El relator especial sobre el Derecho a la Libertad de Reunión Pacífica y de Asociación de la Organización de las Naciones Unidas, Maina Kiai, presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) un recurso para argumentar que tres de sus artículos vulneran el derecho a la manifestación pacífica de los ciudadanos.
El pasado 21 de agosto, el funcionario internacional envió un recurso legal amicus curiae (amigo de la Corte) para argumentar las acciones de inconstitucionalidad de los artículos 212, 213 y 214 de la normativa aprobada en julio del 2015 por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF).
“Tienen un impacto en el derecho a la reunión pacífica” tal como está estipulado en los tratados internacionales, dijo Maina Kiai a través de un comunicado.
Según su análisis, el artículo 212 de la Ley de Movilidad del DF exige a los organizadores que notifiquen a las autoridades con 48 horas de anticipación sobre la manifestación que realizarán y que digan “la finalidad perfectamente legítima” de la misma.
Al respecto, consideró que aunque el plazo es “aceptable bajo la ley internacional”, el hecho de fijar un “objetivo legítimo” no lo es, pues las autoridades pueden generar una interpretación discrecional. Esa orden, agregó, crea confusión.
Sobre ese mismo artículo –que pide avisar a las autoridades de las manifestaciones cuando puedan perturbar el tránsito, la paz y la tranquilidad de los habitantes– el relator consideró que esas son nociones “vagas y subjetivas” y no dan una orientación clara a los organizadores.
Los artículos 213 y 214 se refieren al uso de calles para realizar asambleas públicas y la prohibición de usar vías principales con circulación continua, excepto para cruzar o cuando sea la única manera de llegar al destino; además faculta a las autoridades para tomar las medidas necesarias para evitar el bloqueo de estas.
Kiai advirtió que la Ley de Movilidad no incluye la definición de vías primarias con circulación continua. Ello, agregó, puede dar generar una interpretación discrecional pues todas en esa categoría podrían estar casi todas las calles de la capital.
La Ley de Movilidad del DF fue aprobada por los legisladores locales en julio del año pasado. Sin embargo, un mes después las comisiones de Derechos Humanos nacional y del DF interpusieron acciones de inconstitucionalidad ante el máximo tribunal de justicia del país para pedirle que la analizara bajo la perspectiva de los derechos humanos. Según su argumento, dicha legislación viola los derechos de libre asociación y manifestación.
No sólo estos organismos cuestionaron la legislación. Organizaciones civiles formadas por defensoras de derechos humanos, académicos, sindicatos, miembros de movimientos sociales, activistas y periodistas, con apoyo del Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social, promovieron 20 amparos en contra de esta Ley por considerarla anticonstitucional.
FUENTE: PROCESO.
AUTRO: REDACCIÓN.
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