Aunque descartó que en este caso esté metido el gobernador Alejandro Moreno Cárdenas, sí le pidió a éste remover a Herrera Campos de la FGE: “Él en su toma de protesta aseguró que cesaría a quien le falle, y en este caso el fiscal demostró que sirve a intereses ajenos a la procuración de justicia”.
Asimismo, adelantó que presentará su querella ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche (CDHEC) e incluso valora la posibilidad de denunciar al fiscal por la vía legal pues consideró que sus detenciones, que el juez de control consideró ilegales, obedecen a intereses personales de Herrera Campos con los empresarios implicados en el conflicto.
May Can fue detenido el pasado miércoles junto con dos de sus hijos, Abner y Natanael, y una mujer, Jaqueline Palomo, que se encontraba con ellos al momento de su captura.
Antes de consignarlos ante un juez de control, que en menos de dos horas deliberó que fueron detenidos de manera ilegal y ordenó su inmediata libertad, la Fiscalía les mantuvo en sus separos 48 horas, durante las cuales los cuatro detenidos se declararon en huelga de hambre.
Desde el sexenio del expresidente Felipe Calderón, el movimiento Tierra y Justicia inició un conflicto legal contra Carlos Mouriño Atanes, padre del fallecido exsecretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño Terrazo, por la posesión de los terrenos del ejido Lerma, conurbado a esta capital, donde el influyente empresario español cristaliza su exclusivo proyecto inmobiliario Campeche Country Club.
Para realizar su viejo sueño, el dueño del Grupo Energético del Sureste y del equipo de futbol español Celta de Vigo, presuntamente hizo valer sus influencias en las dependencias federales para apropiarse de las tierras del ejido Lerma en las postrimerías del calderonismo.
De ese modo se apropió de 9 mil 685 hectáreas por las que pagó aproximadamente 40 centavos de peso mexicano por metro cuadrado, que revendió en 288 dólares.
El ejido quedó reducido a sólo 400 hectáreas, luego de un juicio que dejó a salvo los derechos de ocho ejidatarios que se negaron a cederlos o venderlos.
Según denuncias de los inconformes, el magnate también quiere apoderarse de ese terreno para construir un estadio de futbol.
El ambicioso proyecto de Mouriño Atanes consta de una zona habitacional para personas de muy alto poder adquisitivo, campo de golf diseñado por Jack Niclaus, colegios, hospital y hasta playas artificiales, para cuya creación están extrayendo arena del lecho marino.
Para evitar el despojo, los ocho ejidatarios decidieron regalar tierras circundantes al Country Club para que ahí se creara “una colonia proletaria”. Y fue así como repartieron 3 mil 250 lotes a personas humildes para que construyeran sus viviendas y con ello se depreciara el valor de los predios del club.
Meses atrás, Celestino May Can denunció amenazas y atentados de muerte en su contra, así como el incendio premeditado de su rancho y la muerte de su ganado, de lo que responsabilizó directamente a Carlos Mouriño, y exigió al Congreso local y al exgobernador Fernando Ortega Bernés poner atención a su caso.
Tiempo después apareció en escena Rafael Selem Ferrer, dueño de la empresa Campechana de Vehículos, para disputar a los ejidatarios una porción de las tierras. Argumenta que el gobierno del estado se las dio para instalar una de sus agencias concesionarias de autos nuevos.
La franja reclamada por ese empresario, cuya denuncia fue la que motivó la detención ilegal de Celestino May, es justamente el acceso a la colonia proletaria Tierra y Justicia, cercana a la lujosa entrada del Country Club. Ese predio en disputa no está delimitado.
El sector donde se encuentran esos terrenos fue donado al gobierno estatal hace más de 30 años para desarrollar un parque industrial. No obstante, en las cláusulas de la donación estaba especificado que si luego de tres décadas no se realizaba el proyecto, como es el caso, esas tierras se reincorporarían al ejido.
En conferencia de prensa, May Can explicó que sin mediar ninguna orden judicial los agentes ministeriales entraron a su propiedad, un predio delimitado y cercado donde se reúnen los beneficiarios de los lotes de Tierra y Justicia para planear la construcción de la nueva colonia.
“Cuando llegamos, los ministeriales habían abierto la reja y estaban sentados en mi mesa. De aquí nos sacaron, dijeron que por orden del Fiscal. Es mentira que hayamos opuesto resistencia y que los hayamos agredido. Como ven, ya estoy viejo. ¿Cómo un viejo como yo iba a agredirlos, si afuera habían más de 30 judiciales?”, acusó.
También se quejó de la detención de Jaqueline Palomo. “Los judiciales sólo se llevaron, sin ningún motivo, y no les importó dejar aquí sola, sin procurarle ninguna custodia, a su niña”.
Asimismo, aseguró que durante el tiempo que permanecieron en los separos de la Fiscalía, “nos hicieron firmar papeles, bajo torturas sicológicas de que algo les pasaría a nuestros familiares si no lo hacíamos; nos robaron también los teléfonos celulares, donde teníamos información personal, nunca nos los devolvieron”.
Uno de los hijos de Celestino May fue detenido cuando grababa en su teléfono celular el momento y las circunstancias de la detención.
“Esto fue privación ilegal de nuestra libertad”, sostuvo, y reiteró que dadas las circunstancias denunciará ante la CDHEC y posiblemente también por la vía legal.
Y llamó a Moreno Cárdenas, quien asumió la gubernatura apenas el pasado 16 de septiembre, a reconsiderar la designación de Herrera Campos, quien por segunda ocasión ocupa el cargo, porque “los campechanos no merecemos estas injusticias”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ROSA SANTANA.
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