El inculpado solicitó la libertad bajo caución (fianza), no obstante le fue denegada por la autoridad judicial.
Debido a que la defensa del también diputado federal electo solicitó la ampliación del plazo constitucional para presentar las pruebas que acrediten su inocencia, será durante una audiencia que se celebrará este martes 25 agosto cuando se determine la situación jurídica de Sánchez Guevara.
En tanto, Fernando Baz Ferreira, titular del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM), aclaró que la investigación por presunto peculado no sólo implica a David Sánchez, sino además a otros funcionarios como el tesorero, síndicos y al menos un director de área.
“Son los que dice la ley: presidente, tesorero, síndico y el director del área que corresponda”, explicó.
La vista al Ministerio Público, precisó, responde a revisiones cotidianas y por denuncias realizadas al ejercicio fiscal 2014.
Independientemente de las responsabilidades penales que detecte la Procuraduría estatal, comentó Baz Ferreira, los presuntos responsables deben resarcir el daño y pagar al ayuntamiento los posibles perjuicios al erario.
El auditor rechazó precisar el monto del presunto peculado, bajo el argumento de la necesidad jurídica de guardar sigilo.
Mientras, Victorino Barrios, contralor del Poder Legislativo del Estado de México, indicó que la dependencia a su cargo suma, de 2013 a la fecha, 25 quejas y denuncias en contra del expresidente municipal por diferentes motivos, como la colocación de parquímetros, su viaje al Mundial de Futbol de Brasil, y presuntas irregularidades en el organismo de agua.
Por anomalías como éstas, aseguró, la Junta de Coordinación Política aprobó algunas sanciones al diputado federal electo, consistentes fundamentalmente en amonestaciones que, sin embargo, fueron recurridas y están en espera de ser resueltas en definitiva.
Por su parte, el diputado local Octavio Martínez, integrante de la Comisión de Planeación y Gasto Público en el Congreso mexiquense, advirtió la necesidad de que sean sancionados también otros alcaldes a los que se atribuye mal uso de recursos públicos.
De otra manera, destacó, quedará claro que la sanción a David Sánchez responde no a la necesidad de hacer justicia y de que no se malverse el erario, sino al ajuste de cuentas porque se presume que apoyó la campaña del PAN, o a la necesidad de crear cortinas de humo para cubrir temas como la exoneración del presidente Enrique Peña Nieto, su esposa y de Luis Videgaray, secretario de Hacienda, por la Casa Blanca.
“Para que no haya lugar a dudas, también debe sancionarse a Pablo Bedolla, a quien la Auditoría Superior de la Federación (ASF) observó 83 millones de pesos en recursos federales, 80 de ellos pendientes por recuperar, como resultado de la revisión de la Cuenta Pública 2013”, indicó.
Incluso, destacó, deben fincarse responsabilidades a presidentes municipales de administraciones anteriores, como Azucena Olivares, también de Naucalpan y quien heredó a David Sánchez funcionarios implicados con el manejo de las finanzas municipales.
El abanico de investigaciones, consideró, debe abarcar además todas las fuerzas políticas para que no haya margen de impunidad, como a José Luis Gutiérrez Cureño, exalcalde de Ecatepec, ahora afiliado al Partido del Trabajo (PT), y a quien el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM) acusó del presunto desvío de más de 403 millones de pesos durante su gestión 2006-2009, que le fueron notificados en 2011 para ser solventados y resarcidos, pero se presume fue exonerado después de que en la pasada elección no apoyó al PRD.
Adicionalmente, expuso, es necesario aprobar el desafuero, como una figura promovida por el sol azteca desde el inicio de la LVIII Legislatura local, para que no haya protección en este tipo de casos.
“Ojalá en periodo extraordinario se desahogue y se ponga en ejemplo nacional para que ningún alcalde se ampare en esta figura”, indicó.
Martínez Vargas llamó a que el juicio en contra de Sánchez Guevara sea el inicio de la sanción a una serie de excesos e irregularidades cometidas en el servicio público al amparo del artículo 115 constitucional.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: VENERANDA MENDOZA.
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