Peor aún, tampoco ha puesto en marcha diligencias ministeriales que den con el paradero de los responsables, presuntamente policías estatales vestidos de civil, recriminaron colectivos sociales con los que simpatizaba la integrante del Movimiento 132, Nadia Vera, y el fotoperiodista de Proceso y Cuartoscuro, Rubén Espinosa.
En rueda de prensa, señalaron que a partir del ataque ocurrido el 5 de junio –dos días antes de las elecciones federales–, las amenazas, hostigamiento, represión y monitoreo de estudiantes, activistas y periodistas, por parte del aparato de gobierno, se recrudeció hasta orillar al exilio, por separado, de Vera y Espinosa.
Integrantes de la Alianza Nacional Contra el Fracking, de la Asociación Defensora de los Derechos Humanos “Decide”, Comité Universitario 5 de Junio, La Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental (Lavida) y del colectivo independiente Voz Alterna recriminaron que el ataque a los estudiantes, precedido de otras agresiones de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) hacia periodistas y activistas en 2012 y 2013, debería de ser el punto de partida para indagar las razones de Espinosa y Vera para huir de Veracruz.
Julián Ramírez, de la Alianza Nacional contra el Fracking, reparó en que dos meses después de la agresión a los estudiantes no exista un solo avance, presentación de presuntos responsables o una línea de investigación concreta para resolver el ataque que dio la vuelta al país entero.
“Hay muchos dichos de saliva de la Fiscalía, pero no sólo de ella, también de la rectoría (de la UV) y de otras autoridades, no quieren agotar ni las declaraciones ni las investigaciones… nosotros hemos presentado pruebas (de la agresión del comando en complicidad con la policía) por voluntad propia y no por llamado de la Fiscalía.
“Ellos, al día de hoy, no tienen nada, ni siquiera el parte informativo policiaco de lo que ocurrió esa noche”, deploró Ramírez.
Edith Escalón lamentó que los asesinatos de Rubén Espinosa y Nadia Vera, así como el ataque a estudiantes del pasado 5 de junio y el reciente secuestro y posterior liberación de dos académicos de la UV, “no son hechos aislados”, pues hay una evidente intención de criminalizar la protesta social, así como de inhibir la inconformidad de diversos sectores con la clase gobernante.
“Hoy estamos desgarrados, pero de pie”, expuso Ignacio, uno de los jóvenes agredidos el 5 de junio, que aún exhibe la frente cosida y hematomas que aún no terminan de desaparecer.
Luego recordó que el primer periodista en acudir al auxilio de los estudiantes atacados fue Rubén Espinosa, quien llegó al área de Urgencias del Centro de Especialidades Médicas (CEM) y posteriormente al pequeño departamento de la calle de Herón Pérez, muy cerca del inmueble del PRI estatal.
“Sus fotografías salieron en diversos medios nacionales e internacionales”, expresó.
Norma Trujillo, reportera de La Jornada Veracruz y representante del Colectivo Voz Alterna, expuso que los “hostigamientos” y “amenazas” de diversas autoridades vienen de años atrás, pues el gobierno de Javier Duarte no ha entendido que el gremio reporteril o activistas sociales únicamente buscan reflejar lo que está pasando en la sociedad.
“En el caso de Rubén insistiremos en que se llegue a dar con el responsable, los verdaderos culpables; el único delito de nuestro compañero Rubén fue cubrir lo que está pasando en nuestro estado”, dijo.
Arma con silenciador de franelero y malabarista
Ramírez delineó algunas interrogantes para la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) y que no quedan del todo claras para los amigos de Nadia Vera y Rubén Espinosa:
“¿Por qué se dice que los hechos fueron entre dos y tres de la tarde y el parte forense afirma que el deceso ocurrió a las nueve de la noche?; ¿qué han aportado de relevante los testigos?; ¿por qué el activismo de Nadia no se contempla como línea de investigación y vulnerabilidad?; ¿Por qué no se toma en cuenta la agresión directa del gobierno de Veracruz a grupos estudiantiles y activistas con los que Nadia y Rubén simpatizaban?; ¿Qué explicación dan a tanta saña hacia las víctimas?
“¿Un arma utilizada por primera vez y con silenciador pudo ser utilizada por un franelero y un malabarista?; ¿Con que afán se filtró información confidencial a los medios de comunicación, pero no se le quiso entregar a los abogados?”
Además: “¿Por qué no se le permitía declarar a los amigos y familiares de las víctimas que querían aportar más información?; ¿Por qué se ha priorizado el móvil del robo y se han minimizado otras líneas de investigación? y ¿Por qué se le permitió recoger sus pertenencias a la testigo clave, alterando así la escena del crimen?”, culminó Julián Ramírez.
Los inconformes pidieron a la PGJDF y a la Fiscalía General del Estado que no olviden que hace dos meses ocho jóvenes y estudiantes de la Facultad de Humanidades fueron atacados con machetes, palos con clavos y bates de beisbol por un grupo de hombres encapuchados, quienes irrumpieron en una vivienda durante la madrugada.
Los hombres encapuchados, recordaron, rompieron vidrios y la puerta de la vivienda con el grito “Ya se los va a cargar la verga, hasta aquí llegaron”. No sólo eso, pues los agresores portaban máscaras de payasos, pasamontañas y paliacates que les cubrían los rostros.
La vivienda quedó con los vidrios rotos, el lavabo y las paredes manchadas de sangre, una bicicleta tirada en el piso y la puerta del baño rota, producto de la agresión.
Desde aquel entonces, estudiantes, activistas sociales y catedráticos de la UV responsabilizaron del ataque al titular de la SSP, Arturo Bermúdez Zurita, y al gobernador priista Javier Duarte de Ochoa, así como de buscar intimidar a los jóvenes universitarios; a partir de ahí, tanto Duarte como la FGE han venido aletargando el resultado de las investigaciones.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: NOÉ ZAVALETA.
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