“En el contexto de este caso, el termino abatir significa matar. Abundantes documentos militares usan el término con este preciso sentido… Por lo tanto, hay bases razonables para inferir que la instrucción militar mencionada alienta las ejecuciones extrajudiciales”, consideró AI.
Ericka Guevara-Rosas, directora para las Américas del organismo internacional, señaló que “la orden militar ha salido a la luz en medio de la más grave crisis de derechos humanos en la historia reciente de México, que ha resultado en miles de personas muertas o desaparecidas”.
Por ello, señaló que es fundamental que el presidente Enrique Peña Nieto públicamente condene esta acción y “haga un compromiso público con los derechos humanos por la vía de ordenar una inmediata investigación independiente y a fondo por las autoridades civiles, en la manera en que las fuerzas armadas están implementando las políticas de seguridad del gobierno”.
Amnistía Internacional afirmó que las investigaciones debe incluir a los mandos militares “u otros con responsabilidad -mismas- que sabían o debían haber sabido que las fuerzas militares estaban cometiendo o estaban a punto de cometer esos crímenes y que no tomaron medidas para prevenirlo o impedirlo ni para someter el asunto ante las autoridades civiles competentes para su investigación y enjuiciamiento”.
Resaltó que por años, ha documentado otros casos en donde las fuerzas armadas de México se involucraron en ejecuciones extrajudiciales de civiles, desapariciones forzadas, tortura, detenciones arbitrarias, crímenes de violencia sexual y otros crímenes contemplados por las leyes internacionales y los derechos humanos.
“El gobierno mexicano lo mismo ha negado cualquier involucramiento en esos crímenes que ha optado por describirlos como casos aislados, llevados a cabo por individuos actuando por sí mismos”.
Sin embargo, la reciente revelación “arroja serias dudas sobre esta argumentación y debe obligar a las autoridades civiles a lanzar una seria investigación sobre las estrategias, acciones y políticas militares”.
Además, sostuvo, el gobierno mexicano debe garantizar que cualquier otra orden similar vigente sea cancelada y “debe detener inmediatamente las funciones policiacas que está llevando a cabo el Ejército, como detenciones, investigaciones e interrogatorios”.
El 11 de junio de 2014, el 102 Batallón de Infantería emitió una orden militar que dice: “Las tropas deben operar primordialmente durante la noche y reducir su actividad durante el día, para abatir criminales en la oscuridad, ya que la mayoría de los crímenes suceden a esas horas”.
Esta orden, de acuerdo con organizaciones no gubernamentales, fue la base para la operación de unidades militares en el área específica de Tlatlaya cuando la matanza ocurrió. Después de la operación del 30 de junio, los soldados reportaron que habían “abatido” a 22 criminales.
FUENTE: LA JORNADA/Dpa.
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