La medida cautelar fue otorgada dentro de dos juicios de amparo, uno de ellos el 1083/2015, para que las autoridades responsables, sin perjuicio de que continúen con el proceso de evaluación, se abstengan de dictar la resolución hasta en tanto se resuelva sobre la suspensión definitiva de los actos reclamados.
De acuerdo con Díaz Torrejón, los quejosos argumentaron en sus respectivas demandas de garantías la falta de emplazamiento por parte de las autoridades responsables al procedimiento administrativo mediante el que se pretende evaluar su permanencia como docentes, así como la falta de información, capacitación y acompañamiento en el proceso administrativo de evaluación en el servicio profesional docente.
Mediante un acuerdo firmado por la secretaria del juzgado, Verónica Farías Contreras, la instancia judicial pidió a las autoridades responsables rendir su informe previo en un plazo de 48 horas, “en el que se concretarán a expresar si son o no ciertos los actos reclamados que se les atribuyen, podrán expresar las razones que estimen pertinentes sobre la procedencia o improcedencia de la suspensión y deberán proporcionar los datos que tengan a su alcance y que permitan a este juzgador establecer el monto de las garantías correspondientes”.
La decisión sobre la suspensión definitiva será tomada después de la audiencia incidental, para determinar si el asunto debe permanecer en la situación en que se encuentra hasta que se emita la sentencia sobre el juicio de amparo.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PEDRO ZAMORA BRISEÑO.
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