No obstante, evadió explicar por qué aplicaron el examen para aspirantes a patente notarial de manera extemporánea a dos aspirantes que no cumplieron en tiempo y forma con los requisitos y cuyo único mérito es ser hijos de exfuncionarios y familiares del defenestrado exgobernador Ángel Aguirre Rivero.
“A cheque (Ezequiel), le va a seguir creciendo la nariz por pinochillo y su hermano Erwin, le va a venir a jalar los pies en la noche y le va a decir mentirosillo, mentirosillo, ya te pasaste”, expresó con sorna Ortega, quien de esta forma se mofó del hermano del reportero que falleció en agosto pasado.
Luego, el gobernador afirmó que habló con el director de la revista Proceso, Rafael Rodríguez Castañeda, para pedirle que cuiden lo que se publica en este medio, argumentado que la información sobre el caso de la presunta venta de notarías en Guerrero “afecta y causa por lo menos daño moral”, indicó.
Luego dijo que el que acusa tiene la obligación de demostrar y aseguró que por menos de esto Don Julio Scherer demandó por dos millones de dólares a Pedro Ferriz de Con y mediante su cuenta personal de Twitter anunció que demandará al corresponsal de Proceso.
El miércoles 19, Apro dio a conocer que el gobierno provisional de Rogelio Ortega Martínez habría solicitado el pago de 35 millones de pesos para otorgar siete patentes de notario, de las cuales dos están vacantes y cinco se encuentran concesionadas a jueces de primera instancia que actúan por ministerio de ley.
Además, fuentes oficiales informaron que a través de su personero Victoriano Sánchez Carvajal, subsecretario de Asuntos Jurídicos, el secretario de Gobierno, David Cienfuegos, cobró 20 mil pesos a cada uno de los 30 aspirantes para que de manera previa e irregular tuvieran acceso a los temas del examen que se realizó el pasado viernes 7 para obtener la patente.
La prueba, de la que Apro tiene copia, es uno de los dos filtros para conseguir la patente definitiva que se otorgará en septiembre próximo, antes de que finalice esta administración.
Según las fuentes, de manera extemporánea el gobierno de Ortega aplicó ayer el examen a dos aspirantes que no cumplieron en tiempo y forma con los requisitos y cuyo único mérito es ser hijos de exfuncionarios y familiares del defenestrado exgobernador Ángel Aguirre Rivero.
Se trata de Francisco Aguirre Gutiérrez, sobrino de Aguirre Rivero e hijo del expresidente del Colegio de Notarios, Juan Aguirre Utrilla, y hermano de Ernesto Aguirre, considerado el súper asesor del exmandatario y ejemplo del nepotismo que éste ejerció durante su gobierno.
El otro beneficiado es Francisco Salgado Coronel, hijo de Humberto Salgado Gómez, compadre de Aguirre Rivero, quien se desempeñó como secretario de Gobierno y coordinador de los proyectos emblemáticos de inversión que el exgobernador dejó truncos, como el Acabús y el macrotúnel en Acapulco.
Salgado Coronel fungió como subsecretario de Seguridad Pública, pero renunció tras el escándalo que exhibió el nepotismo de la administración aguirrista.
Los dos juniors presentaron el examen, pese a que no cumplieron con los requisitos de la Ley del Notariado estatal, debido a que no acreditaron el periodo de tres años de laborar por tiempo completo en una notaría y tampoco presentaron certificados de especialización en derecho notarial, ni la carta de antecedentes no penales estatal, ni federal, como tampoco la constancia de no haber sido servidor público por designación del Ejecutivo o electo por elección popular durante los últimos tres años antes de presentar el examen.
El gobierno de Ortega también autorizó que María Antonieta Dávila Montero, esposa del gerente del periódico local ‘Novedades Acapulco’, Mario Bustos, y Jorge Ochoa Estrada, hijo del notario número 3 de Acapulco, Jorge Ochoa, presentaran el examen de manera extemporánea, pero finalmente ninguno de los dos se presentó.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: EZEQUIEL FLORES CONTRERAS.
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