Se trata de la primera sentencia de su tipo desde el inicio de la llamada al narcotráfico declarada por el expresidente Felipe Calderón, en enero de 2007, en cuyo sexenio comenzaron las denuncias por desaparición forzada contra elementos del Ejército y la Marina, Armada de México, entre otros delitos de lesa humanidad.
La sentencia también es una de las primeras aplicaciones del criterio emitido en 2012 por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que los crímenes cometidos por militares contra civiles sean conocidos y resueltos por la justicia civil y ya no por los tribunales militares, como ocurría hasta entonces por ser considerados sólo como “faltas a la disciplina” castrense.
El juez primero de Distrito en Materia Penal en el estado de Nuevo León, Eustacio Esteban Salinas Wolberg, emitió la sentencia de 31 años y tres meses de prisión en la causa penal 104/2013. El condenado, quien también fue destituido de su cargo en el Ejército, se encuentra desde su detención y hasta ahora bajo prisión militar.
De acuerdo con el juez, la Procuraduría General de la República (PGR) acreditó la responsabilidad del acusado. El hecho ocurrió el 20 de mayo de 2012 en Los Herrera, municipio de Nuevo León, y desde entonces la víctima se encuentra desaparecida.
Según la organización Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León, en la entidad hay por lo menos entre 900 y mil personas desaparecidas desde el inicio de la llamada “guerra a las drogas”.
El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) informó que el juez emitió su sentencia por la “grave afectación o peligro a los bienes tutelados, a saber, la integridad física, la libertad personal y la vida de la víctima directa del delito; así como el ámbito de protección a los familiares”, señalados como víctimas indirectas “por el sufrimiento que atraviesan en su afán de lograr información sobre el paradero” del desaparecido.
En su fallo, según lo informado por el CJF, el juez no sólo deslindó al Ejército, sino que hizo una defensa de esa institución. Aclaró que la sentencia se refiere a una “conducta aislada, lamentable” y “contraria al espíritu de protección y salvaguarda del Ejército mexicano”.
El órgano del Poder Judicial de la Federación aseguró que de acuerdo con el juez, la sentencia también tomó en cuenta “el perjuicio causado al propio Ejército Mexicano, el cual desempeña una importante labor de protección y salvaguarda de la seguridad nacional y de las personas”.
Además, citó al juzgador, el Ejército “colabora con las instituciones civiles, dentro del marco constitucional y legal, para hacer frente a los actos de la delincuencia organizada”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JORGE CARRASCO ARAIZAGA.
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