Al proyecto se le hacen cinco grandes cuestionamientos: si realmente es la mejor solución para garantizar el abasto de agua del área metropolitana de Monterrey; el impacto ambiental que generará la solución del acueducto en la zona donde se extraerá el líquido, es decir la cuenca del río Pánuco y sus alrededores; la pertinencia del modelo de financiamiento adoptado, que lleva el costo de la obra a 62 mil millones de pesos pagaderos en 27 años; la falta de transparencia en la asignación del contrato a un consorcio donde el contratista favorito del presidente tiene una participación de 37%; y desde luego, la falta de recursos del gobierno estatal para poner su parte.
Hasta hoy nada se ha avanzado (al menos la ciudadanía no está informada de algún avance) en ninguno de los primeros cuatro cuestionamientos, los principales para tomar la decisión de continuar o no con el proyecto. El único que se puso sobre la mesa en la reunión entre Peña Nieto y Rodríguez fue el último. Y desde luego, el titular del Ejecutivo federal estuvo dispuesto a revisar los porcentajes de participación del estado y la federación para asegurar que se le mantenga el contrato al Grupo Higa; para ellos sí hay dinero y el gobierno federal verá de dónde obtiene recursos.
En realidad éste debía ser el último punto a revisar. Primero hay que hacer una revisión técnico-financiera para estar ciertos de que es la mejor opción; es decir, saber si solucionará de la mejor forma el abasto de agua para el área metropolitana de Monterrey (en volumen y tiempo) y al menor costo posible.
En caso de determinarse que efectivamente lo es, debería hacerse el estudio de impacto ambiental y estar seguros de no provocar una catástrofe cuyos efectos negativos serán mayores que los probables beneficios de su realización.
Si se resuelven los dos primeros cuestionamientos favorablemente para el proyecto, hay que revisar el modelo financiero, pues es un hecho que se trata del más costoso; es decir, dado que es el particular quien financia la inversión, el gobierno termina pagando un diferencial muy alto en relación con el valor real de la obra. La gran ventaja es que no aparece en los pasivos del balance del gobierno del estado, pero a un costo elevadísimo; sin embargo, dado el alto endeudamiento del gobierno estatal, probablemente sea la única opción.
Suponiendo, sin conceder, que se salvan los primeros tres puntos, debe revisarse con lupa el proceso de licitación de la obra, pues los escándalos de corrupción y conflicto de interés en los gobiernos federal y estatal (en este caso están involucrados los dos, además del contratista favorito de Peña Nieto) hacen que al menos en este caso haya que partir de la base de que el proceso estuvo amañado para asignárselo a la propuesta en la cual participaba el ingeniero Juan Armando Hinojosa y, obviamente, eso implicó un alto sobreprecio de la obra, por la necesidad de cubrir todas las comisiones (o utilidades, si Peña Nieto y sus principales funcionarios son socios) a repartir.
Sólo entonces –cuando se haya resuelto que sí es la mejor opción, que el impacto ambiental no es mayor, que la asociación público-privada es la mejor opción y que el procedimiento de adjudicación fue pulcro– la preocupación debe ser de dónde obtener los 11 mil millones de pesos que el gobierno estatal tiene que aportar para la obra.
Si la respuesta es negativa en los primeros dos cuestionamientos, hay que suspender la obra; si lo es en el tercero, hay que cancelar el actual contrato –cuyo costo de cancelación por cierto es de únicamente 14 millones de pesos–, diseñar un nuevo modelo financiero y convocar a una nueva licitación con esas nuevas bases.
Si se detectan irregularidades en el proceso de licitación, hay que cancelar el contrato sin pagar indemnización e iniciar los procedimientos sancionatorios (económicos, administrativos y penales) que correspondan. Y desde luego, convocar a una nueva licitación, ahora sí con todas las garantías.
Los antecedentes hacen que en esta licitación, como en otras de los gobiernos estatal y federal, deba asumirse la presunción de culpabilidad hasta demostrarse que son inocentes y la licitación fue pulcra, pues transparente ya no fue.
Antes de replantear el tema financiero ante el titular de Hacienda, Luis Videgaray, Rodríguez tiene que responder a los primeros cuatro cuestionamientos: los primeros dos son determinantes para sostener o cancelar el proyecto; y los otros dos, para mantener o cancelar el contrato y convocar a una nueva licitación.
Y la respuesta debe ser a la ciudadanía nuevoleonesa, que es a la cual se le tiene que rendir cuentas porque fue la que lo eligió. No se trata de poner a votación una decisión que implica conocimientos científicos y técnicos especializados, y labores de auditoría rigurosos y acuciosos; pero sí de transparentar los resultados de todos estos ejercicios y, en función de ello, explicar exhaustivamente las acciones que se emprenderán.
En la reunión con el presidente, simplemente le debió haber informado que se realizarían los estudios y auditorías pertinentes antes de tomar la decisión, y mientras tanto el proyecto estaría congelado. El problema del financiamiento ni siquiera debió incluirse, y si fue Peña Nieto quien lo colocó, habría otro motivo más para sospechar de su colusión.
Antes de tomar posesión, Rodríguez tiene su primera gran prueba, y cómo la resuelva puede marcar el destino de su gobierno.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JESÚS CANTÚ.
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