VILLAHERMOSA, Tab: Organismos civiles y religiosos defensores de migrantes pidieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que no queden impunes los abusos del Plan Frontera Sur del gobierno federal.
La CIDH, encabezada por el comisionado Felipe González e conformada por Deborah Benchoam y Álvaro Botero Navarro, integrantes de la Secretaría Ejecutiva del organismo, se reunieron con representantes de las ONG en el hogar-refugio para personas migrantes La 72, localizado en el municipio de Tenosique, Tabasco.
Previamente, por la mañana, sostuvieron un encuentro con el gobernador Arturo Núñez y su gabinete de seguridad, en la residencia oficial Quinta Grijalva.
A través de su cuenta de Twitter, La 72 informó que en el primer semestre del año documentó 12 muertes de migrantes centroamericanos por el endurecimiento de acciones contra extranjeros sin papeles, como consecuencia del Plan Frontera Sur.
“El Plan Frontera Sur debe acabar y generar justicia para las víctimas. No puede quedar impune lo que provocó”, exigió La 72 en la reunión con la CIDH, a la que también asistieron representantes de Movimiento Migrante Mesoamericano y el Centro de Derechos Humanos Fray Matías, entre otras organizaciones.
El Centro Fray Matías denunció ante los enviados del organismo regional “la dramática situación de los menores migrantes en México”, la cual arreció con la puesta en marcha del Plan Frontera Sur.
En agosto, el senador priista Humberto Domingo Mayans Canabal renunció a la coordinación del Plan Frontera Sur y regresó a su escaño. En julio de 2014 había asumido el cargo.
Durante ese periodo, en la frontera con Tabasco se aseguraron 100 mil migrantes, quienes fueron retornados a sus países de origen, principalmente Honduras, Guatemala y El Salvador.
Los organismos no gubernamentales denunciaron ante la CIDH que con el Plan Frontera Sur se impide a los migrantes subir al ferrocarril de carga conocido como “La Bestia”, lo que les obliga a buscar rutas más peligrosas para llegar al norte del país y luego a los Estados Unidos, haciéndolos víctimas de la delincuencia organizada.
A finales de junio, nueve guatemaltecos perdieron la vida en el municipio tabasqueño de Jalapa al derrapar la camioneta en la que viajaban sobre un puente y caer al río, durante una persecución para detenerlos.
A su arribo a Tabasco, la misión de la CIDH se reunió en privado con el gobernador Arturo Núñez y su gabinete de seguridad, en la que participaron también funcionarios de las secretarías de Gobernación (Segob) y Relaciones Exteriores (SRE).
De acuerdo con un comunicado oficial, se revisaron temas relacionados con la situación general de los derechos humanos en Tabasco, la política migratoria en la frontera sur y la protección de los derechos de los migrantes en su paso por el estado.
El caso más importante que indaga la CIDH en Tabasco es el de la posible ejecución extrajudicial de los presuntos secuestradores Sagrario Negrete Marín y Daniel Tadeo de la Cruz Martínez, bailarina y mesero del bar La Doña de esta capital, ocurrido el 14 de agosto.
Ambos fueron detenidos y fotografiados vivos sobre una patrulla de la policía estatal y posteriormente fueron hallados muertos, con el tiro de gracia, entre el monte.
Sagrario y Daniel Tadeo formaban parte del grupo de seis presuntos delincuentes que intentaron secuestrar a un hombre en el centro de Villahermosa y, al no lograr su objetivo, huyeron en un Jetta rojo luego de abandonar una camioneta.
La policía los persiguió y en el camino los fugitivos asesinaron a dos agentes que les marcaron el alto. Finalmente, tres pistoleros fueron abatidos sobre la carretera al municipio de Cárdenas.
Sagrario y Daniel Tadeo fueron arrestados vivos, igual que la única sobreviviente, Virginia García Gervasio, quien se encuentra internada en el Centro de Reinserción Social del Estado (Creset).
El 25 de agosto, el fiscal general Fernando Valenzuela Pernas anunció que la CIDH había iniciado una investigación de oficio sobre la presunta ejecución de la bailarina Sagrario Negrete y el mesero Daniel Tadeo.
Además, que el organismo regional que había dado un plazo de 20 días para que la FGE informara sobre el avance de las diligencias sobre este caso, las cuales se les hizo llegar antes de cumplirse la fecha.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ARMANDO GUZMÁN.
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