Y es que, para Ernesto Aroche -periodista especializado en el tema- los sistemas estatales de transparencia y acceso a la información son oscuros y lentos, por eso cada vez es más difícil acceder a la información oficial que detalle las cuentas de los gobiernos en los estados de la República.
Tan solo en Michoacán, el sistema de transparencia y acceso a la información pública del Poder Ejecutivo del Estado es uno de los más oscuros de todo el país.
Está diseñado de tal forma que evita a toda costa el acceso a la información pública. Cuando la respuesta a la información solicitada no fue “información reservada” o se escapa de la aplicación de algún cobro -bajo el argumento de la obtención de copias simples o certificadas- se remite al solicitante a páginas de Internet a las que no se puede accesar.
Al menos así lo deja ver la repuesta que emitió este organismo a un ciudadano que solicitó conocer el monto del erario que se destina a la vida oficial y particular del gobernador Salvador Jara.
La secretaria técnica del Despacho del Gobernador, responsable de la atención a las solicitudes de información, Rosa Lizett García, explicó por escrito que para conocer los registros contables de los ingresos y egresos destinados al mantenimiento de la casa del gobernador es necesario pagar la suma de 800 mil pesos.
Si se desea tener una copia digitalizada de cada uno de los documentos que acrediten lo gastos y la relación de proveedores, contratistas y prestadores de servicios que atienden las necesidades de Jara y su familia, entonces el interesado necesita pagar un millón 300 mil pesos.
De acuerdo a lo que se establece en el oficio número STG/519/2015, de fecha 3 de junio del 2015, el cobro por la información pública solicitada está contemplado en los artículos 1, 2 y 28 Fracción XII Inciso A) de la Ley de Ingresos del Estado de Michoacán para el ejercicio fiscal 2015, publicada el 29 de diciembre del 2014; así como en el artículo 32 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado.
La funcionaria que responde a la solicitud de información además remite a una página de Internet que está fuera de servicio, donde asegura que se encuentra la información solicitada, pero no se puede tener acceso.
El ciudadano que presentó la solicitud de información pública para conocer el gasto que representa el sostenimiento del gobernador de Michoacán fue Luis Manuel Antúnez Oviedo, a quien el sistema de transparencia no le respondió de forma certera ninguna de las 18 preguntas expuestas.
A la mayoría de los cuestionamientos presentados por Antúnez Oviedo, la oficina de Transparencia y Acceso a la Información le respondió: “hago de su conocimiento que la información solicitada es información reservada”.
Más dudas que respuestas
En la solicitud de información registrada con el folio Si-625-2015, el ciudadano Luis Manuel Antúnez Oviedo pidió conocer a cuánto asciende la partida presupuestal para la operación y mantenimiento de la residencia oficial de gobierno.
Se le respondió que dicha información se encuentra contenida en una página electrónica del gobierno estatal, a la que no se puede acceder.
Al solicitar información sobre la bitácora de vuelo de las aeronaves que llegan y salen de la residencia oficial de gobierno, la respuesta oficial fue que esa información se encuentra clasificada como “Información Reservada”. Eso sí, explican que todos los vehículos aéreo y terrestres adscritos al despacho del gobernador se utilizan únicamente para asuntos oficiales.
Otra pregunta sin respuesta, es la que se refiere a conocer quiénes han sido los tripulantes de las aeronaves del gobernador, a lo que la respuesta oficial no deja duda exponiendo que esa información se encuentra clasificada como “Información Reservada” y se remite a la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
A la insistencia del ciudadano que buscó conocer los nombres de quienes han tripulado las aeronaves del gobierno estatal y si esas aeronaves han sido utilizadas por familiares, amigos o particulares cercanos al gobernador Salvador Jara, la respuesta fue invariable y mecánica: se trata de información clasificada. La misma respuesta encontró el ciudadano que solicitó saber las veces que se han utilizado las aeronaves del gobierno estatal.
Gasta Jara a manos llenas
A pesar de que no hay forma de saberlo de manera oficial, fuentes del interior de la tesorería del estado revelan que el gobernador Salvador Jara -igual que lo hicieron en su momento los gobernadores Fausto Vallejo y Jesús Reyna García- cuenta con una partida económica para sus gastos que llega a los 8 millones de pesos mensuales.
Ese recurso es solo para el ejercicio de sus funciones públicas oficiales, en donde no se considera el salario que obtiene por su cargo, el que ronda sobre los 106 mil pesos mensuales, uno de los salarios más altos para un gobernador en el país.
La partida económica de 8 millones de pesos mensuales con los que tiene que vivir el gobernador Salvador Jara se administra vía la secretaría particular del despacho del gobernador, donde se distribuyen los montos en función de los gastos que requieren el gobernador y su familia.
El gasto de la familia del gobernador se aplica a la partida presupuestal de 8 millones de pesos, pese a que existe un fondo mensual de 2 millones de pesos para los gastos extraordinarios y especiales que se pueden presentar entre los miembros del primer círculo del gobernador.
Fuentes de la tesorería del estado revelaron que Jara habrá de concluir su periodo de gobierno disponiendo gran parte de la partida económica que se destinó este año para la atención del jefe del ejecutivo, cuyo monto fue de 54 millones 913 mil 966 pesos.
La primera traba de la transparencia
Los sistemas estatales de transparencia y acceso a la información son oscuros y lentos, esto a causa de los elevados índices de corrupción que las entidades administrativas locales insisten en ocultar. Por eso cada vez es más difícil acceder a la información oficial que detalle las cuentas de los gobiernos en los estados de la república.
Lo anterior fue señalado por el periodista especializado en temas de transparencia, Ernesto Aroche, quien aseguró a Reporte Índigo que pareciera que cada vez los gobiernos estatales se especializan en poner trabas a la entrega de la información solicitada, haciendo –en el mejor de los casos- retardado el proceso.
La principal traba que se registra en los sistemas de acceso a la información y transparencia de los gobiernos estatales, explica el periodista con un dejo de ironía, son los propios gobiernos estatales, los que han creado leyes por demás contradictorias y complejas entorno a los sistemas de transparencia, hasta convertirlos en sistemas oscuros de información.
De hecho, explica, los sistemas de acceso a la información pública se han tornado tan complejos por los gobiernos estatales que no cualquier ciudadano puede acceder a ellos. A veces solo los investigadores, especialistas o periodistas, tras agotar recursos legales de años, pueden hacerse de la información oficial sobre determinados temas.
Es mejor que nada
Por su parte el doctor en derecho Manuel Fuentes Muñiz, promotor de transparencia y defensor de las familias de los mineros muertos en Pasta de Conchos, considera que la propia autoridad está limitando el acceso a la información a la ciudadanía, al aplicar reservas de 10, 15 ó 20 años para hacer pública la información en su poder.
Para el también profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana, el mayor defecto del sistema de transparencia en los estados es la falta de una respuesta oportuna a la ciudadanía, toda vez que en la mayoría de los casos, la entrega de información tarda entre tres a cinco semanas, aunque se puede prolongar más el plazo.
Pero a pesar de lo defectos que existen en el sistema de transparencia y acceso a la información pública, ese mecanismo es aceptable, es mejor que nada. “Porque antes no existía este mecanismo y ahora, aun cuando la propia autoridad ha encontrado la forma de sustraerse a la obligación de informar, está obligada a ello”.
Roberto Ignacio Alonso Muñoz, especialista en transparencia de la Universidad Iberoamericana estimó que la opacidad en los sistemas estatales de transparencia se debe principalmente a que los propios gobiernos locales mantienen el control en los órganos encargados de esa función, haciendo políticas que están más encaminadas a proteger a los sujetos obligados (los que deben informar) frente al derecho de los ciudadanos para conocer la información pública.
Esa situación también se suma al escaso presupuesto que los gobiernos estatales destinan a los órganos de transparencia, donde el menor recurso va al área de difusión del derecho a la información para el grueso de la población, lo que genera que la gente no conozca ese derecho y en consecuencia no lo reclame.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: J. JESÚS LEMUS.
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