“Los peritos ocultaron información y apresuraron conclusiones, esto atenta contra los principios que rigen la labor de las instituciones que procuran justicia, principios como honestidad y apego a la verdad, profesionalismo, imparcialidad y legalidad. Resultado de esta ineficacia y falta de autonomía es la necesidad de realizar exámenes forenses post mortem, con la conducente revictimización de una familia golpeada por la represión de Estado“, señalaron sobre el trabajo realizado por la Fiscalía del Estado de Guerrero.
Ante ello, manifestaron que “es necesaria una nueva autopsia y para ello la exhumación del cuerpo de Julio César Mondragón Fontes. Queremos poner fin a la especulación, a las preguntas sin respuesta o respuesta parcial y malamente respondidas”, pero en lugar de que se encarguen peritos locales, que sean los argentinos.
“La falta de ética y profesionalismo de los peritos cuyos dictámenes forenses están contenidos en el expediente de Julio César Mondragón Fontes son muestra clara de la nula voluntad que desde el principio han tenido las autoridades de Guerrero para resolver las ejecuciones extrajudiciales, lesiones, desaparición forzada y tortura cometidas por agentes del Estado Mexicano”, sostuvieron.
Para los familiares, la Fiscalía de Guerrero ha fallado en investigar conforme a derecho los hechos del 26 de septiembre en Iguala, Guerrero; la Procuraduría General de la República (PGR) por su parte, no atrajo el caso de Julio César Mondragón Fontes, “a pesar de las graves irregularidades que ya hemos denunciado y que desde el primer momento lo solicitamos”.
“Ha sido tal el desaseo en la investigación que hoy, con los datos contenidos en el expediente, no es posible establecer la causa de muerte de Julio César Mondragón Fontes“, sostuvieron.
“Por estas razones hemos solicitado al Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) que nos asista para obtener una opinión fundamentada, con los elementos que la ciencia y la técnica pueden permitir para esclarecer la verdad a casi un año de lo sucedido. Nuestra confianza y nuestras esperanzas se encuentran en el trabajo del EAAF”, indicaron los familiares del normalista de Ayotzinapa.
Para lograr ese objetivo, solicitaron a la autoridad judicial del fuero común en Iguala, a la Fiscalía General del Estado de Guerrero y a la Procuraduría General de la República que permitan y faciliten que los especialistas forenses independientes puedan trabajar “sin obstáculos, con los mecanismos adecuados que salvaguarden su participación en la cadena de custodia del material extraído y que impidan la contaminación de muestras, la pérdida de pruebas o fallas en la manipulación de los restos”.
Reconocieron que la “operación de re-autopsia es difícil y compleja, por lo que también solicitamos sean proporcionadas las instalaciones e instrumentos idóneos para su realización”.
Confiaron en que al fin se pueda identificar el número de personas que participaron en su ejecución y contribuya como prueba jurídica al enjuiciamiento de los responsables materiales e intelectuales del crimen.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
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