología. Después, en 2013 recibió 140 millones de pesos,[9] en 2014 en total 159 millones,[10] y en marzo de 2015 se pactó la más reciente entrega, de 174 millones de pesos.[11] Estas aportaciones fueron las únicas que hizo Comecyt en el rubro de apoyos para el fomento a proyectos civiles de ciencia y la tecnología. Además, en 2014 el gobierno del Estado de México adjudicó 22 contratos por un total de 40 millones para el suministro de insumos digitales a la empresa Enova.[12]
Siempre en asociación con Enova, la Fundación Proacceso ha recibido también asignaciones directas del presupuesto federal.
En 2010, a través del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), obtuvo 90 millones de pesos procedentes de la Ampliación al Ramo 38 del Presupuesto de Egresos de la Federación, destinada a apoyar proyectos científicos, por lo que, en ese año, la Red de Innovación y Aprendizaje se convirtió en el segundo proyecto que más recursos públicos obtuvo de dicho fondo, sólo detrás del Gran Telescopio Milimétrico.[13]
Un año más tarde (2011) la fundación ya estaba a la cabeza de las iniciativas científicas con mayor financiamiento federal, gracias a los 80 millones de pesos que obtuvo ese año de la Ampliación al Ramo 38.[14]
En el 2012, recibió otros 140 millones de pesos asignados de la misma forma por vía del Conacyt,[15] a los que se sumaron otros 89.3 millones del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta).[16]
A partir de 2013 la fórmula de donación varió ligeramente. Los recursos dejaron de provenir del Ramo 38 y comenzaron a salir del Fondo de Cultura del Presupuesto de la Federación, es decir, de los recursos asignados al Conaculta.[17]
Nuevamente, el grupo se convirtió en el mayor destinatario de recursos de la federación, ahora en el área de cultura. En 2013: 200 millones de pesos. En 2014: 157.3 millones.[18] En 2015: 119.1 millones.[19]
A todo esto se suman cinco millones de pesos que la SEP entregó a la fundación entre 2010 y 2011 para el desarrollo de “videojuegos lúdicos”, empleados en la cadena de escuelas de bajo costo que Proacceso opera en asociación con Enova.[20]
En total: 867.9 millones recibidos del gobierno mexiquense y 880.7 millones del gobierno federal.
Aleph Molinari, presidente de Proacceso ECO, y Moís Cherem, director de Enova, explican en entrevista conjunta que sólo hay una “alianza” entre ambas. Sin embargo, operan unidas: juntos diseñan los proyectos y luego la fundación gestiona los recursos del gobierno, que usa para comprarle a Enova los insumos y servicios; además de que hasta hace poco compartían las mismas oficinas en la colonia Roma, en la Ciudad de México.
Incluso, en ceremonias oficiales se ha dejado ver que no sólo existe una “alianza” entre Proacceso ECO y Enova. En 2009, al inaugurar las primeras 10 escuelas en presencia del entonces gobernador Enrique Peña Nieto, Moís Cherem no fue presentado oficialmente como directivo de Enova, sino como “miembro del Consejo Directivo de la Fundación Proacceso”.[21] En otro evento, en 2011, Peña Nieto inauguró centros de la RIA acompañado, no por un representante de Proacceso, sino por Jorge Camil, a quien presentó como “director de Enova”.[22]
En marzo de 2013, el sucesor de Peña Nieto en el ejecutivo mexiquense, Eruviel Ávila, aseguró que “las bibliotecas [digitales] se llevaron a cabo a través de Enova, en especial de Jorge Camil, quien impulsó estas bibliotecas”.[23]
Pero además, el destino y los resultados de la inversión no son evaluados por ninguna dependencia oficial. Las evaluaciones, como aceptan los mismos responsables de la empresa y la fundación, son “internas”.
De acuerdo con estas evaluaciones, los niños y las niñas de primaria que asisten a los cursos RIA han logrado un “incremento del desempeño en la prueba Enlace” de 6% en español y 7% en matemáticas, tal como concluye un estudio que Proacceso/Enova encargaron a la consultoría privada C230 Consultores, en 2011.
Dicho estudio señala que “se detectaron efectos positivos y significativos” en los alumnos de cuarto grado de primaria que tomaron el curso insignia de los centros RIA, denominado La Expedición, dato que la página de internet de la RIA se encarga de destacar.
Esos niños que mostraron mejor aprovechamiento académico –tras el curso La Expedición– eran alumnos de primarias públicas seleccionados aleatoriamente. Sin embargo, el estudio no menciona que C230 Consultores no detectó ningún progreso académico entre alumnos de tercero, quinto y sexto grados de primaria, luego de su paso por las aulas de la Red de Innovación y Aprendizaje.
En 2013, el curso La Expedición fue nuevamente evaluado “internamente”. Ahí sí se obtuvieron grandes resultados: Según esta autoevaluación, en sus 30 horas de duración, el curso La Expedición genera el mismo impacto que un “profesor de alto desempeño”, en todo un año de enseñanza.
Sin embargo, la propia autoevaluación revela que la “comprensión lectora” de los niños había empeorado luego de tomar el curso insignia de la RIA.
Una segunda autoevaluación en 2013 concluye que “no se detectó ningún impacto significativo” en el rendimiento académico de quienes habían recibido el curso de 30 horas.
En lo que toca a las Bibliotecas Digitales, tampoco existe evaluación gubernamental de resultados. Ni hay evaluación interna.
La relación directa con el gobierno
Los primeros recursos, entregados en 2009, se dieron a un grupo de “emprendedores” que, como ellos mismos admiten, no tenían experiencia previa en el ramo y, fueron otorgados apenas seis meses después de que diseñaran el proyecto. Eran, como ellos cuentan, recién egresados de la escuela.
Ese primer donativo de 56 millones de pesos, que sirvió para que seis meses después se inauguraran las primeras 10 escuelas de la Red de Innovación y Aprendizaje (RIA) y que fueron inauguradas por el entonces gobernador Enrique Peña Nieto, ni siquiera existe en documentos oficiales, tal como consta en el oficio 203G13000/079/2015, fechado en febrero de 2015, donde se explica que el Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología (Comecyt) “no cuenta con documentos” que sustenten dicha donación.
Aunque por ley esta aportación debió ser aprobada en una sesión oficial de la Junta Directiva del Comecyt, la institución reconoce que carece de documentos que indiquen que dicha sesión oficial fue realizada.
El mismo Aleph Molinari explica cómo se dio esa primera donación: “El primer convenio que tuvimos se le presentó directo al gobierno del Estado de México y a la Secretaría de Finanzas (estatal). Era una mesa grande, como de 30 personas, y entre ellas hicieron la determinación de entregar los recursos. La determinación no vino del Comecyt, sino que el Comecyt fue el vehículo”.
Por esta misma razón no se establecieron mecanismos legales para evaluar el gasto ni se definieron auditorías que determinaran si la inversión de recursos públicos había tenido efectos positivos.
Luego, las donaciones subsecuentes sí establecieron por escrito convenios oficiales que obligaban a la autoridad a realizar auditorías financieras y de resultados.
Pero el Comecyt, a pregunta expresa, reconoció en el mismo oficio 203G10100/079/2015 que no había realizado las auditorías correspondientes aún cuando, desde 2011, el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM) determinó que ésta era una obligación a la que el Comecyt estaba faltando.
Según el OSFEM, estas auditorías no sólo tenían el objetivo de “verificar la aplicación de los recursos otorgados”, sino también el de “evaluar los beneficios que la Fundación brinda a la sociedad”. El Órgano Fiscalizador señaló, no obstante, que “se observó que el Comecyt no ha cumplido con lo establecido en el convenio respecto a realizar auditorías a la Fundación Proacceso Eco AC”.
Lo mismo ocurre con las donaciones de las dependencias federales Conacyt y Conaculta. Aún cuando a ambas se le solicitaron entrevistas formales al respecto, ninguna de las dos dependencias quiso explicar cuál había sido el criterio para aprobar dichas donaciones.
—Todos los convenios, todos los recursos que fueron asignados, lo fueron a través de una solicitud de apoyo, y esa solicitud de apoyo normalmente va directo a la Cámara de Diputados, en particular a la Comisión de Ciencia y Tecnología, y esa es una Comisión legislativa que está consensuada, que tiene muchos diputados, y entre ellos determinan qué se va a hacer con esos fondos y cómo se van a etiquetar. Se siguió el proceso legal más democrático posible, el cual es: se le entrega a la Cámara de Diputados una propuesta de proyecto, una solicitud de apoyo, en la cual se detalla de qué se va a tratar el proyecto, cuáles van a ser los alcances, qué se va a construir, básicamente qué se va a lograr. No fue algo negociado con el Ejecutivo, ni con el Estado de México, ni con las entidades que canalizaron los fondos. Esto fue algo (pactado) directamente con la Cámara de Diputados.
Para verificar esta afirmación, se solicitó entrevista con el ex diputado Reyes Tamez, quien encabezó la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados en 2010 y 2011, época en que comenzaron a fluir los fondos federales hacia Proacceso. Sin embargo, el doctor Tamez Guerra —actualmente asignado al Departamento de Inmunología de la Universidad Autónoma de Nuevo León— tampoco aceptó hablar del asunto.
Al consultar los registros de actas de sesión de la Comisión de Ciencia y Tecnología, brinca un dato importante:
El 8 diciembre de 2009 esta comisión fue citada para discutir el borrador del presupuesto de Egresos de 2010, en lo relativo al Ramo 38, en el que se incluyeron las donaciones hechas a Proacceso. Pero dicha discusión “se pospuso”, tal como señala el acta respectiva, y no fue convocada a una nueva sesión de trabajo sino hasta enero de 2010, cuando el Presupuesto de Egresos —y las donaciones a Proacceso— ya habían sido aprobadas por el pleno legislativo.
En septiembre de 2010, la comisión discutió el presupuesto de Egresos del año siguiente, en lo relativo al Ramo 38. Según el informe de actividades del periodo septiembre 2010-marzo 2011, en ningún momento se discutió nada relacionado con una donación para Proacceso.
De hecho, ningún informe de labores de la Comisión de Ciencia y Tecnología, entre 2010 y 2014, reporta que se haya discutido alguna asignación de recursos para este grupo de jóvenes “emprendedores”. Aún así, los fondos les fueron etiquetados y entregados.
Por su parte, la Secretaría de la Función Pública federal informó, en marzo de 2015, que “de la búsqueda realizada en sus archivos, no localizó información relacionada con alguna auditoría en la que se haya revisado los contratos o convenios”[24] de donación y asignación de recursos con los cuales, de forma separada, la SEP, el Conacyt y el Conaculta entregaron a Proacceso-Enova los 877 millones de pesos donados por la vía federal.
En la misma línea, la Secretaría de Educación Pública notificó que “no se localizó documentación que acredite auditoría alguna de la SEP”. [25]
El Conacyt, además, reconoció que tampoco ha evaluado el impacto que estas escuelas y centros de cómputo han tenido en sus usuarios o en las comunidades en las que se construyeron.
El expediente relacionado con las donaciones a Proacceso/Enova provenientes de Conaculta, y proporcionado por esta dependencia, no incluye tampoco ninguna auditoría de resultados.
La triangulación de recursos públicos
—La empresa Enova —explica su director general, Moís Cherem— es una “empresa social”, es decir, la forma en que operamos tiene una característica social y buscamos algo más que la maximización de utilidades, que es como operaría una empresa convencional.
Lo cierto es que prácticamente todos los recursos públicos que se han otorgado a Proacceso han acabado en manos de Enova. Las finanzas de Enova, por ser las de una empresa privada, no están abiertas a escrutinio público.
Este es, según Alberto Serdán, del Programa Interdisciplinario sobre Política y Prácticas Educativas del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), “uno de los mecanismos clásicos de triangulación para sacar ventaja irregular de los recursos públicos, y funciona así: una asociación civil, que por ley no puede tener márgenes de ganancias o utilidades (es decir, no puede acceder a recursos públicos para luego repartirlos entre los asociados), pide recursos al gobierno. Ya que tiene esos recursos contrata a una empresa amiga para que brinde sus servicios, incluso con sobreprecios, ya que esa empresa sí puede acumular dividendos”.
Mónica Tapia, especialista en financiamiento y transparencia de organizaciones de la sociedad civil, así como ex directora de Alternativas y Capacidades AC, abunda: “Este esquema de financiamiento no es atípico, aunque frente a una nueva agenda de transparencia e institucionalidad, debería serlo. Se ha vuelto común, sin embargo, que desde el presupuesto federal o con asignaciones directas por parte de secretarías, se tomen decisiones discrecionales sobre el financiamiento que se entrega las organizaciones de la sociedad civil”.
Agrega Tapia: “De los recursos que asignan instituciones gubernamentales a organizaciones civiles, sólo 30% se otorgan a través de concursos abiertos, lo demás depende de las asignaciones que hacen directamente funcionarios públicos, sin comités evaluadores. A través de este mecanismo de triangulación de recursos, las empresas que quieren proveer servicios al gobierno pueden brincarse los procesos de concurso por licitación, y obtener dicho financiamiento por intermediación de una asociación civil. El problema es que si la normatividad en la asignación a organizaciones civiles es laxa, entonces la rendición de cuentas, no sólo en términos financieros, sino también en términos de resultados concretos, termina siendo igualmente laxa”.
En contrapartida, según Proacceso y Enova, sus escuelas RIA sí tienen un impacto en la comunidad en la que se encuentran sus sucursales, y se trata de un efecto “positivo” ya que, sostienen, esas sucursales fueron construidas siguiendo una metodología que denominan “acupuntura urbana”. La “acupuntura urbana”, señala Enova, permite “determinar los puntos concretos donde deben instalarse los centros para lograr mayor impacto (…) De esta manera, cada centro RIA beneficia a un promedio de 10.7 escuelas en un radio de dos kilómetros”.
Sin embargo, los resultados de la prueba Enlace por plantel escolar, en los 34 municipios del estado de México en donde Proacceso-Enova han instalado sus centros RIA, no revelan dicho impacto.
En esos municipios mexiquenses existen 2 mil 268 planteles públicos de educación primaria, urbanos y rurales —tal como se desprende de la base de datos de la SEP. 373 de estos quedan a un kilómetro, o menos, de algún Centro RIA.
Según los resultados Enlace 2013, en 46% de esos 373 planteles hubo un descenso en el desempeño de alumnos de tercer grado en la materia de español. Además, 59% registró una disminución en aprovechamiento de esta asignatura en cuarto grado. En quinto grado, 51.7% de las primarias empeoraron su rendimiento en español; mientras que, en sexto grado, los resultados regresivos se registraron en 55.7% de los planteles.
En matemáticas, 30.9% de los alumnos de estas escuelas ubicadas a un kilómetro o menos de las RIA mostraron un descenso en su desempeño en tercer grado; situación que se replicó en 51% de los planteles, en cuarto grado; en 45.8%, en quinto grado; así como en 44% de las escuelas, en sexto.
Así pues, la prueba Enlace 2013 —última evaluación nacional de desempeño académico realizada hasta la fecha— deja ver que, a pesar de la existencia de la Red de Innovación y Aprendizaje, el rendimiento académico de los alumnos en buena parte de las escuelas cercanas a sus sucursales empeoró.
Peor aún: entre las 373 escuelas públicas próximas a las RIA existen diez cuyo desempeño académico empeoró en todos los grados, sin excepción, tanto en español como en matemáticas.
Gasto sin focalización
Bajo esta lógica de “acupuntura urbana”, Proacceso y Enova afirman que han ubicado “estratégicamente” sus 70 centros RIA, a lo largo de “una de las áreas más densamente pobladas y con menos ingresos de México”, con el objetivo de llevar “educación de calidad y tecnología” a los “habitantes de comunidades marginadas”.
De hecho, en su página de internet se afirma que “la población que habita las zonas de cobertura de la RIA” tiene un ingreso “de 30 pesos diarios por persona”. Por ello, según Proacceso, sus escuelas están enclavadas en regiones donde la población gana menos de la mitad del salario mínimo.
Sin embargo, de los 34 municipios mexiquenses en donde la dupla Proacceso/Enova ha montado sus escuelas de bajo costo, 29 gozan de un nivel de marginalidad “muy bajo” (25 ayuntamientos), es decir los municipios con menos pobreza, y “bajo” (4 ayuntamientos), según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), que es la autoridad encargada de medir la pobreza en México.
Es en estos municipios de bajo y muy bajo rezago social donde se ubican 64 de los 70 centros RIA. En contraste, sólo uno de los municipios mexiquenses en donde la RIA tiene presencia es en realidad uno de los más pobres o de “alto rezago social”, según el Coneval.
En éste existe únicamente un plantel de esta cadena de escuelas privadas. En los otros siete municipios del Estado de México que se catalogan como zonas de alta marginación, la Red de Innovación y Aprendizaje no ha desarrollado ninguna actividad en seis años de existencia.
Cuestionados al respecto, Molinari y Cherem admiten que sus sucursales fueron ubicadas en zonas “con variabilidad de ingreso muy alta, en donde hay zonas comerciales, pero también una pobreza bastante fuerte”. Así, señala Moís Cherem, a los usuarios de sus centros digitales no hay que ubicarlos realmente en el estrato de marginalidad, como Proacceso/Enova aseguran públicamente, sino que “los tienes que ubicar en el ingreso medio”.
Los centros RIA son espacios dotados con entre 30 y 50 computadoras, con aulas internas construidas con madera reciclada y áreas acondicionadas para la convivencia de los alumnos. Todo dentro de galerones rentados, en los que se imparten cursos rápidos de cómputo e inglés. Los costos al público van de $70 a $1,200 pesos, según la duración del curso.
No obstante, de esos 561 mil 562 usuarios, 68% nunca ha asistido a las aulas RIA. En realidad, el número de personas que ha tomado —y pagado— alguno de los cursos que se imparten en la RIA es bastante menor: 183 mil 476 usuarios, según sus propios reportes.
—El hecho de que la ciudadanía tenga que pagar por los servicios que brindan estas escuelas, aún cuando toda su operación es sufragada con recursos públicos, ¿implica un doble cobro por parte de Proacceso? —se pregunta a su presidente, Aleph Molinari.
—Es interesante la pregunta —afirma—, nunca me la habían hecho, y la respuesta es: no. Porque dar servicios de calidad requiere dinero, y en términos de educación, no hay manera de hacerlo sin un subsidio oficial. Y por lo que toca a lo que pagan los usuarios, nosotros le estamos dando más cosas al usuario de lo que ves aquí (en referencia a las instalaciones de la Red de Innovación y Aprendizaje): eso incluye el diploma que les damos, e incluye el cuaderno de trabajo que se llevan…
La expansión nacional de Enova/Proacceso
Apenas en marzo pasado, el nuevo proyecto de Proacceso/Enova comenzó a ser revelado, luego de que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del gobierno federal inaugurase 32 centros digitales denominados “Puntos México Conectado”, uno en cada entidad de la república.
Para construir y operar estos centros, la SCT dio contratos a diversas empresas tras una licitación para el arrendamiento del equipo de cómputo[26] y para el “outsourcing” del personal.[27]
Llama la atención que no hay información sobre qué empresa da el servicio de operación y contenidos en ellos, o si hubo alguna licitación.
En una revisión del contenido de los “cursos” que se ofrecen en los centros de la RIA y los “Puntos México Conectado”, se encontró que el contenido y estructura son idénticos. Su similitud es tal que, en sus respectivas páginas de internet, contienen el mismo texto para describirlos.
También se pudo verificar que el despacho de arquitectos Ludens, que desarrolló el diseño de los centros RIA en el Estado de México, fue el encargado de diseñar los puntos de México Conectado.[28]
Se consultó a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, responsable del programa “México Conectado”, sobre quién provee los contenidos y cursos a estos centros digitales, pero esta dependencia guardó silencio, lo mismo que el grupo Enova-Proacceso.
[1] Thomas Friedman, “Is Mexico the comeback kid?”, The New York Times, (26/02/2013).
[2] Quinta sesión extraordinaria del Comité de Adquisiciones y servicios del Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología, (23/05/2008).
[3] Acta de la décima séptima sesión extraordinaria del Comité de Adquisiciones y Servicios del Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología, (06/11/2009).
[4] Constitución de Asociación Civil No. Entrada 44927 06/02/09, Registro Público Distrito Federal. Directorio de Servidores Públicos, Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
[5] COMECYT –Oficio de la Unidad de Apoyo Jurídico número 203G10100/079/2015, (11/2/2015).
[6] Convenios COMECYT – PROACCESO ECO, A.C. 14/06/2010 y 24/03/2010.
[7] COMECYT ACTA/ORD/090511/56.
[8] Convenios COMECYT – PROACCESO ECO, A.C. 26/04/2012 y 11/10/2012.
[9] Convenio COMECYT – PROACCESO ECO, A.C. 13/02/2013.
[10] Convenio COMECYT – PROACCESO ECO, A.C. 11/03/2015.
[11] Convenio COMECYT – PROACCESO ECO, A.C. 19/03/2015.
[12] Contratos ADE-111/2014 a ADE-133/2014, Gobierno del Estado de México.
[13] Anexo 27, PEF 2010.
[14] Anexo 35, PEF 2011.
[15] Anexo 42, PEF 2012. Convenio CONACYT – PRACCESO ECO, A.C. f101/102/2012.
[16] Anexo 32.11, PEF 2012. Contrato de donación CONACULTA, CNCA/DGA/CD/04503/12.
[17] Anexo 35.4, PEF 2013.
[18] Anexo 19.3, PEF 2014.
[19] Anexo 20.3, PEF 2015.
[20] Contratos por donación SEP – PROACCESO ECO A.C. 29/09/2010 y 29/09/2011.
[21] http://portal2.edomex.gob.mx/edomex/noticias/EDOMEX_NOTICIAS_1431
[22] http://www.alianza.mx/nota.php?nota=793
[23] http://www.gem.gob.mx/medios/w2detalle.aspx?folio=24934
[24] Secretaría de la Función Pública. Oficio CI-SFP.-289/2015, (4/3/2015).
[25] SEP. Oficio sin número, respuesta a la petición de información con número de folio 0001100073015, (26/2/2015).
[26] Licitación número LA-009000937-N7-2014, SCT.
[27] Licitación número LA-009000937-N12-2014, SCT.
[28] http://www.ludens.mx/
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO
AUTOR: ANDRÉS LAJOUS/ PARIS MARTÍNEZ.
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