En la exposición de motivos, Duarte justifica la medida al aducir que es necesario “robustecer la recaudación de las contribuciones estatales”, en aras de “asegurar los subsidios” al Instituto de Pensiones del Estado (IPE), a la Universidad Veracruzana (UV) y para “acelerar el calendario de pago” a contratistas y proveedores.
La iniciativa ya fue turnada para su análisis y discusión a la Comisión Permanente.
No obstante, los diputados recibieron este paquete de iniciativas en un Anexo A, el cual fue separado de la Gaceta Legislativa, su lectura dispensada y la distribución del documento de siete hojas no se entregó a reporteros como normalmente se acostumbra.
En el anexo, Duarte apela a que se trata de una política pública “responsable”, pues “amplía la perspectiva de estado” en los ingresos de participaciones federales.
En los últimos 18 meses es ya una constante que líderes de cámaras empresariales, contratistas y constructores reclamen pagos, pues se han quejado de una parálisis económica gubernamental.
Además, en la primera semana de octubre se cumple un año de que 40 mil adultos mayores dejaron de recibir de parte del DIF una pensión vitalicia trimestral de 2 mil 500 pesos.
Peor aún, pues para evadir dicho pago, el propio organismo asistencial y la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) pretextaron una depuración del padrón de beneficiarios.
Apenas el fin de semana, Duarte de Ochoa admitió una deuda millonaria con integrantes del magisterio, correspondientes a rezonificación, prestaciones y bonos, donde el priista aseguró que en octubre el gobierno estatal se pondrá al corriente con esos pagos.
Ayer líderes empresariales de la Cámara Nacional de Comercio y del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) se reunieron en el puerto de Veracruz para fustigar la “homologación” de 2% a la nómina, pues aseguraron que es un “gravamen disfrazado” que acarreará el despido de empleados, el aumento de precios y la no atracción de inversiones.
En una carta enviada a Apro, organizaciones de mujeres y ONG exigen al gobierno de Duarte que pague los adeudos para programas de la igualdad de género que ya fueron depositados por la Federación.
Organizaciones como Red Nacional Género y Economía, Red de Mujeres Sindicalistas, Mujeres en Acción Sindical AC, Especialistas en Género, Salud y Construcción de Bienestar, Corpórea SC y del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario fustigan al gobierno estatal por el incumplimiento y violación a derechos laborales y humanos de profesionistas y grupos civiles que trabajan en favor de las mujeres.
“El gobierno de Javier Duarte de Ochoa sigue sin explicar qué hizo con los recursos federales destinados, en 2014, al Instituto Veracruzano de las Mujeres (IMV) para promover la igualdad de género, la no discriminación y la erradicación de la violencia contra las mujeres. Con contratos firmados y habiendo concluido satisfactoriamente las metas del proyecto ‘Política estatal: Igualdad sustantiva para las mujeres veracruzanas’, las consultoras –que subsidiaron todos los gastos– exigen el pago de los adeudos”, claman en la misiva.
Otro de los ejemplos de la parálisis económica es que varias de las principales obras de infraestructura ya fueron “concesionadas” a grandes corporativos internacionales, entre ellas la conclusión del túnel sumergido, que fue delegada al grupo Carso, del multimillonario Carlos Slim, mientras que el viejo Sistema de Agua y Saneamiento (SAS) fue concesionado al gigante brasileño Odebrecht, una vez que el organismo público se declaró en quiebra.
El diputado de la Comisión de Hacienda, el panista Julen Rementería, ironizó hace unos días en que “fácilmente se llenaría el estadio Luis ‘Pirata’ de la Fuente” si se juntaran todos aquellos que reclaman pagos al gobierno de Javier Duarte.
El tema de la deuda y los problemas financieros que ha acarreado a la vida productiva de la entidad han sido abordados en el semanario Proceso en los números 2019 (“Duarte malbarata y hunde a su estado”) y 2023 (“Un gobierno de pesadilla”).
Los tres senadores de la entidad, José y Héctor Yunes, del PRI, y Fernando Yunes, del PAN, han hecho pronunciamientos en el sentido de que en 58 meses del gobierno de Duarte la entidad se encuentra al borde del “colapso financiero”.
Incluso Yunes Landa –visible aspirante a suceder a Duarte– ya acudió a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a exigir una “revisión” del ejercicio y aplicación de los recursos de los servidores públicos más cercanos al mandatario priista.
Ayer, Javier Duarte se quejó en Córdoba, en rueda de prensa, de que “no es mago, el dinero tiene que aparecer de algún lado, tenemos que actuar con responsabilidad”, expuso.
Más adelante fustigaría a los reclamantes de pago: “A nadie le gusta pagar impuestos, pero sí reclamar obras”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: NOÉ ZAVALETA.
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