La Fiscalía, señaló, que en torno a las actuaciones de los hechos, se harán llegar a la PGR.
La PGJE detalló que el expediente del caso constan pruebas periciales especializadas en medicina forense, criminalística, balística, química, incendios y explosivos; dactiloscopía, planimetría, mecánica de hechos, genética, fotografía, inspección ocular, ingeniería y reconstrucción de hechos.
“Con este acuerdo de incompetencia, será el Ministerio Público de la Federación quien continuará con la investigación en el marco de sus atribuciones y facultades”, concluyó la dependencia estatal.
Apenas el pasado 15 de julio se entregó el penúltimo de los 42 cuerpos a sus familiares; se trata de Juan Ávalos Martínez de 47 años de edad, originario del municipio de Tala, Jalisco, informaron funcionarios de la dependencia estatal.
A pesar de que ya dieron por concluidas las actuaciones en el ámbito del fuero común, todavía queda un cuerpo sin reclamar y que no ha sido identificado.
Se trata de una persona del sexo masculino de entre 40 y 45 años de edad, tez morena, cara ovalada y cabello castaño semiondulado, además, de que trae tatuajes en gran parte de cuerpo; uno de ellos en el cuello, con las iniciales del grupo delictivo Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), motivo por el cual las autoridades, aducen que es lo que ha impedido a que se acerquen sus familiares.
“Seguramente tienen temor a ser cuestionados o investigados a la hora de reclamar el cuerpo; eso los ha de haber detenido”, dijo la fuente consultada por Animal Político, quién además agregó, que de acuerdo a la ley, el cuerpo no podrá estar más de cinco meses en la morgue, por lo que el plazo se cumple el próximo 22 de octubre.
Los 42 civiles -presuntamente armados- que murieron al interior de ese predio de 112 hectáreas, ubicado a 40 kilómetros de la ciudad de Zamora, han sido relacionados por las autoridades federales como integrantes del Cartel Nueva Generación (CJNG), que se ha extendido a Michoacán, Colima, Guanajuato y recientemente al Distrito Federal.
Al menos 39 de los muertos a tiros, eran originarios de Ocotlán, Jalisco, uno del municipio de Tala y los otros dos de Michoacán, de los cuáles, uno de ellos, Antonio Gutiérrez Quiroz, de 46 años de edad y nacido en el municipio de Uruapan, tenía apenas unas semanas de haber abandonado el penal de Ario de Rosales, luego de purgar una condena de 15 años por el delito de secuestro.
Asimismo, la PGJE, detalló, que César Vicente, de Ocotlán, estuvo recluido en el penal de Puente Grande Jalisco, por acopio de armas; Héctor de Jesús Arana de 19 años, estuvo en el tutelar de menores en la ciudad de Guadalajara, por Robo con Violencia; y, José Manuel Aguilar, fue detenido mese antes por delitos del fuero federal y encarcelado en Ciudad Guzmán, Jalisco. Todos ellos murieron al interior del Rancho del Sol.
Los hechos ocurrieron en las primeras horas del viernes 22 de mayo, sobre el kilómetro 370 de la Autopista de Occidente México-Guadalajara, entre los límites de los municipios de Tanhuato y Ecuandureo, en la zona colindante con el estado de Jalisco, donde también perdió la vida un elemento de la Policía Federal.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: CARLOS ARRIETA.
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