“Rechazamos rotundamente la aplicación de este proyecto de tecnificación que pretende otorgar una concesión a una empresa privada para que ésta se encargue del manejo, distribución, administración y cobro del servicio de riego para siembra, que hasta hoy administra la mesa directiva”, destacaron los campesinos.
Pedro y Ricardo Luna, Marcelino y Emeterio Alcántara, Alejandro Vázquez y Francisco Oporto, integrantes de la comisión, denunciaron que nunca fueron convocados a asamblea general, como lo dictan los estatutos, para tomar la decisión de concesionar el afluente a 30 años, como ahora se pretende.
“La empresa VALSI actuó por órdenes de Conagua, sin autorización de nuestra comunidad ejidal; en meses pasados se dedicó a hacer un levantamiento topográfico que afecta predios ejidales, sin autorización de los propietarios”, señalaron.
Cuando se ha solicitado información a Conagua y VALSI, refirieron, sólo proporcionan datos opacos y versiones contradictorias.
Por esta razón, advirtieron su negativa a cualquier negociación sin que antes se realice la renovación de la mesa directiva del distrito de riego 044, cuyos integrantes se mantienen en el cargo desde hace siete años –a pesar de que debe renovarse cada trienio–, quienes “de manera disfrazada buscan despojarnos de nuestra agua y canalizarla a las industrias, ya que este proyecto no está enfocado al campo” y toman decisiones unilaterales sin el consentimiento de los ejidatarios.
Los afectados acusaron falsificación de firmas para respaldar la aprobación del proyecto, pues ningún asociado manifestó testimonialmente su acuerdo.
Francisco Oporto Pedraza indicó que existen tres hipótesis en la intención de privatización, que no han podido constatarse por la ausencia de transparencia de las autoridades y empresa involucradas.
La primera versión refiere que pretenden vender el agua al estado de Hidalgo, la segunda dice que la quieren llevar a una ciudad modelo, y la tercera que la van a dirigir a la construcción de una fábrica Trupper.
En todos los casos, expuso, afectan 7 mil hectáreas de los agricultores y ganaderos de la demarcación, quienes se verían obligados a costear hasta 20% del proyecto, a través de cuotas de riego.
“Los campesinos de Jilotepec estamos en contra de dicha privatización, pues no hemos tenido respuesta de ninguna dependencia a nuestro reclamo. Hacemos un llamado urgente a las autoridades competentes para evitar el daño ambiental y social irreversible e inminente, ser escuchados y tratados como iguales en este tema. Solicitamos se reconozca el valor de la fuerza de las mayorías”, dijeron.
En lugar de este “atropello”, solicitaron el revistimiento de canales, medidas para evitar la contaminación de la presa por las industrias y aguas negras, frenar la importación de semillas transgénicas, y mayores, mejores y más eficientes subsidios para el campo.
Las negociaciones para la concesión ocurren cuando ni siquiera se ha aprobado la Ley de Agua a escala nacional para permitir la participación de la iniciativa privada en el servicio de dotación del vital líquido.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: VENERANDA MENDOZA.
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