La instrucción del organismo, que debe ser atendida a más tardar en tres días, responde a una solicitud de medidas cautelares promovida por el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), tras la presentación de su informe “Tlatlaya, a un año: La orden fue abatir”.
En un comunicado el Centro Prodh informó que a través de la Segunda Visitaduría General, la CNDH pidió “respetuosamente” a la Sedena que “en caso de que existieran documentos u órdenes vigentes en los que se utilizan términos como ‘abatir’ u otro similar, sin precisar sus significados y alcances específicos (…) se revoquen o sean modificados en las partes conducentes a efecto de evitar ambigüedades en su acatamiento”.
La organización detalló que la resolución de la CNDH sobre las medidas cautelares está identificada con el número de oficio V2/49544, y está dirigida al director general de Derechos Humanos de la Sedena, a quien se le pide informar “el alcance, términos, carácter vinculante y vigencia” de instrucciones como las reflejadas en la Orden General de Operaciones y la Orden de Relevo y Designación de Mando, de fecha 11 de junio, documentos revelados en el informe del Centro Prodh sobre el caso Tlatlaya.
En esos documentos, se ordena a oficiales y a tropa, actuar en “horas de oscuridad” para “abatir delincuentes”, instrucciones que presuntamente se siguieron la madrugada del 30 de junio de 2014, cuando fueron “abatidos” 22 personas, 21 hombres y una menor de edad.
La CNDH pidió a la Sedena que informe sobre órdenes de similar naturaleza contenidas en oficios dirigidos a sus oficiales para que sean ejecutadas por tropas del Ejército.
“Es ilustrativo que para la CNDH, cualquier directriz ordenada mediante el uso de lenguaje poco claro no previene violaciones a derechos humanos ni garantiza la seguridad jurídica de las personas”, apuntó el Centro Prodh.
La organización que representa a una de las sobrevivientes de la masacre, puntualizó que de atenderse puntualmente el oficio de la CNDH se “abonará a la transparencia y rendición por parte de la instrucción castrense, cuya responsabilidad conforme a la cadena de mando debe investigarse”.
En su reciente edición, en circulación, el semanario Proceso, publica que, de acuerdo con un documento confidencial obtenido por el Centro Prodh, los militares que ejecutaron a 22 personas en Tlatlaya en junio del año pasado, actuaron obedeciendo órdenes de “las más altas esferas”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GLORIA LETICIA DÍAZ.
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