Al igual que todas las universidades publicas del país, la Universidad Veracruzana (UV) pasa por el mismo proceso de “empobrecimiento” con el propósito de abrir el camino a la privatización total de la educación superior.
Y una de sus vertientes en este caso es mantenerla bajo la sujeción del estado a fin de hacerla absolutamente dependiente y sin darle la oportunidad de convertirse en una institución autónoma.
Año con año, la institución educativa ve cómo, a pesar de que en teoría hay un aumento en el presupuesto que recibe del gobierno federal y estatal, sus problemas financieros se incrementan; ha sido público que existe un adeudo del gobierno estatal en participaciones que alcanzan los mil 600 millones de pesos y que ha comprometido los planes de expansión y de mejoramiento de la calidad educativa de la institución.
Para intentar paliar esa sobredependencia del gobierno estatal, en los últimos años ha habido intentos porque otorgarle una real autonomía a la institución, sin embargo, estos han quedado en la “congeladora” del Poder Legislativo.
Autonomía, victima de la partidocracia
La iniciativa que plantea el diputado de Movimiento Ciudadano (MC) Cuauhtémoc Pola Estrada para dotar a la UV la facultad de proponer leyes o decretos ante el pleno legislativo se encuentra detenida desde noviembre del año pasado por la decisión de la mayoría priísta.
La rectora Sara Ladrón de Guevara solicitó dos temas centrales al Congreso: recuperar la capacidad de gestión, legislación y que los recursos federales se entreguen directamente a la UV y no a “la licuadora” de la Sefiplan, sin embargo, los legisladores fueron omisos con sus peticiones y ahora las constantes quejas por los adeudos con la planilla universitaria son inevitables.
Apenas ayer académicos e investigadores de distintas facultades realizaron un paro de brazos caídos por el atraso en el pago de dos quincenas por tratarse de coincidir con las vacaciones, así como las prestaciones de servicio médico, gastos funerarios y bonos de productividad.
Al mismo tiempo, la posición de la Universidad con la administración estatal se ha endurecido, pues mediante un comunicado exigió que las agresiones y los incidentes ocurridos con miembros de la UV el pasado 5 de junio se investiguen y se aclaren en términos de ley; no obstante esas tres peticiones continúan pendientes.
En ese sentido, el legislador criticó la falta de voluntad de la Comisión Permanente de Educación para cumplir con la iniciativa de la rectora Sara Ladrón de Guevara para devolverle esa capacidad de legislación que se le quitó, a pesar de ser considerada un órgano constitucional autónomo.
Y es que a la actual administración “no le conviene” que se le otorgue esa potestad, ya que su presupuesto pasa por el filtro de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), “no es una ocurrencia, es una petición para fortalecer su autonomía y su presupuesto”.
Ahora la crisis económica afectó a la magna casa de estudios, ya que se estima que el adeudo asciende a mil 600 millones de pesos, sin embargo Finanzas del estado desconoció “tajantemente” los adeudos de los subsidios federales y estatales de los años 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015, administrados por esta dependencia, según la solicitud de transparencia 00291015, obtenida en la plataforma Infomex-Veracruz publicado en La Jornada Veracruz el 1 julio de 2015.
“Se hace de su conocimiento que este ente (sujeto obligado de dar información) desconoce en qué se basa (sic) la afirmación de tal adeudo, habida cuenta que el Gobierno del Estado emite el estado financiero de la Universidad Veracruzana a través de los informes del Gasto Público”, respondió.
Educación superior será privatizada
El futuro de la educación superior no es muy diferente al de la educación básica, que se encuentra en un proceso de privatización en el intento del gobierno de deslindarse de su responsabilidad de garantizar el derecho a la educación pública.
El investigador del Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores Económicos y Sociales (IIESES), Rafael Arias Hernández, advirtió que hay un intento por destruir el estado de bienestar con el ataque sistemático a la educación pública que pretende, entre otras cosas, reducir el presupuesto y privatizar la educación en todos los niveles en el país.
En ese contexto, la iniciativa para darle la completa autonomía de la UV no sólo corre el riesgo de seguir en “la congeladora” sino de que se reduzca su presupuesto, señaló. “Serían todas las universidades públicas, la situación de las finanzas es muy seria y puede afectar a la educación superior, por eso hay que respaldar de que se fortalezca el apoyo a las universidades presupuestariamente”.
En su intento de paralizar el libre pensamiento al recortar el presupuesto de la enseñanza pública, el gobierno promoverá la resistencia civil, pobreza y el desempleo. “En México y Veracruz, además de pobres, hambrientos y sedientos, si no se atiende el aspecto de educación superior, los ninis que “ni estudian ni trabajan” y los nonos que “no les pagan y no tienen para comer” aumentarán”.
Si bien estimó que el adeudo del gobierno estatal asciende a 100 mil millones de pesos, debe cumplir con el Código Financiero en el articulo 313 y que revele cuál es la deuda total con la Universidad y las demás dependencias.
“Es un trabajo del responsable de las finanzas, de la lavandería de la Contraloría y del órgano de simulación superior decir el tamaño del adeudo, pues es inaceptable que se tenga que pagar lo que se desconoce”.
Agregó que la sociedad es la que debe exigir que se transparente en dónde están las finanzas estatales, así como obligar al servidor público que garantice el bienestar, la seguridad y los derechos humanos de los veracruzanos.
FUENTE: LA JORNADA DE VERACRUZ.
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