En su misiva, escrita un día después de la difusión del reportaje especial, Moís Cherem negó que la infraestructura desarrollada con ese dinero sea patrimonio privado y, por el contrario, aseguró que “la infraestructura educativa (adquirida con los fondos otorgados por el gobierno) es propiedad del sector público, no de Enova o de la Fundación Proacceso”.
Como se informó el pasado 7 de julio a través del reportaje de Animal Político y Nexos, con esos mil 700 millones de pesos, la dupla Enova/Proacceso montó en el Estado de México una cadena privada de escuelas de cómputo, denoninada Red de Innovación y Aprendizaje (RIA), cuyas sucursales cobran sus servicios a la ciudadanía, a pesar de que funcionan enteramente con financiamiento gubernamental.
Según documentación fiscal entregada por la Fundación Proacceso a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, las computadoras con las que funcionan dichas escuelas privadas –y que fueron adquiridas con financiamiento público–, así como “las inversiones relacionadas con las mismas” sí son propiedad de dicho grupo y no del sector público.
Los reportes fiscales de Proacceso indican que el equipo adquirido tiene dos finales: una fracción menor de computadoras se devolverá al gobierno, pero cuando queden obsoletas, mientras que el resto de los equipos se integró al patrimonio formal del grupo privado.
Según los “Estados financieros al 31 de diciembre de 2013″, último documento fiscal generado hasta la fecha por este grupo, “las adquisiciones de equipo e instalaciones referentes a la primera adquisición de 500 computadoras, para los centros denominados Red de Innovación y Aprendizaje, pasarán a ser propiedad del Consejo Mexiquense de Ciencia y Tenología al agotar su vida útil; este criterio no será aplicado a la segunda adquisición de 1,152 computadoras, ni a las 864 computadoras correspondientes a la tercera adquisición, así como a las 1,200 computadoras de la última adquisición, ni a las inversiones relacionadas con las mismas, las cuales fueron adquiridas con recursos provenientes del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y formarán parte del activo fijo de la Fundación”.
A pesar de ello, la circular de Enova afirma que “todos los recursos invertidos en los proyectos han sido destinados a construir infraestructura”, misma que, insiste, es “propiedad del gobierno, no de Enova o de la Fundación Proacceso”.
Por otra parte, los inmuebles en los que operan los centros RIA son alquilados, tal como Moís Cherem reveló en la entrevista realizada para la investigación publicada el 7 de julio, por lo cual, los espacios que estas escuelas privadas ocupan tampoco pueden ser considerados “propiedad del gobierno”.
Junto con la cadena privada de escuelas de cómputo denominada RIA, la dupla Enova/Proacceso también tiene concesionada la construcción y operación de las Bibliotecas Digitales del Estado de México, una cadena de centros digitales –ideada por este mismo grupo privado, aunque se presenta como un proyecto gubernamental–. Estas Bibliotecas Digitales dan atención sin costo a la ciudadanía, aunque Enova/Proacceso sí le cobra por dichos servicios a los gobiernos federal y mexiquense.
Sobre la propiedad de la infraestructura con que operan estas Bibliotecas Digitales, el reporte fiscal 2013 de Proacceso deja ver que ésta tampoco es propiedad del sector público. Por el contrario, se trata de activos que actualmente se consideran propiedad legal de este grupo privado, aunque, eventualmente, dicho equipo podría ser regalado al Instituto Mexiquense de Cultura… en un futuro no especificado.
Textualmente, el reporte fiscal señala: “Al término de la colaboración (con el gobierno del Estado de México), la Fundación transferirá la propiedad del equipamiento de las bibliotecas digitales a favor del Instituto (Mexiquense de Cutura)”. Es decir que, en el presente, dicha infraestructura no pertenecen realmente al sector público.
Evaluaciones
Tal como se reportó el 7 de julio pasado, en las donaciones gubernamentales a este grupo privado han participado tanto autoridades federales, como del Estado de México, y hasta la fecha, ninguna ha auditado el correcto uso de los mil 700 millones de pesos otorgados, ni tampoco si dicha inversión ha generado algún efecto en las comunidades donde Enova/Proacceso han montado sus sucursales.
Al respecto, la circular de Enova asegura que tanto la Red de Innovación y Aprendizaje, como las Bibliotecas Digitales del Estado de México “han sido evaluados y reconocidos por instituciones independientes, a nivel nacional e internacional”.
Entre las entidades que han emitido menciones o reconocimientos a estos proyectos, señala Enova, están la OCDE, el Word Economic Forum, el Banco Interamericano de Desarrollo, las asociaciones privadas B Corporation, Endeavor y Ashoka, la empresa Microsoft, así como la Harvard Kennedy School.
Sin embargo, ninguna de estas instancias es un ente fiscalizador, y las menciones formuladas no representan una evaluación del correcto uso de los fondos, ni del impacto que la donación de mil 700 millones provenientes del presupuesto público ha tenido en la comunidad.
En dos casos, además, los premios han sido otorgados por instancias con las que Enova/Proacceso tienen una relación comercial o, incluso, personal: se trata de el premio educativo otorgado por Microsoft, firma a la que le compran insumos computacionales, y el reconocimiento de Harvard, centro académico que previamente asesoró los proyectos de este grupo privado, tal como reconoció en entrevista Moís Cherem (quien, de hecho, es egresado de dicha universidad).
Además de estos reconocimientos, abundó Enova en su circular, “los proyectos en los que hemos prestado servicios han sido evaluados por expertos independientes, que son designados por el sector público”.
No obstante, los reportes elaborados por el “experto independiente” a que hace referencia Enova tampoco son auditorías financieras ni de resultados, sino ejercicios de “supervisión técnica y financiera del proyecto” que sólo registran el gasto calendarizado de los recursos, sin analizar si ese dinero se invirtió en las condiciones más favorables posibles para el Estado; si las adquisiciones realizadas fueron pagadas a precios competitivos de mercado o, por el contrario, se concedieron sobreprecios a los proveedores; no analizan las condiciones de subcontratación de servicios; y no evalúa la existencia de vicios ocultos tras la entrega de las obras.
Los reportes del experto independiente a que hace referencia Enova tampoco incluyen una evaluación de la calidad de los servicios impartidos y, de hecho, en el rubro de calidad, lo único evaluado es que los instrumentos digitales y la infraestructura construida estén en funcionamiento, nunca evalúa el impacto de los servicios en los usuarios.
Este “experto independiente”, además, en ningún momento evaluó si los centros digitales de Proaaceso/Enova han avanzado o retrocedido en su objetivo expreso, que es reducir la brecha digital en las localidades donde ha montado sus sucursales.
Resultados
La misiva signada por Moís Cherem asegura que la labor de la cadena privada de escuelas conocida como RIA “está enfocada en la inclusión digital, no en la educación formal”, por lo cual, aseguró, mejorar el rendimiento de los niños en materias como matemáticas o español “no es parte de los compromisos del proyecto”.
A pesar de ello, la página oficial de internet de la Red de Innovación y Aprendizaje ofrece a los usuarios un incremento de 7% en sus calificaciones de matemáticas, y de 6% en la materia de español –usando como base la prueba Enlace–. Además, se asegura que cada centro RIA impacta favorablemente en el rendimiento de 10 escuelas públicas, en promedio.
Los resultados de la última prueba Enlace, sin embargo, revelaron que todas las escuelas públicas cercanas a los centros RIA mostraron resultados negativos justo en las materias en las que la RIA ofrece una mejora en la calificación: español y matemáticas.
Sobre estos resultados regresivos en la zona de influencia de los centros RIA, la misiva de Enova sólo señala que “como es normal en evaluaciones de impacto, los datos son mixtos y en algunos casos no son concluyentes”.
Uno más…
En su misiva, Enova también destaca que su relación con la Fundación Proacceso es solamente como “proveedor”, y subraya que incluso existen servicios relacionados con la RIA y las Bibliotecas Digitales “en los que no tenemos participación, como construcción, telecomunicaciones y equipamiento tecnológico”.
No obstante, los reportes generados por el “experto independiente” al que alude la misma circular destacan que la construcción y parte del abastecimiento de insumos técnicos sí son la responsabilidad de Enova, y por lo tanto, cobra por ello.
Tal como revela la foja 280 del “Reporte general Bibliotecas Digitales lote I visita 2″, Enova cobró 95% de los recursos que el gobierno le entregó a Proacceso en 2012 para la construcción de Bibliotecas Digitales, por los conceptos de “obra civil: preparación de terreno, construcción y servicios”, así como “obra eléctrica: proyecto, alimentador y contactos reguladores”.
Sólo por el convenio de ese año –uno de los 30 que han signado con autoridades mexiquenses y federales–, Enova cobró un total de 85 millones de pesos, que salieron del presupuesto gubernamental, sin pasar por ningún proceso de licitación o concurso público.
Cabe destacar que todos los argumentos expuestos por Enova en la circular que dirigió a sus “colaboradores, clientes, aliados y amigos”, fueron también refrendados por la Fundación Proacceso, en una misiva dirigida a la revista Nexos, a manera de réplica tras la publicación del reportaje especial realizado en conjunto con Animal Político.
La carta de Proacceso, de hecho, reproduce de forma literal párrafos completos del texto de Enova, su “aliado” y “proveedor”.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: PARIS MARTÍNEZ.
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