Y aunque éstos no tuvieron éxito en ese momento, marcó el inicio de una defensa que se concentró en evitar que el capo del Cártel de Sinaloa fuera enviado a Estados Unidos, en donde se le persigue en siete cortes federales por distintos delitos.
“Desde la detención, la estrategia legal de El Chapo Guzmán se enfocó en prevenir la extradición, quería evitarla a todo costo”, dijo Alejandro Hope, editor de seguridad de El Daily Post.
Pero además del mismo Guzmán Loera, las autoridades mexicanas también se negaron –desde el primer momento– a una extradición. Según Hope, por una cuestión política, pero también por una táctica vinculada a la estrategia de seguridad.
“Desde una óptica política, el actual gobierno ha estado muy enfocado en proyectar la imagen de eficacia, de hacer las cosas bien en México. Enviar al Chapo a Estados Unidos podría ser visto como un tipo de rendición, de que no somos capaces de lidiar con él y entonces se lo enviamos a los estadounidenses. Pero una segunda hipótesis es que existía la preocupación de que una vez en Estados Unidos, el Chapo se iba a convertir en un informante para autoridades estadounidenses, DEA o cualquier otra. Y mucha de esa información no iba a fluir hacia México, que no iban a compartir esa información. Eso ya ha pasado en otros casos como el de Osiel Cárdenas, exlíder del Cártel del Golfo y extraditado en 2007. Se convirtió en informante y casi todo lo que dijo se quedó como información exclusiva para los círculos estadounidenses”.
Joaquín Guzmán se fugó este sábado 11 de julio del penal del Altiplano en el Estado de México, casi un año y medio después de su detención en Mazatlán, Sinaloa.
Esta es la segunda fuga del líder del Cártel de Sinaloa de un penal de máxima seguridad mexicano. En 2001 —con Vicente Fox, del Partido Acción Nacional (PAN), como presidente del país— escapó del penal de Puente Grande en Jalisco.
Su reaprehensión en febrero de 2014 fue catalogada por el gobierno federal y políticos del Partido Revolucionario Institucional (PRI) como uno de los mayores triunfos en materia de seguridad del gobierno de Enrique Peña Nieto.
De hecho, a esa diputa partidista —se fugó con el PAN, lo reaprehendimos con el PRI, dice Hope— también responde la negativa del gobierno mexicano a extraditar al Chapo a Estados Unidos, en donde tiene procesos abiertos en cortes de siete estados: Arizona, California, Texas, Illinois, Florida, Nueva York y New Hampshire.
La secretaria de Justicia estadounidense, Loretta E. Lynch, dijo este domingo sobre el escape que el gobierno de Estados Unidos está listo para trabajar con México para lograr la recaptura del capo y recordó que “además de sus crímenes en México, enfrenta múltiples cargos de tráfico de drogas y crimen organizado en Estados Unidos”.
Mike Vigil, exdirector de operaciones internacionales de la Agencia Antinarcóticos de Estados Unidos (DEA) dijo este domingo al Washington Post que “la fuga del Chapo es extremadamente decepcionante para los Estados Unidos” pues en “48 horas el Chapo estará reasumiendo el control del Cártel de Sinaloa, lo que significa más violencia para México y más drogas en Estados Unidos”.
Amparos contra la extradición
Casi un año después de la detención de Joaquín Guzmán, en enero de 2015, la defensa del capo volvió a interponer dos amparos en contra de la extradición. A finales de ese mes un juez federal le otorgó una suspensión provisional para no ser extraditado tras el argumento de su defensa de que ese proceso sería una violación a sus derechos humanos.
Y aunque el exprocurador general, Jesús Murillo Karam, informó que el gobierno mexicano tenía conocimiento de que a principios de este 2015 el gobierno de Estados Unidos solicitaría formalmente la extradición, esa petición nunca llegó.
Sin embargo, aún antes de que prensa estadounidense manejara la versión de que el gobierno de Barack Obama pediría la extradición del capo, autoridades mexicanas se encargaron de informar a los medios de comunicación de que no había ni la más mínima intención de mandar al Chapo a Estados Unidos.
El mismo Murillo Karam dijo a la agencia AP: “Yo puedo aceptar la extradición, pero en el momento que yo diga. El Chapo se tiene que quedar aquí a cumplir su condena y después lo extradito. Unos 300-400 años después, falta mucho“.
El funcionario priista fue más allá. Añadió que extraditar a un delincuente es “apropiado” cuando existen cuestiones de seguridad que así lo ameriten, como un peligro de fuga, lo cual, dijo, no era el caso para el Chapo.
En Estados Unidos, el líder de Sinaloa enfrenta desde hace más de veinte años procesos por posesión, producción y distribución de droga, lavado de dinero; y más recientemente, en abril de 2012, se le acusó de violar la Ley sobre Organizaciones Corruptas e influidas por la Extorsión (The Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act, en inglés).
Estos son los procesos abiertos en Estados Unidos en contra de El Chapo:
-Distrito de Arizona. En 1993, Guzmán Loera fue acusado de tráfico de drogas, lavado de dinero y crimen organizado.
-Distrito del Sur de California, en San Diego. Se presentó en 1995 con cuatro cargos por conspiración para la importación de hasta ocho toneladas de cocaína y posesión de esa droga para distribución.
-Distrito Oeste de Texas, en Del Río. Esta demanda es de 2001 por la importación y posesión de narcóticos.
-Distrito Norte de Illinois. División Este. En febrero de 2008 se abrió proceso en contra de Guzmán Loera, Ismael El Mayo Zambada y otros por actividades de tráfico de grandes cantidades de cocaína, “generalmente cargamentos de cientos de kilogramos en una sola vez, así como altas cantidades de heroína desde México y a través de la frontera con Estados Unidos”.
-Distrito Este de Nueva York. Se presentaron en julio de 2009 nueve cargos en contra de El Chapo por ser cabecilla de un grupo criminal que ha contrabandeado 130 mil kilos de cocaína a Estados Unidos.
-Distrito Sur de Florida, en Miami. En noviembre de 2010 en esta corte se demandó a Guzmán Loera por lavado de dinero, conspiración para fabricar y distribuir cocaína.
-Distrito de New Hampshire. En esta región fue demandado en 2011 por conspiración para distribuir y poseer cocaína para su comercialización. El documento indica que el delito comenzó en 2009 y que la intención era distribuir 1,000 o más kilogramos de la droga.
-Distrito Oeste de Texas. Una demanda con catorce cargos fue presentada en abril de 2012 en contra de “la empresa del Cártel de Sinaloa” liderada por Guzmán Loera e Ismael Zambada. Según el texto legal, esos dos capos dirigen una empresa que busca “el enriquecimiento de sus miembros e integrantes asociados a través de actividades de conspiración para la importación y distribución de sustancias ilegales; lavado de dinero, tráfico de armas y la comisión de asesinato”, por lo que violan The Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: TANIA L. MONTALVO.
No hay comentarios:
Publicar un comentario