Entre las primeras acciones tendrá atraer el informe anual de la cuenta pública 2014, emitido por el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF) que reportó que el gobierno de Guillermo Padrés sobreejerció recursos públicos por una cantidad superior a los 12 mil 450 millones de pesos el año pasado.
Al frente de esta procuraduría Pavlovich nombró al abogado Odracir Espinoza Valdez, quien tendrá la encomienda de documentar las denuncias de cohecho, peculado y enriquecimiento ilícito interpuestas contra los servidores públicos de las anteriores y presentes administraciones estatales y municipales.
La gobernadora dijo que esta dependencia se creó en atención al reclamo ciudadano en materia de transparencia, austeridad y eficiencia a la hora de ofrecer igualdad y castigo a los responsables.
“Tiene una responsabilidad histórica de recobrar la confianza de los ciudadanos y generar el cambio demandado por los sonorenses”, expresó.
Para la creación de esta Fiscalía se reformó el reglamento de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) y los cambios fueron publicados este lunes en el Diario Oficial del Estado.
Espinoza Valdez prometió acabar con la impunidad a partir de la creación de esta Fiscalía, una institución fortalecida para combatir la corrupción.
“Ya acabó el tiempo de los intocables, de la justicia selectiva que es implacable para los que menos tienen, que es ciega, sorda y muda en una era en la que un acto de corrupción representa una carta de mercadeo político, sin el mayor pudor”, advirtió el fiscal.
El organigrama de esta institución establece que acompañarán al titular, un director general a cargo de 21 investigadores y 21 auditores forenses; tres ministerios públicos, seis secretarios de acuerdos y seis secretarias auxiliares, para un total de 85 servidores.
De acuerdo con palabras del recién nombrado fiscal, esta institución no cuenta con un presupuesto asignado, por lo que compartirá fondos de la Procuraduría estatal durante el resto de este año.
En el Informe de Resultados a la revisión de la Cuenta Pública Estatal 2014, en poder de Apro, el ISAF detectó 3 mil 126 irregularidades, de las que mil 726 fueron solventadas y restan por justificar mil 295.
También queda por resolver la “fuga” del extesorero de Nogales, quien desapareció 60 millones de pesos y el peculado de 14 millones en el que supuestamente incurrió el exalcalde, Vicente Terán.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: MILTON MARTÍNEZ
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