García Luna, al menos formalmente, se fue. Otros siguieron y hasta ascendieron, como Miguel Ángel Mancera, quien de titular de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) se convirtió en el jefe del Gobierno del Distrito Federal (GDF).
Como procurador en la gestión de Marcelo Ebrard, Mancera pasó como un “fabricante” más de culpables, de los tantos que ha tenido México. Lo malo para él es que varios de los casos que “investigó y resolvió” le están estallando como jefe de gobierno.
El revés más reciente en su cuenta fue la liberación de Lorena González Hernández, la policía federal a la que acusó de haber participado, en el 2008, en el secuestro y homicidio de Fernando, el hijo adolescente del empresario deportivo Alejandro Martí.
El 18 de julio pasado, la justicia federal ordenó la libertad de González por falta de pruebas. El entonces procurador del DF la consignó como supuesta integrante de la banda delictiva responsable. Mancera necesitaba culpables para detener la fuerte presión mediática por estar involucrado un influyente empresario y la “sociedad civil” construida al amparo del gobierno calderonista.
Lorena pasó siete años en prisión hasta que un juez determinó que la PGJDF actuó con “insuficiencia probatoria”.
Mes y medio antes de esa liberación, el 30 de mayo, la cadena estadunidense en español Univisión había exhibido otro caso de “fabricación” de culpables durante la gestión del procurador Mancera.
En medio del conflicto político diplomático entre México y Francia por la acusación de secuestro que le enderezó García Luna a Florence Cassez, en enero 2009 fue asesinado en la Ciudad de México el investigador francés Christopher Augur. Fue asaltado luego de retirar dinero del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
A 48 horas del homicidio, Mancera se presentó en el principal noticiario nocturno de Televisa para asegurar que ya había detenido a uno de los culpables. En total, inculpó a cuatro hombres, a los que agentes de la PGJDF detuvieron un día antes de la presentación del procurador en la televisión y los tuvieron durante horas de la noche en un parque cercano a su detención, en el oriente de la ciudad.
Uno de los detenidos era un sacerdote. Mancera dijo que se trataba de una coartada. Al paso del tiempo, los cuatro recuperaron su libertad, también por falta de pruebas. Pero el daño emocional y económico ya estaba hecho.
Está el caso también, ese mismo 2009, de la estudiante de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Mariel Solís Martínez, a quien el procurador Mancera acusó, a partir de un video y de una declaración, de ser cómplice de una banda de asaltantes que asesinó al profesor de la UNAM, Salvador Rodríguez.
La presentó ante los medios como culpable. Pero ante la presión universitaria, Mancera tuvo que liberarla. El procurador argumentó la “duda razonable” a favor de la estudiante.
Con esos antecedentes, su exsecretario particular en la PGJDF y actual procurador Rodolfo Ríos Garza está cargo de uno de los casos judiciales más importantes para el gobierno de Mancera.
El multihomicidio de la colonia Narvarte ha generado también una gran presión mediática por la circunstancia de que dos de las víctimas, el fotorreportero de esta casa editorial, Rubén Espinosa, y la activista Nadia Vera, habían responsabilizado de lo que les pasara al gobierno Veracruz.
La otra circunstancia con la que la propia PGJDF ha manejado el caso mediante filtraciones a la prensa es el origen colombiano de otra de las víctimas. Sin probar nada aún, ha sembrado maliciosamente una implicación a partir de ese mero hecho.
El procurador del DF ya consignó a un exconvicto. Pero la duda razonable ahora pesa contra Mancera.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JORGE CARRASCO ARAIZAGA.
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