La masacre se inscribe en la oleada de matanzas que involucran a agentes del Estado durante el gobierno de Peña Nieto. En menos de un año presenciamos cómo al caso de Tlatlaya le sucedieron los casos de Ayotzinapa, Apatzingán, Villa Purificación y el de Tanhuato/Ecuandureo.
Sin embargo, sorprende el silencio sobre lo acaecido en Apatzingán. Ni la Procuraduría General de la República (PGR) ni la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) han revelado avance alguno de sus investigaciones.
Esto, a pesar de que el 18 de abril, un día antes de la difusión de la primera de tres investigaciones de mi autoría en este espacio -con el nombre de “Fueron los federales”, la Secretaría de Gobernación (Segob) informó en un comunicado difundido por Notimex que había recibido un “video anónimo” del que se podían inferir “actos de uso excesivo de la fuerza o abuso de autoridad de elementos de la Policía Federal en el municipio de Apatzingán”.
La “coincidencia” de ese anuncio con la inminencia –anunciada un día antes- de la difusión de la investigación con los testimonios de 39 sobrevivientes y testigos de ejecuciones extrajudiciales y de un número indeterminado de casos de desaparición forzada ese 6 de enero, como es sabido, provocaron también el ataque cibernético a este portal.
El 20 de abril, un día después de la publicación del reportaje, el secretario de Segob, Miguel Ángel Osorio Chong, declaró en conferencia de prensa que se abriría una indagatoria ministerial.
¿De qué video hablaba la Segob y por qué hasta ahora no lo ha revelado? ¿Qué impulsó al gobierno federal, y luego lo refrenó, para reconocer que ese día en Apatzingán la policía federal habría cometido violaciones graves a los derechos humanos?
Muy por el contrario, no sólo se ocultó lo que evidencia ese “video anónimo”, sino que dos meses después el subsecretario de derechos humanos de la Segob, Roberto Campa, se dio a la tarea de dar a conocer a la prensa y a organismos de derechos humanos que el actuar de policías federales contra civiles en Apatzingán fue “en legítima defensa”.
Mientras tanto a los señalados por las víctimas como los responsables de los hechos se les reubicó de lugar. Alfredo Castillo, el ex Comisionado Federal de Seguridad en Michoacán, señalado como el responsable intelectual de la masacre, se le nombró presidente de la Comisión Nacional del Deporte. Al comandante Fausto Arenas, al frente de la Policía Federal de Apatzingán, se le comisionó a Guerrero, y al general Miguel Ángel Patiño, al mando de la 43ª Zona Militar de Apatzingán, se le trasladó a Monterrey.
No es de sorprender entonces que testigos que afirman presenciaron ejecuciones extrajudiciales por parte de los policías federales ese 6 de enero, pidan apoyo a instancias internacionales ante la persecución que dicen sufren ellos y sus familias.
La cadena de impunidades prevalece sobre la masacre de Apatzingán. El silencio oficial la encubre. El inexplicable desdén mediático sobre el tema la posibilita. La visita de Peña Nieto sólo la agiganta.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: LAURA CASTELLANOS.
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