Priísta, ambicioso y ejerciendo a hierro el oficio político en el nuevo esplendor del tricolor, Duarte de Ochoa tenía apenas 37 años cuando tomó posesión del cargo en el que –se ve desde fuera- se ha engolosinado hasta la saciedad. No le gusta la crítica. Periodistas de aquel estado y defensores de la libertad de expresión han documentado la estrategia para denostar a sus críticos o, en muchos y fatales casos, deshacerse de ellos.
Sin embargo Javier Duarte de Ochoa no ha sido tocado con hoja alguna de la Ley. No es sospechoso, no se le ha llamado a dar cuentas, él y su gobierno encabezan las investigaciones que terminan por asegurar que las muertes, en la mayoría de los casos, ocurrieron en circunstancias distintas al ejercicio del periodismo.
Hay casos que inevitablemente apuntan, al menos en la voz popular y en el análisis social, a la represión de la libertad de prensa. Habrá otros donde ciertamente las líneas de investigación anotan a otras circunstancias. Por ello la necesidad de acabar en este País y en este Gobierno con la impunidad que le aleja toda credibilidad y confianza a las instituciones.
En este caso, el Comité para la Protección a los Periodistas con sede en los Estados Unidos, reportó hace unos días que, en efecto, “Veracruz es uno de los estados más peligrosos para la prensa en México, según la investigación del CPJ”. Dio cifras:
Cuatro periodistas han caído en represalia directa por su labor desde 2011.
Siete fueron asesinados bajo circunstancias poco claras.
Tres periodistas –al menos- han desaparecido.
La mayoría de los asesinatos de periodistas en Veracruz o con referencia a Veracruz, han sido ultimados con una saña impresionante. Torturados, mutilados, vejados y exhibidos sus cuerpos. Al estilo del narcotráfico que, vaya, en Veracruz no es problema de primer nivel. La impunidad a los cárteles de la droga y a los criminales organizados, únicamente la puede proveer el Estado Mexicano en una entidad Federativa al igual que en la República Mexicana, representado por los tres poderes, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial.
La unión de un representante del Estado con el crimen ha dejado fatales consecuencias para la sociedad mexicana. En sus explicaciones vedadas, la Procuraduría General de la República confirmó que la desaparición de los 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa, era producto precisamente de esa fatídica unión. Un alcalde y un cártel del narcotráfico. Hoy día, el alcalde, su esposa y miembros menores de la organización criminal de “Los Rojos”, permanecen en prisión. La investigación no ha sido concluida para –como les gusta decir a los políticos en el gobierno- “llegar hasta las últimas consecuencias”.
En esas condiciones, resalta el hecho que la presidencia de Enrique Peña Nieto no ha entrado a la defensa del Estado de Derecho en Veracruz, particularmente en el ejercicio del periodismo. A excepción de unas tardías y leves condolencias por el crimen de Rubén Espinoza por parte de la Procuradora General de la República, Arely Gómez, no ha habido más. Ni respuesta a una investigación científica sin denostar a las víctimas, el fotógrafo y cuatro mujeres que fueron atacadas de manera salvaje, ni respuesta a la petición constante en territorio mexicano y en el extranjero, para que los crímenes contra periodistas sean atraídos por la PGR, para sacarlos de un entorno de complicidad e impunidad como el que se puede dar si la investigación la hacen en el lugar de origen o en la casa de los –socialmente- sospechosos.
A Javier Duarte de Ochoa, más allá de la crítica ciudadana, de la prensa libre e independiente, y de alguna parte de la oposición mexicana, no hay autoridad que lo señale por encabezar el Estado que de acuerdo al CPJ, a Reporteros Sin Fronteras y Artículo 19 –por mencionar algunas organizaciones de defensa y protección de los periodistas- es el más peligroso para el ejercicio del periodismo.
Otro hecho se recuerda. Era enero de 2012 y la campaña por la Presidencia de la República estaba por iniciar. Enrique Peña Nieto se vislumbraba ya como el candidato que sería; entonces 25 millones de pesos en efectivo fueron decomisados por la PGR –por aquellas fechas encabezada por el Gobierno panista de Felipe Calderón-. El dinero procedía de Veracruz. Pertenecía al Gobierno del Estado de Javier Duarte de Ochoa, que a diferencia de empresas, compañías y mexicanos responsables en términos fiscales, gastaba en efectivo y no en cheques o transferencias como marca la Ley.
Los líderes del PAN y del PRD, entonces Gustavo Madero y Jesús Zambrano, acusaron lo mismo: Suponían que ese dinero era producto del desvío de fondos del Gobierno de Veracruz, encabezado por Javier Duarte, para entregarlo a la campaña del precandidato Enrique Peña Nieto. Los dos políticos exigieron investigaciones que no darían resultado, pues los encargados de indagar, dieron por válida la defensa del Gobierno de Veracruz que señalaba que las pacas de billetes eran para pagar la producción de tres festividades regionales en aquel Estado. Meses después, la PGR entregaría –incluyendo intereses- los 25 millones de pesos al Gobierno de Javier Duarte de Ochoa.
El después candidato del PRI y hoy Presidente de la República, no dijo algo al respecto, como tampoco ha actuado para esclarecer porqué Veracruz es el Estado donde más periodistas han sido asesinados o desaparecidos.
En este clima de impunidad criminal, política y financiera, ocurre ahora el asesinato de Rubén Espinosa. Carlos Lauría, del CPJ, exigió: “Rubén Espinosa huyó luego de haber sido amenazado en una de los estados más letales para periodistas en la región y fue asesinado seis semanas después en un lugar antes considerado como un refugio seguro en el país”… Ya es hora de que las autoridades federales y locales adopten las medidas necesarias para combatir la grave crisis de libertad de prensa en específico, y de expresión de ideas en general, que sufre un México que pierde así el sueño de la democracia. Esto significa investigar en profundidad el asesinato de Espinosa y todos sus posibles motivos, como en particular que pudiera haber sido asesinado en represalia por su trabajo”.
Las amenazas y las intimidaciones que había recibido Espinoza no eran desconocidas para las organizaciones de defensa y protección de los periodistas, tampoco para organismos de Derechos Humanos o el propio Gobierno. Su caso, había sido público. Lo querían intimidar, le querían hacer daño. Finalmente lo mataron. A más de 72 horas del crimen –las cruciales para desentrañar la investigación- la autoridad del Distrito Federal no ha presentado pruebas o avances de la investigación que sugieran un caso apegado o no al ataque del periodista y a quienes acompañaba el mismo.
Javier Duarte de Ochoa sigue gobernando Veracruz, enquistado en un sistema político mexicano que le protege a pesar de sus expresiones y su dudosa labor en la investigación de los hechos que ocurren en aquel Estado. A pesar de desestimar de manera sistemática la labor de los periodistas e incluso denostarlos. “No hay que confundir libertad de expresión con representar la expresión de los delincuentes a través de los medios”, dijo el priísta no hace mucho tiempo, erigiéndose en Juez.
En la impunidad que se manifiesta tan cínicamente en Veracruz han sido asesinados 15 periodistas en distintas circunstancias. ¿Hasta cuándo, Señor Gobernador? ¿Qué espera para actuar, Señor Presidente?
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: ADELA NAVARRO BELLO
LINK: http://www.sinembargo.mx/opinion/05-08-2015/37662.
No hay comentarios:
Publicar un comentario