Sin embargo, dijo, son “limitadas” ante la criminalización de la protesta.
El pasado martes, la CDHDF emitió tres recomendaciones relacionadas con las diversas violaciones a los derechos humanos cometidos en contra de jóvenes en el marco de las marchas realizadas el 10 de junio y el 2 de octubre de 2013, así como el 22 de abril de 2014 en la Ciudad de México.
Hoy, en un comunicado de las organizaciones que integran el Frente por la Libertad de Expresión, entre ellas Artículo 19, Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz), y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos (Red TDT), advirtieron que las recomendaciones hechas por la CDHDF demuestran “el aumento en la represión y el patrón de actuación de las autoridades, tanto de Seguridad Pública como de Procuración de Justicia, en el Distrito Federal”.
Que en los últimos años, recuerda, ha consistido en detenciones ilegales y arbitrarias, uso indebido y desproporcionado de la fuerza, tratos crueles inhumanos o degradantes e incluso tortura a personas detenidas y la obstaculización al derecho a documentar y defender derechos humanos en manifestaciones públicas, que “han afectado las libertades democráticas” en la Ciudad de México.
Aunado a que, “de manera discriminatoria, la represión se ha dirigido selectivamente a personas jóvenes que ejercen su derecho a la protesta”.
El Frente destaca que esta recomendación “evidencia que delitos como ‘ataques a la paz pública’ y ‘ultrajes’ son únicamente utilizados para criminalizar a manifestantes, con la connivencia del Poder Judicial del Distrito Federal”.
“Desde el Frente estamos en consonancia con la exigencia de la CDHDF de derogar estos tipos penales”, agregó.
Las organizaciones sostuvieron que es preocupante que existiendo evidencia sobre un número mayor de víctimas, sobre todo en la movilización del 2 de octubre de 2013, de casos de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, y detenciones arbitrarias, “no hayan sido tomados en la recomendación correspondiente”.
“Asimismo, a pesar de que un grupo de observadores de derechos humanos claramente identificados fue agredido por policías y que esto fue documentado por la CDHDF, no se consideró violado el derecho fundamental a la defensa de derechos”, agregaron.
El documento destaca además, que no se observa una línea de continuidad respecto a la recomendación 7/2013 que corresponde a las violaciones a derechos humanos cometidas en el contexto de las manifestaciones del 1 de diciembre de 2012.
“En efecto, hacen falta puntos recomendatorios emitidos el 10 de abril de 2013 por la CDHDF que guardan relación con el patrón de violaciones documentado en protestas llevadas a cabo durante 2013 y 2014”, agrega.
En este contexto, el Frente hace “un llamado a la Secretaría de Seguridad Pública, a la Procuraduría General de Justicia, al Tribunal Superior de Justicia, la Consejería Jurídica y de Servicios Legales y la Asamblea Legislativa, todas del Distrito Federal, a que acepten y cumplan las recomendaciones y establezcan las garantías necesarias de no repetición, a fin de recuperar las condiciones democráticas y las expresiones de disenso en la Ciudad de México, haciendo del espacio público un campo de participación y expresión política de la ciudadanía”.
En el mismo sentido, agrega, “resulta necesario que la CDHDF cumpla integralmente con su papel de garante de los derechos humanos de las personas que habitan y transitan por el Distrito Federal siendo diligente y proactiva en el seguimiento de estas recomendaciones, así como aquellas emitidas con anterioridad, mismas que dan cuenta del patrón de violaciones al derecho a la protesta social. Sólo así será un contrapeso efectivo a favor de la vigencia de los derechos de las personas en la capital del país”.
“Sin protesta no hay democracia”, finaliza.
La CDHDF documentó en las movilizaciones del 10 de junio y 2 de octubre de 2013, así como 22 de abril de 2014, abusos contra personas que nada tenían que ver con acciones de violencia, “sólo pasaban por ahí o ejercían su derecho de manifestación”, detalló la Ombudsman nacional Perla Gómez Gallardo, el pasado lunes.
Subrayó que cuando se detenga a personas que efectivamente hayan cometido algún delito, será respetuosa pero insistirá en que los procedimientos se ajusten a la ley y se respeten los derechos humanos de los aprehendidos.
Gómez Gallardo precisó que las recomendaciones 9/2015, 10/2015 y 11/2015 presentadas este lunes, “acreditaron violaciones al derecho de manifestación, en relación con la libertad de expresión y el derecho de reunión, así como al derecho a la libertad personal y al debido proceso”, entre otros rubros.
De ahí que se recomendó a la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSPDF), revisar los Protocolos de Actuación Policial para el Control de Multitudes y para la Detención de Probables Responsables en el Sistema Penal Acusatorio.
Asimismo planteó que se realice la reforma policial (cuyo antecedente se encuentra en la Recomendación 7/2013) y recomendó a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) que destine la partida presupuestal correspondiente.
Propuso también la reparación del daño, que incluya el pago de indemnizaciones tanto de la Policía como del Poder Judicial local, así como el inicio de procedimientos de responsabilidad a funcionarios que hayan actuado indebidamente en estos casos.
Como parte de la integración de las recomendaciones, detectó un posible abuso en el uso del tipo penal denominado “Ultrajes a la autoridad”, que consideró “ambiguo y abierto, carece de certeza sobre los elementos de la conducta punible y genera inseguridad jurídica”.
En ese sentido instó a la Asamblea Legislativa a que lo derogue, al igual que el tipo penal de “Ataques a la paz pública” contemplados en los artículos 287 y 362 del Código Penal del Distrito Federal, “por los alcances y empleo que se les han dado”.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/18-09-2015/1491355.
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