MÉXICO, D.F: La procuradora general de la República, Arely Gómez, reconoció que las múltiples violaciones a los derechos humanos ponen en riesgo el estado de protección de las garantías fundamentales, aparte de que lastiman a la sociedad y debilitan su confianza en las instituciones.
Durante la clausura de la 38 sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, la titular de la PGR señaló que es indispensable un sistema de inteligencia que permita combatir el delito de manera eficaz, “un nuevo modelo que privilegie la utilización y el intercambio de información, que fortalezca las investigaciones y permita la construcción de casos jurídicamente sólidos”.
Este nuevo enfoque, confió, brindaría mayores incentivos a los Ministerios Públicos, quienes deberán lograr un mayor número de sentencias favorables en el combate a la delincuencia.
“Nuestra intención es entregar a los ciudadanos una Procuraduría transformada, con unidades especializadas donde la incorporación de nuevos elementos técnicos y científicos, además de un trabajo de inteligencia, generen certeza jurídica a las investigaciones”, ofreció.
Luego explicó que una gestión moderna debe estar soportada en cuatro ejes: procuración de justicia eficaz y eficiente; respeto a los derechos humanos; transparencia y rendición de cuentas, así como una debida implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal.
También advirtió que este último eje, que representa un cambio de paradigma en la procuración de justicia en el país, requiere de personal especializado y capacitado.
En el seno de este Consejo, abundó, se han construido protocolos de actuación en materia de implementación de este nuevo Sistema de Justicia Penal que otorguen certeza jurídica a quienes intervienen.
Prueba de ello, subrayó, es el Protocolo Nacional de Actuación de Primer Respondiente, que fue aprobado esta misma semana por la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia.
Así como este protocolo, argumentó, se han construido otros instrumentos de relevancia que confirman que el esfuerzo coordinado se traduce en ordenamientos eficientes.
En diciembre pasado, recordó, este Consejo también asumió el compromiso de trabajar en los protocolos de investigación en materia de desaparición forzada y tortura.
Enseguida admitió que la seguridad y la justicia son los reclamos sociales más sentidos de los mexicanos. “Recuperar la paz, la seguridad y la tranquilidad es una tarea que nos obliga a trabajar cotidianamente”.
Por último, aseguró que la confianza de la ciudadanía sólo puede ser recuperada sancionando a los responsables, garantizando la no repetición de hechos similares y definiendo los principios de actuación para una atención digna y respetuosa a las víctimas.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PATRICIA DÁVILA.
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