En vísperas de las 12 elecciones para renovar gobernadores en 2016, el dúo dinámico de Javier Duarte, en Veracruz, y de César Duarte, en Chihuahua, ya impulsaron cambios legislativos con claros ingredientes anticonstitucionales para restringir a los candidatos independientes.
Lo mismo han hecho otros gobernadores como Egidio Torre Cantú, en Tamaulipas, Jorge Herrera Caldera, en Durango, y Mario López Valdez, en Sinaloa, quien llegó en 2010 como aspirante expriista apoyado por el PAN y el PRD.
Otros ensayos de ‘Ley Antibronco’ comienzan a gestarse en Quintana Roo y en Coahuila, donde también los gobernadores emanados del PRI pretenden seguir los pasos de un ensayo lanzado, al parecer, desde las oficinas de la Secretaría de Gobernación federal con miras también a frenar la multiplicación de los candidatos independientes para 2018.
En Chihuahua surgió el primer ensayo. El gobernador César Duarte, aliado de Emilio Gamboa Patrón, coordinador de los senadores del PRI, impulsó en el Congreso local una reforma el pasado 29 de junio que coloca “candados” a los candidatos independientes, como confirmar un mínimo de 3 años sin militar en ningún partido político y conseguir el 3% del listado nominal de electores de la entidad (en lugar del 2% original). La ‘Ley Antibronco’ de Chihuahua también incluyó que los partidos obtengan el 2% de la votación para tener representación en el Congreso local y propone elevar de 33 a 36 el número de diputados cuando los partidos estén sobrerrepresentados en el Congreso.
La ley mayoriteada en el Congreso de Chihuahua generó una inmediata protesta del PAN y de Morena. El primero anunció que acudirán a la Suprema Corte de Justicia para impugnar la sesión que aprobó la ‘Ley Antibronco’. Morena pidió que se realizara una consulta ciudadana y coincidió con el carácter anticonstitucional de la reforma duartista.
En Veracruz, el otro Duarte, más robusto que el norteño, dio la orden a los legisladores locales para aprobar una reforma al Código Electoral para incorporar como criterio para permitir a los candidatos independientes que gocen de “buena fama”.
En el clásico estilo sibilino y rebuscado de gobernar de Duarte, la legislación afirma que se entenderá por “buena fama” la “reputación proba del postulante; es decir, la favorable estimación que se han formado los habitantes donde se verificará la elección para la cual pretenda postularse, generando un correcto prestigio público o un ‘estado de opinión’ (sic) sobre determinados hechos que lo consideran un buen ciudadano”.
Además, el nuevo Código Electoral veracruzano limita el financiamiento que puedan obtener de fuentes privadas a 10% del tope de gastos de campaña de la elección en la que participen, a pesar de que la misma Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación aprobó que un candidato independiente puede recibir de fuentes privadas hasta el equivalente al tope de gastos de campaña.
Estos intentos que amenazan con replicarse en aquellos feudos priistas controlados por gobernadores autoritarios y compulsivos ya han generado reacciones entre especialistas, pero no ante autoridades electorales nacionales y menos ante el Congreso federal.
Sergio Aguayo, politólogo del Colegio de México, consideró como “patético, grosero, ridículo, ofensivo y cínico” lo que están haciendo en Chihuahua y Veracruz. Si ya es difícil ser candidato independiente, “ahora la quieren hacer imposible, porque no quieren ceder nada de la fortaleza que han construido en torno al presupuesto, los cargos y los salarios públicos… Estamos viendo una reacción de terror en los partidos políticos”.
A su vez, Jorge Alcocer, director de la revista ‘Voz y Voto’, especializado en temas electorales, advirtió en su artículo “Exorcismos”, publicado este martes 7 en ‘Reforma’, que “el fantasma de los candidatos independientes pretende ser conjurado mediante exorcismos legislativos que dan por resultado leyes atrabiliarias, escritas para impedir el ejercicio de un derecho constitucional, no para hacer posible su ejercicio”.
Desde antes de la elección del 7 de junio, fue claro que la reforma político-electoral peñista no quiso precisar varios aspectos importantes de los candidatos independientes, sobre todo aquellos relacionados con el acceso a los medios de comunicación, el financiamiento privado y sus límites, y las reglas claras, justas y parejas.
La clase política menospreció los fenómenos estatales, municipales y distritales que se dieron de manera esporádica y diversa en esta elección. El triunfo de ‘El Bronco’ en Nuevo León, así como el de Manuel Clouthier Jr. en Sinaloa como diputado federal, o el de varios alcaldes como el de Morelia, o el de Pedro Kumamoto como diputado local en Jalisco, prendieron los focos rojos.
En lugar de emprender acciones legales para subsanar los vacíos jurídicos y permitir reglas claras más proclives al ejercicio del derecho constitucional de los candidatos independientes, los gobernadores-dinosaurios están ensayando una contrarreforma. Todo hace pensar que cuentan no sólo con el aval sino con el impulso del PRI nacional y de Los Pinos.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JENARO VILLAMIL.
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