En un informe publicado este miércoles, el colectivo destaca que desde el 1 de diciembre de 2012 impera “un escenario peligroso de retroceso en las libertades democráticas en México”, y el gobierno ha respondido con agentes antimotines, detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza o la inculpación de manifestantes por delitos graves.
Desde julio de 2014, el Frente ha documentado 16 actos de represión en distintas entidades federativas, sobre todo en el Distrito Federal, Puebla, Quintana Roo y Baja California, y denuncia que varios gobiernos promulgaron leyes con el objetivo de controlar las manifestaciones, limitar la libertad de expresión y de reunión, y criminalizar la protesta social.
“La protesta pública es la manifestación más visible de una situación que no ha sido atendida o resuelta eficazmente”, plantea el informe, y lamenta que en vez de elevar a la agenda pública las razones que motivan las manifestaciones, el gobierno federal “mantiene una posición reacia que niega de forma reiterada la gravedad de las circunstancias por las que atraviesa el país”.
Añade: “La realidad –contundente e incontenible– se hace presente en las calles y plazas públicas: impunidad, corrupción, violencia, despojos de bienes comunes, tortura, desaparición forzada, por mencionar algunos temas”.
Entre las acciones represivas documentadas desde julio del año pasado por las organizaciones que integrante el Frente, entre ellas Artículo 19, Fundar y el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez, destaca el violento desalojo de los pobladores de Chalchihuapan, en Puebla, que desembocó en la muerte de un menor de edad.
Asimismo, la represión de las manifestaciones realizadas en el Distrito Federal para solidarizarse con los familiares de los 43 normalistas de Ayoztinapa desaparecidos, o la detención masiva de jornaleros de San Quintín, en Baja California.
Durante las marchas por Ayotzinapa efectuadas el 8 y el 20 de noviembre del año pasado se documentaron “detenciones arbitrarias, procesamientos injustos, falseamiento de pruebas y uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades”, precisa el informe, y sostiene que al dispersar de manera violenta el Zócalo capitalino, los granaderos detuvieron a personas en las calles aledañas y las trasladaron a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO).
En esa dependencia, donde se investiga a presuntos integrantes del crimen organizado, las autoridades inculparon a los detenidos, muchos de ellos estudiantes, por delitos particularmente graves, como “terrorismo” o “ataques a la paz pública”.
En su texto, el colectivo reprueba que las autoridades empleen de “forma reiterada” esos conceptos ambiguos en términos legales para criminalizar la protesta social, así como a los activistas y líderes de movimientos.
De igual manera, lamenta que las propias autoridades asocien las manifestaciones con el desorden y califiquen a sus participantes como vándalos o delincuentes, discurso que es retomado en los medios de comunicación.
Finalmente, las organizaciones repudian el endurecimiento de legislaciones estatales respecto de las protestas, en las que se justifica el uso de mano dura contra los movimientos sociales y ahogan sus demandas.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: MATHIEU TOURLIERE.
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