En una carta dirigida al titular de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, la defensora Silvia Vázquez Camacho y Jorge Sánchez Reyes, representante de exmunicipales que fueron torturados durante 40 días por militares en instalaciones del 28 Batallón de Infantería, denunciaron la desaparición de Artemio Duarte Martínez, a quien se le vio por última vez el 11 de agosto por la mañana.
Este caso se suma a la serie de hostigamientos, persecución y agresiones en contra de ex agentes municipales que reclaman su reincorporación al gobierno municipal de Tijuana, como parte de la reparación de daño luego de que fueron injustamente encarcelados en el penal de máxima seguridad de Nayarit, y exonerados de cargos de colaboración con la delincuencia organizada.
El caso ameritó que la CNDH emitiera la recomendación 87/2011 al comprobarse las torturas a que fueron sometidos 25 policías municipales por parte de personal militar, instruyendo medidas de reparación a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Procuraduría General de la República (PGR) y los gobiernos de Baja California y Tijuana, mismas que hasta ahora no han sido acatadas.
Los 25 expolicías denunciaron penalmente por tortura al teniente coronel Julián Leyzaola y al capitán Gustavo Huerta, ex secretario de Seguridad Pública municipal y ex director de la policía de Tijuana respectivamente –que presenciaron las torturas– así como al entonces general de la II Región Militar, Alfonso Duarte Mújica, que tenía bajo su mando el 28 Batallón de Infantería.
El 12 de junio la CNDH emitió medidas cautelares para 24 exagentes –uno fue asesinado en enero de este año—y su defensora Silvia Vázquez, ante acto de hostigamiento y amenazas recibidas en el contexto de su exigencia de reinstalación y reparación de daños.
De acuerdo a la notificación dirigida al ombudsman fechada este miércoles 12 de agosto, el ex policía desaparecido tramitó una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California ante la resistencia de autoridades municipales para reinstalarlo como oficial de seguridad pública.
En el escrito, Vázquez y Reyes narraron que Duarte salió de su domicilio a las 08:10 horas del martes 11 de agosto a realizar un trabajo de carpintería a un sitio ubicado a menos de un kilómetro de distancia.
Los familiares del ex agente se alarmaron por la ausencia de Duarte la mañana siguiente que no se presentó a desayunar al negocio de sus hijos, como es su costumbre, y trataron de comunicarse a su teléfono celular sin éxito.
Ante la falta de respuesta, los hijos de Duarte “se dieron a la tarea de realizar una localización desde muy temprano en hospitales, centros de salud, centro de detención del Estado y de los municipios de Tijuana y Rosarito y SEMEFO. De igual forma intentaron localizar el vehículo en depósitos vehiculares de ambos municipio, sin tener éxito en la búsqueda hasta el momento”.
Tras señalar que por la desaparición se interpuso la denuncia 2351/15/211/AC en la Procuraduría General de Justicia de Baja California, los representante de los ex agentes alertaron a la CNDH que los hechos podrían estar relacionados con las amenazas que dieron lugar a la emisión de medidas cautelares.
Entre los hechos que dieron lugar a las medidas, generadas por la queja 310/15, resaltan las amenazas de que fue víctima Christian Huante Mondragón por parte del secretario de Seguridad Pública municipal, Alejandro Lara Valladares, ex colaborador de Leyzaola.
En junio pasado, Huante Mondragón fue retenido dentro de una patrulla durante tres horas por agentes municipales. En la queja presentada ante la CNDH se detalla que al sitio de la retención llegó Lares Valladares y expresó: “pinche expolicía … de los que quieren chingar con sus quejas, hay que sembrarles algo para acabar con ellos …que al cabo ya me los encargaron”.
Huante fue rescatado de la retención por sus familiares y su representante, Jorge Sánchez, quien llegó a la patrulla con un juez de barandilla.
En la nueva queja ante la CNDH, Sánchez y Vázquez solicitaron al ombudsman “el impulso a las investigaciones que permitan localizar el paradero del señor Artemio Duarte Martínez”, así como medidas de protección para los familiares de la víctima y acompañamiento en las diligencias relacionadas con el caso.
Los representantes también piden actualización en “el cumplimiento de las medidas cautelares a favor de todas las víctimas que integran la recomendación y se garantice la integridad y seguridad de los 24 policías y sus familiares, así como de la defensora Silvia Vázquez Camacho y sus familiares”,
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GLORIA LETICIA DÍAZ.
No hay comentarios:
Publicar un comentario