El acusado que fue hallado inocente es José Gerardo Puentes Alva, ‘El Gera’ quien lleva preso desde el 4 de abril de 2013 y no enfrenta cargos por ningún otro delito.
Sin embargo, podrá recobrar su libertad hasta que la sentencia quede firme, en un plazo de diez días hábiles si el Ministerio Público no apela el fallo, en caso contrario hasta que un Tribunal de Casación resuelva la inconformidad.
Mientras que por unanimidad el Tribunal determinó que Jesús Hernández Martínez, “El Gordo Maloso”; César Félix Romero Esparza, “El Félix”; Édgar Jesús Regalado Villa, alias “El Piwi”; José Antonio Contreras Terrazas “El Koyac” y Manuel Vital Anguiano “Don Meny” son culpables de los dos ilícitos.
En lo que respecta al delito de trata, las juezas concluyeron que los cinco sentenciados son coautores.
En cuanto al ilícito de homicidio agravado, el Tribunal hizo una diferencia. Indicó que Edgar Jesús Regalado Villa y Jesús Antonio Contreras Terrazas son coautores de los crímenes de Mónica Liliana Delgado Castillo, Jessica Terrazas Ortega y Jazmín Salazar Ponce, como lo clasificó el Ministerio Público al presentar cargos contra los ahora sentenciados.
A estos mismo hombres, el Tribunal consideró que cometieron los asesinatos como un delito emergente, es decir que no hubo un acuerdo para privarlas de la vida que probablemente lo hicieron porque ya no les servían y para que no los delataran, la reclasificación que planteó en los últimos días del juicio la coordinadora de “Justicia para Nuestras Hijas”, Norma Ledezma.
El delito emergente de homicidio, refirió el Tribunal, fue en perjuicio de ocho de las víctimas, María Guadalupe Pérez Montes, Lizbeth Avilés García, Perla Ivonne Aguirre González, Idalí Juache Laguna, Beatriz Alejandra Hernández Trejo, Jesica Leticia Peña García, Deisy Ramírez Muñoz y Andrea Guerrero Venzor.
En cuanto a César Félix, Jesús Hernández Martínez, José Antonio Contreras Terrazas y Manuel Vital Anguiano las juezas señalaron que su participación en los homicidios de todas las víctimas fue como ilícito emergente, no planeado.
La presidenta del Tribunal, Catalina Ruiz Pacheco, explico que una vez conocidas las circunstancias en que desaparecieron las mujeres, se llegó a concluir que fueron levantadas y segregadas de su familia, con fines de explotación sexual.
“Reclutaron a las víctimas con fines de explotación sexual y utilizaron la mecánica referida, consistente en localizar a personas en edades susceptibles, lo que configuró el elemento penal de procurar; y las reclutaron por la fuerza y luego las mantuvieron segregadas de sus familias y someterlas a la prostitución forzada”, indicó.
La juzgadora destacó que la red de tratantes aprovecharon el momento de violencia que se vivía en Ciudad Juárez para secuestrar a mujeres vulnerables, por su edad y nivel socioeconómico.
También se destacó a pesar de que varios testigos únicamente ubicaron en el Hotel Verde a ocho de las 11 víctimas, sujetas a prestar servicio sexual, se debe tener en cuenta que en el arroyo El Navajo se localizaron a los huesos de todas las víctimas –excepto a Mónica Liliana Delgado Castillo, Yazmín Salazar Ponce y Jessica Terrazas Ortega.
Agentes de la Policía Estatal Única, paramédicos de Rescate Municipal así como varios elementos de la Policía Procesal fueron desplegados.
Los primeros estuvieron brindando seguridad en el estacionamiento y cerca de la puerta principal al edificio judicial; los policías procesales se encargaron de acomodar al público en la sala, ante el temor de que hubiera familiares de víctimas e imputados y se registrara algún desencuentro y los rescatistas permanecieron de pie en la sala por si alguien requería asistencia lo que no fue necesario pues el veredicto fue tomado con tranquilidad por los asistentes a la diligencia realizada en la segunda sala de la “Ciudad Judicial” en su mayoría integrantes de organizaciones de la sociedad civil ya que los familiares de las mujeres estaban en una sala privada por su calidad de testigos protegidos.
Este Juicio Oral, marcado como 267/14, inició el pasado 13 de abril, en total al tribunal conformado por las juezas Catalina Ruiz Pacheco, Emma Terán Murillo y Mirna Luz Rocha Pineda le fueron presentadas 159 pruebas.
Unas de las más importantes fue la del menor LJRL, quien identificó a cada uno de los procesados como integrantes de la red que se dedicaba a “levantar” mujeres jóvenes para obligarlas a prostituirse o para vender droga en la zona Centro donde, dijo, operaban miembros de la pandilla “Los Aztecas”.
Ese testigo también indicó que las víctimas eran llevadas inicialmente a una casa de seguridad ubicada en la avenida 16 de Septiembre a unas cuadras de las instalaciones del Distrito Delicias o Centro de la Policía Municipal, donde algunas eran violadas o retenidas para luego moverlas a otros puntos inclusive a la ciudad de Chihuahua o al extranjero, para prostituirlas.
LJRL también evidenció que agentes de las policías Municipal y estatal presuntamente participaron en prostituir a las jóvenes cuyos restos se localizaron en el arroyo El Navajo.
Además de celadores y funcionarios de los dos reclusorios instalados en Ciudad Juárez también son parte de la corrupción que permitió prostituir a las jóvenes con internos de esos centros carcelarios, reveló.
Otro testigo importante que fue tomado por las juezas fue un ciudadano que localizó los primeros restos, que resultaron corresponde a Mónica Liliana Delgado Castillo. Los huesos de ella fueron hallados a la altura del kilómetro 58 de la carretera Juárez-Porvenir en una zona conocida como “Las Placitas”. Identificada inicialmente como FNI 105/11.
Este hallazgo dio pie a la realización de al menos dos rastreos donde se recuperaron los restos no solo de las 11 mujeres que son víctimas en este Juicio Oral sino de al parecer 13 más.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN/CARLOS SÁNCHEZ.
LINK: http://www.sinembargo.mx/19-07-2015/1420029.
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