Cada día de mayo las autoridades abrieron 47.19 carpetas de investigación por homicidio doloso –mil 463 durante todo el mes, que abarcaron a mil 621 víctimas–, 2.94 por secuestro –uno cada ocho horas–, 14.03 por extorsión, 443.13 por robo con violencia y 405.94 por robo de vehículo, alertó este día el Observatorio Nacional Ciudadano (ONC).
Sin embargo, los secuestros masivos de 103 y 57 migrantes en el Estado de México y Tamaulipas, respectivamente, quedaron fuera de las estadísticas oficiales, subrayó el ONC en su informa.
“No debemos dejar de mencionar que las cifras oficiales de incidencia delictiva siguen presentando serios problemas en su registro”, recordó la ONG, al señalar que estos datos “sólo representan casos en los cuales las personas tuvieron la confianza y el tiempo necesario para acudir al Ministerio Público y tener acceso a la justicia”.
Además, sostuvo que algunas entidades no reportan ciertos delitos, modifican sus estadísticas “de un plumazo” –fue el caso de 11 entidades– o no documentan la forma en la que se cometieron los homicidios.
“Cada vez contamos con indicios más claros respecto de que estamos muy lejos de encontrarnos en las condiciones de seguridad que refieren nuestras autoridades mediante los discursos oficiales”, planteó el ONC.
En el marco de la clausura de la 33 Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, realizada ayer, Miguel Ángel Osorio Chong, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), celebró que durante 2013 y 2014 las cifras de secuestros y de homicidios se redujeron prácticamente en una tercera parte, lo que –festejó– ilustra “que la ruta de trabajo es la indicada”.
Según el ONC, las cifras de asesinatos reportados en mayo de 2015 superan en 13.87% las que se observaron durante los 12 meses anteriores, mientras que la tendencia al secuestro se redujo 8.85% durante el mismo periodo.
Respecto del mes de abril, el número de averiguaciones previas abiertas por homicidio doloso y secuestro aumentaron 6.32% y 3.41%, respectivamente.
Mayo violento
La mañana del viernes 1 de mayo, las autoridades –militares, policías federales y estatales— se desplegaron en el Occidente del país para poner en marcha el “Operativo Jalisco”, acción que fracasó en su objetivo de capturar a Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), y terminó en una humillación de las fuerzas del Estado.
En reacción inmediata al fallido operativo, los integrantes del cártel paralizaron las carreteras del estado, incendiaron bancos y gasolineras, derrumbaron un helicóptero Cougar –matando a sus nueve ocupantes– y extendieron sus acciones a Colima, Guanajuato y Michoacán para generar una situación de caos en la región que permitió a “El Mencho” desvanecerse.
“¿Se pudo prevenir Jalisco? ¡Indudablemente!”, sostiene Francisco Rivas en la introducción del reporte al resaltar que desde marzo de 2014 la ONC advirtió a las autoridades que “pese a que la entidad presentaba una incidencia delictiva que la ubicaba a un nivel intermedio, la situación de los delitos cometidos apuntaba a una mayor gravedad de lo que se aparentaba”.
Y recordó: “Incluso en abril pasado, quince días antes de este evento, en rueda de prensa lo dijimos, ‘urge atender la situación de aumento de la violencia en Jalisco’”.
De los acontecimientos en esa entidad, el ONC determinó que “la tendencia a la baja (o alza) de incidencia de los delitos no garantiza que ésta se mantengan”, pues “en un contexto de profunda debilidad institucional el fenómeno delictivo ha mostrado tener un comportamiento caprichoso”.
Asimismo, lamentó que los análisis de la inseguridad se limiten en medir el número de delitos perpetrados en el país, “omitiendo evaluar qué delitos son, quiénes son las víctimas, cuándo y dónde suceden”.
A su vez, esto demuestra una “carencia de inteligencia” que “lleva a políticas públicas insuficientes, declaraciones insensibles para las aún muchísimas víctimas del país, genera primero confusión en la opinión pública y luego desconfianza en el ciudadano”.
Todavía en mayo, durante el periodo preelectoral, fueron asesinados tres candidatos en Guerrero, Michoacán y el Estado de México.
El caso Guerrero
En mayo pasado, el Estado de México, Guerrero y Sinaloa reportaron la mayor incidencia de homicidios dolosos –concentraron la tercera parte de los asesinatos reportados en el país–, y superaron en 14.89%, 32.41% y 53.61%, respectivamente, la tendencia observada entre mayo de 2014 y abril de 2015.
Las nueve entidades con el mayor número de asesinatos reportados observaron un incremento en las tasas de homicidio doloso, advirtió el ONC, al resaltar que Guerrero sufre de una incidencia de este delito tres veces superior al promedio nacional.
En promedio se abrió una carpeta de investigación por asesinato cada 30 minutos y 31 segundos; una por homicidio culposo cada 33 minutos; una por secuestro cada seis horas; una por extorsión cada hora y 33 minutos, mientras que las autoridades reportaron un robo con violencia cada tres minutos y un robo de vivienda cada seis minutos.
Con 17 averiguaciones previas abiertas –y 25 víctimas–, Tamaulipas se mantuvo como la entidad más peligrosa del país respecto del secuestro, seguida por el Estado de México, Tabasco y Veracruz, con 14, 9 y 8 carpetas abiertas, respectivamente.
“Oficialmente se tiene la creencia de que mediante mayores inversiones en equipamiento y la ampliación del número de los cuerpos de seguridad se pretende curar un mal con una medicina que ha demostrado ser inadecuada”, sentenció el ONC.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: MATHIEU TOURLIERE.
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