El gobierno federal “está convencido de que cada delito debe ser combatido y cada pérdida humana asociada a la violencia debe perseguirse y castigarse”.
La dependencia sostuvo que la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal mantiene abiertas todas las líneas de investigación.
Roberto Campa, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, manifestó que los delitos contra comunicadores y activistas “representan atentados contra las libertades de las y los mexicanos”.
El domingo pasado, en una carta publicada en el portal web de PEN América, una asociación que reúne a escritores y editores, se difundió:
“Nosotros, periodistas, escritores, y artistas creativos de todo el mundo, con el apoyo de PEN y el Comité de Protección a los Periodistas, vemos con indignación los ataques contra los reporteros en México. Cuando se ataca a un periodista se atenta contra el derecho a la información de la sociedad entera”.
Los más de 500 firmantes señalaron que el homicidio del fotoperiodista Rubén Espinosa y de la activista Nadia Vera, así como de Alejandra Negrete, Yesenia Quiroz y Mile Virginia Martí, es un parteaguas, ya que “la Ciudad de México era considerada uno de los últimos lugares seguros para el ejercicio periodístico. Pero ahora no parece haber santuario alguno para los reporteros perseguidos en México”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
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