Tan solo para 2015, se destinaron 16 mil 991 millones de pesos a la administración del sistema federal penitenciario; esto es tres veces más de lo invertido en la Gendarmería Nacional y 16 veces más que el presupuesto de subsidios para la implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Penal.
Este presupuesto se destina a los 17 centros penitenciarios dependientes del gobierno federal y a la población del fuero federal (49 mil 311 reos), de acuerdo con información del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, dependiente de la Comisión Nacional de Seguridad.
En el gobierno de Enrique Peña Nieto se registró un incremento de 137% en este rubro con respecto al último año de la administración de Felipe Calderón, pues mientras en 2012 el presupuesto ascendió a 6 mil 715 millones de pesos, pasó a 16 mil 487 millones de pesos para 2013.
Esto representó 40% del presupuesto del Ramo, pero “la importancia de este programa dentro del presupuesto es resultado de la expansión que en años recientes ha observado la capacidad instalada del Sistema Penitenciario Federal”, se explica en un análisis presupuestal de la Cámara de Diputados.
En tanto, para 2014, el presupuesto ascendió a 16 mil 953 millones de pesos .
El Altiplano, el lugar de la fuga
De acuerdo con la información del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, en el país existen 17 penales federales, uno de ellos es el Centro Federal de Readaptación Social No. 1 “El Altiplano”, ubicado en el Estado de México, considerado de máxima seguridad y de donde se fugó el sábado Joaquín Guzmán, alias el Chapo, líder del cártel de Sinaloa.
Hasta el reporte de abril de 2015, en dicho penal existía una población de mil 74 internos, lo que significaba una sobrepoblación de 238 personas, toda vez que su capacidad es para 836 reos.
En un informe de la Secretaría de Seguridad Pública, se describía al penal como de máxima seguridad porque “existen sistemas y equipos electromecánicos y electrónicos como: circuito cerrado de televisión, control de accesos, alarmas , detectores de metal, drogas y explosivos, radiocomunicación, voz y datos, sensores de presencia, y telefonía entre otros, para apoyar a los elementos de seguridad a brindar el control estricto de la institución”.
Está ubicado aproximadamente a 25 kilómetros de la ciudad de Toluca, con una extensión de 260,000 metros cuadrados de los cuales 27,900 componen las instalaciones de la prisión y el resto se utiliza como área de seguridad, y para las instalaciones diversas como son el centro de apoyo a la seguridad y guarda, rondín perimetral, sala de espera y estacionamientos.
Solicitud de los planos a través de transparencia
En mayo pasado, un ciudadano solicitó los planos de las instalaciones de “El Altiplano”, a través del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Sin embargo, le fue negado por considerarse información “reservada”, según la respuesta del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social en junio de 2014.
En la respuesta se explicaba que de entregar los planos existía el “daño probable” de “menoscabar o dificultar las estrategias contra la evasión de reos”, también porque podría “obstaculizar o bloquear actividades de inteligencia y contrainteligencia para “mantener el orden, la disciplina y la seguridad del Centro Federal de Readaptación Social; menoscabar o dificultar las estrategias o acciones contra la delincuencia organizada”.
El “daño específico”, según los argumentos para no entregar los planos de “El Altiplano” era que “cualquier persona, incluidas las pertenecientes a grupos delictivos, acceda a la información estratégica del Centro, como es la ubicación de instalaciones de seguridad, médicas, de internamiento, administrativas, de guardia y custodia, de servicios, lo que origina una afectación en las tareas de inteligencia del Centro Federal”.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: NAYELI ROLDÁN.
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