En entrevista con apro, María Dolores Talamantes, madre de ‘El Canicón’, relató que antes de que le fuera entregado el cuerpo, la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) le hizo firmar un documento donde le prohibieron realizar una segunda autopsia.
“Ni siquiera nos permitieron revisar el cadáver”, subrayó la madre de Nájera Talamantes, quien falleció el lunes 7 en el penal de máxima seguridad del Altiplano, donde fue internado desde el 25 de marzo de 2009 en calidad de procesado con la causa 36/2009 del Juzgado 1º de Distrito en el Estado de México por delitos contra la salud (posesión de clorhidrato de cocaína), delincuencia organizada, acopio de armas, portación de arma de fuego y posesión de cartuchos, ambos de uso exclusivo de las fuerzas armadas (con auto de formal prisión firme).
“Oficialmente me dijeron que mi hijo murió de bronco aspiración, pero nosotros intentamos que un perito independiente lo revisara y le hiciera una segunda autopsia”. Eso no fue posible, apuntó.
María Dolores Talamantes acudió a la ciudad de México para recuperar el cuerpo de su hijo, pero las autoridades de la Procuraduría General de la República (PGR), dijo, no lo querían entregar. “En el Semefo (Servicio Médico Forense) nos hicieron esperar muchas horas. A las cinco de la madrugada llegaron muchas personas que continuaron revisando el cadáver”.
Destacó que una mujer que se identificó como miembro de la SEIDO les hizo “firmar un papel para que no tocáramos el cuerpo para nada. Mi nuera firmó el documento, porque ya queríamos que nos lo entregaran para enterrarlo”.
Según la madre de ‘El Canicón’, su hijo pudo haber sido envenenado, ya que no tenía ningún problema de salud y hacía ejercicio en la cárcel. Incluso sus abogados le dijeron que pronto podría abandonar el Altiplano, debido a que las autoridades no pudieron comprobar algunos crímenes por los que fue acusado.
La mujer también denunció que los militares acosaron a la familia e incluso, dijo, filmaron a las personas que acudieron al cementerio para darle el último adiós a Sigifredo Najera Talamantes.
“Se metieron a la funeraria. Grabaron con una cámara a todas las personas que me estaban acompañando en el último adiós a mi hijo, no les importó nada, no respetaron nada. No hubo respeto ni para la Iglesia. Los soldados corrieron detrás del cortejo como si fuéramos delincuentes, se metieron hasta el interior del recinto, mientras se desarrollaba la misa de cuerpo presente”.
Dolores Talamantes dijo estar consciente de que ‘El Canicón’ fue reclutado por un miembro de la delincuencia organizada, pero lo único que quería, agregó, era “darle el último adiós a mi hijo, quien estaba sano, no sufría ninguna enfermedad”.
Sigifredo Nájera Talamantes cursó la primaria en esta ciudad y posteriormente sus hermanos mayores se lo llevaron a Dallas, Texas, donde estudió la secundaria y parte de la preparatoria, que no concluyó porque se regresó a México.
A Monterrey arribó en 2006, enviado como jefe de plaza por Miguel Ángel Treviño Morales, ‘Z40, quien lo reclutó para que se sumara a Los Zetas.
En enero de 2009 se registró un enfrentamiento en una calle de la exclusiva zona del fraccionamiento Country, donde un grupo de militares intentó detenerlo. En la casa donde vivía localizaron su credencia de elector y por primera vez supieron que se trataba de un joven de unos 28 años de edad.
Lo responsabilizaron de lanzar una granada y disparos contra el Consulado de Estados Unidos en Monterrey y contra las instalaciones de Televisa en esta ciudad.
También lo acusaron de la muerte de nueve militares, algunos de ellos oficiales de los llamados “Perros de Oreja”, miembros de los Órganos de Información de Región (GIR), de la Sección Segunda del Ejército Mexicano.
El 20 de marzo de 2009 ‘El Canicón’ fue detenido en el exclusivo fraccionamiento San Patricio de Saltillo, Coahuila, gracias a información proporcionada por la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), según documentos filtrados en el portal de WikiLeaks.
En su edición del pasado 28 de febrero, la revista Proceso publicó un reportaje de la periodista Anabel Hernández, en el que dio a conocer que el 25 de ese mes, tres días después del primer aniversario de su reaprehensión, Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán y 139 presos más del Altiplano sumaron fuerzas y denunciaron ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) presuntos malos tratos y venta de prebendas por parte del director técnico del penal, Librado Carmona García.
Entre los quejosos, además del Chapo, estaban su hermano Miguel Ángel Guzmán Loera; Edgar Villarreal, ‘La Barbie’; los viejos capos Miguel Ángel Félix Gallardo y Pedro Díaz Parada; Rogaciano Alba; Ramón Alcides Magaña, ‘El Metro’; Javier Torres Félix, ‘El JT’; así como sus otrora enemigos Héctor Beltrán Leyva; Mario Alberto Cárdenas Guillén, hermano de Osiel, exlíder del Cártel del Golfo; Teodoro García Simental, exlugarteniente de los hermanos Arellano Félix, del Cártel de Tijuana, y Sigifredo Nájera, ‘El Canicón’.
Posteriormente, el 24 de agosto, el diario ‘Reforma’ publicó un desplegado firmado por varios narcotraficantes, entre ellos ‘El Canicón’, donde denunciaron diversas violaciones a sus derechos humanos, luego de que Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán logró evadirse, el 11 de julio anterior.
Los quejosos señalaron que a iniciativa del director en jefe de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, Tomás Zerón, declararon todo lo que sabían sobre lo que aconteció días previos a la fuga de Guzmán Loera, señalando a los funcionarios involucrados en el escape.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JUAN ALBERTO CEDILLO.
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