Sin embargo, el Observatorio de la Cooperación Internacional México-UE (MEICO, por sus siglas en inglés), una organización de cabildeo integrada por ciudadanos mexicanos y belgas, cuestiona que la Delegación del Parlamento Europeo encargada de las relaciones con el país no haya incluido esa temática en el diálogo que sostendrá con legisladores mexicanos del 7 al 9 de julio en Estrasburgo, Francia, en el marco de la Comisión Parlamentaria Mixta.
“Vemos que en las instituciones de la UE no se le da la importancia que debe tener la discusión de la situación política y de derechos humanos en México. Los europeos son muy tibios a ese respecto y sus discursos se quedan sólo en palabras y buenos augurios”, dice a Apro Pedro Obando, cofundador de MEICO.
Adoptado el pasado 22 de junio por el Consejo de la UE (el organismo donde toman decisiones colectivas los 28 gobiernos nacionales del bloque), el Reporte anual de la UE sobre derechos humanos y democracia en el mundo en 2014 presenta una evaluación sobre México que refleja parte de la crisis que atraviesa el país en ese rubro.
En ese reporte global, y el más importante de la diplomacia común europea, se anuncia que la futura renegociación del Acuerdo Global con México (que aún debe obtener la aprobación del Consejo de la UE para iniciar formalmente) será la primera en su tipo que “incluirá un análisis del impacto sobre los derechos humanos”.
El gobierno de Enrique Peña Nieto ha rehuido hablar del tema, si bien una fuente de la embajada mexicana en Bruselas ha asegurado que en las reuniones informales con los europeos durante la renegociación no ha habido ninguna propuesta de su parte para hacer ajustes en materia de derechos humanos dentro de la relación bilateral.
El mencionado reporte anual de la UE dedica un apartado a su política con México, y de entrada aborda el cúmulo de “graves abusos” que pesan sobre el país:
“En sus relaciones con México –expone el reporte– la UE se concentra en los temas clave que subyacen en los más graves abusos a los derechos humanos: el sistema de justicia penal, incluyendo la impunidad, la tortura, las detenciones arbitrarias, la justicia militar, los derechos al debido proceso y la independencia judicial”.
Menciona igualmente “la violencia de género; las amenazas contra los defensores de derechos humanos y los periodistas; y los derechos de los grupos vulnerables (particularmente de los indígenas y migrantes)”.
El reporte señala que México “sigue enfrentando importantes problemas de seguridad pública y desafíos para el respeto de los derechos humanos, así como en la lucha contra el crimen organizado y la corrupción”.
Inmediatamente después se refiere al caso de la desaparición y “presunto asesinato” de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, el cual “culminó en manifestaciones masivas” que, observa el reporte, “desnudó los profundos problemas de impunidad y corrupción de México y eclipsó los actuales esfuerzos del gobierno federal para centrarse sobre las reformas económicas”.
El gobierno, puntualiza el documento, reaccionó proponiendo un paquete de iniciativas para reformar las fuerzas policiacas y llevar desarrollo económico a los estados más desaventajados.
La UE hace entonces un resumen de algunas de sus acciones más simbólicas para apoyar el combate a las violaciones de los derechos humanos en México. Señala en primer lugar el cuarto Diálogo de Alto Nivel en Derechos Humanos celebrado en Bruselas en marzo pasado (el cual fue encabezado por el Representante Especial de la UE para ese tema, Stavros Lambrinidis), y que, se subraya, incorporó las recomendaciones emanadas del segundo Seminario de las Organizaciones de la Sociedad Civil.
El reporte menciona que, junto con los Estados miembros, la Delegación de la UE en México emitió tres declaraciones locales (a nivel de embajador) durante 2014: en febrero, para condenar el asesinato del periodista Gregorio Jiménez en el estado de Veracruz; en junio, se expresó en relación al asesinato de otro periodista, Jorge Torres Palacios, esta vez en el estado de Guerrero, y en octubre por la desaparición de los 43 jóvenes normalistas de Ayotzinapa y el “asesinato extrajudicial” de 22 civiles en Tlatlaya.
Recuerda así mismo el debate “de urgencia” que tuvo lugar en octubre en el Parlamento Europeo, que adoptó una resolución (no apoyada por su tibieza por dos bancadas: la verde y la izquierda no socialdemócrata) en la que expresó su “preocupación” por la desaparición de los 43 normalistas, y “llamó a incrementar el apoyo de la UE en materia de fortalecimiento de las instituciones del estado y los derechos humanos y la lucha contra el crimen organizado”.
La UE presume que fortaleció su compromiso con las organizaciones no gubernamentales a través del Grupo de Trabajo con la Sociedad Civil sobre Derechos Humanos, el cual se reunió en febrero, mayo y noviembre.
En el documento también se alude la labor de las directrices europeas para la protección de los defensores de los derechos humanos en México. Se expone que representantes de la UE visitaron en 2014 los estados de Chiapas y Chihuahua, en cuyo marco se entrevistaron con “altas autoridades federales” de las secretarías de Relaciones Exteriores y Gobernación y del Instituto Nacional de Migración.
El reporte europeo advierte que “continúa observando de cerca” el caso sin resolver del activista finlandés Jyri Jaakkola, quien fue asesinado en Oaxaca en 2010, junto con la mexicana Bety Cariño, por un grupo paramilitar ligado al PRI estatal. Con ese fondo, la Delegación de la UE y la embajada finlandesa organizaron en junio la visita a México de europarlamentarios, y en noviembre la de los padres de Jaakkola y sus abogados.
La misma evaluación anual enuncia que el gobierno peñanietista aceptó 166 de las 176 recomendaciones que recibió del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, pero indica que su rechazo a eliminar la figura del “arraigo” (“detenciones preventivas sin cargos”) le sigue preocupando a la UE, a pesar de que tales detenciones se hayan reducido.
Finalmente, el reporte registra los progresos de tres programas que “acompañan las prioridades políticas de la UE” y que aplica con México: el Instrumento de Cooperación al Desarrollo, el Instrumento Europeo para la Democracia y los Derechos Humanos, y el Instrumento para Actores No Estatales.
Se cita como ejemplo, bajo este último programa, que en junio la UE lanzó una convocatoria local para recibir proyectos dirigidos a “fortalecer las capacidades y el papel de la sociedad civil como un actor en la promoción, diálogo, monitoreo y evaluación de las políticas y prácticas públicas relacionadas con estrategias nacionales”; además, que permitan “facilitar su participación (la de la sociedad civil) en la implementación y vigilancia” de tales políticas “en las áreas de seguridad pública y el cumplimiento de la ley”.
La decimonovena reunión de la Comisión Parlamentaria Mixta México-UE tendrá lugar entre este 7 y 9 de julio en la sede de Estrasburgo, en Francia, del Parlamento Europeo.
Ese foro, el de la Comisión Parlamentaria Mixta, fue creado en 2005 con la intención de ser un espacio de interlocución entre legisladores mexicanos y sus pares del Parlamento Europeo, pero sobre todo se supone que es un instrumento de control, seguimiento y evaluación de las relaciones entre ambos socios comerciales.
Esta comisión se reúne al menos una vez por año, alternándose la sede entre México y Europa (Bruselas, Estrasburgo o Luxemburgo).
El pasado 25 de junio, la Delegación para México del Parlamento Europeo celebró una reunión preparatoria a tal evento con sus pares mexicanos.
Un día antes, el Observatorio de la Cooperación Internacional México-UE (MEICO) remitió una carta a los miembros de esa delegación europarlamentaria. El motivo: expresar su “preocupación” de que “el tema de la crisis de derechos humanos en México” no fuera un punto dentro de su agenda.
MEICO, cuya base está en Bruselas, nació este año con el objetivo de observar las políticas de derechos humanos de la UE con México, y defender y promover su coherencia. Uno de sus fundadores es el mexicano Pedro Obando, un egresado de la maestría en políticas públicas de la Hertie School of Governance de Berlín, Alemania. Una de las primeras acciones de MEICO fue participar en la planeación de la visita a Bruselas del obispo de Saltillo, Raúl Vera, a principios de este año.
La mencionada carta de MEICO fue destinada en particular a la presidenta de tal delegación, la española Teresa Jiménez-Becerril Barrio (del grupo del Partido Popular Europeo), y al eurodiputado, también de nacionalidad española, Ramón Jáuregui, presidente europeo de la Asamblea Euro-Latinoamericana (Eurolat) y miembro de la bancada socialista del Parlamento Europeo.
En su misiva, MEICO evoca la declaración conjunta de la Séptima Cumbre México-UE celebrada el pasado 12 de junio, cuyo punto número dos, por ejemplo, establece que la asociación bilateral está basada en “valores compartidos” como el respeto de los derechos humanos, el estado de derecho y la democracia.
MEICO refiere también que el Parlamento Europeo “conoce la situación de crisis de derechos humanos en México por diversas expresiones (informaciones) de la comunidad mexicana en Bruselas y por las conclusiones del Tercer Seminario de la Sociedad Civil”, que se llevó a cabo el 16 de abril último en el marco del Quinto Diálogo de Alto Nivel sobre Derechos Humanos.
“Sería pertinente –expone la carta, en poder de Apro–, que ambos Parlamentos, el mexicano y el europeo, dieran seguimiento a lo expresado en dicha declaración y conclusiones de la sociedad civil”.
Continúa: “Dada la gravedad de la crisis, sin ahondar en los números de terror y las pérdidas humanas que son bien conocidas por (ustedes), es importante que el Parlamento (Europeo) siga con mirada crítica lo que se está haciendo en México”.
Ese mismo día, mediante un correo electrónico enviado por su asistente Inma Mateos, la eurodiputada Jiménez-Becerril respondió a MEICO. Aseguró que “el tema de los derechos humanos ha sido tratado siempre en todas las reuniones de la delegación (para México) desde el comienzo de esta legislatura (en junio de 2014)”. Por lo tanto, afirmó, “los mencionados temas han tenido y tienen prioridad en las reuniones de la delegación”.
La eurodiputada española explicó a MEICO que, respecto a la reunión de la Comisión Parlamentaria Mixta México-UE, los temas de derechos humanos “serán tratados transversalmente en varias ponencias”.
De acuerdo con el “proyecto de programa” que obtuvo Apro (una versión del 24 de junio), habrá seis ponencias durante la reunión, algunas de ellas demasiado generales y cortas de tiempo para abordar su contenido.
Estas son: “La situación política y económica en la UE y en México y Acuerdo Global” (una hora y 15 minutos de duración); “Cooperación UE-México en materia de cohesión social” (una hora y 15 minutos); “Estado de las relaciones birregionales UE-Latinoamérica y el Caribe (LAC) (incluyendo recientes eventos clave: la Cumbre de Jefes de Estado UE-LAC, la Cumbre UE-México, las Cumbres Académica, Empresarial, de la Sociedad Civil y de la Asamblea Eurolat)” (una hora y 45 minutos).
También: “Cambio climático/energías renovables” (una hora y 15 minutos); “Cooperación UE-México en materia de enseñanza superior” (una hora y media), y “Participación de la Sociedad Civil en el marco de la Asociación Estratégica UE-México” (dos horas de duración, el último día, de 9 a 11 de la mañana y antes de la clausura de los trabajos).
Para cada uno de los temas hay dos ponentes, uno europeo y otro mexicano. De los 12 ponentes, sólo había tres confirmados, todos del lado europeo.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: MARCO APPEL.
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