No obstante, la sombra de los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero, la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, persigue al Ejército mexicano porque el ataque fue conocido e incluso presenciado por soldados y oficiales, como lo ha documentado la revista Proceso en varias de sus ediciones.
Este lunes, el diario ‘El País’ difundió una nota en la que destaca las declaraciones del teniente Joel Gálvez y del soldado Eduardo Mota, que revelan cómo el 27 Batallón de Infantería destacamentado en Iguala y su cuartel general en Chilpancingo recibieron información de primera mano del atentado contra los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinpa, en el que seis personas fueron asesinadas, tres de ellas normalistas.
Pese a ello, el Ejército mantuvo la distancia y dejó que la Policía Municipal, un apéndice del narco, detuviese a los jóvenes. “No te acerques mucho ni te arriesgues”, llegó a decirle un oficial de inteligencia a un agente en uno de los ataques, según el diario.
Las declaraciones de Gálvez y Mota a la Procuraduría General de la República (PGR), añade, muestran el conocimiento que tuvo la inteligencia militar de la tragedia. Un convulso episodio en el que la Policía Municipal, a las órdenes del Cártel de Guerreros Unidos –apunta– desató una persecución que sumió a Iguala en el caos.
Durante la caza, dos estudiantes murieron a balazos, otro fue desollado, y tres personas ajenas a los hechos fueron tiroteadas al ser confundidas con normalistas. Todo, sin que los militares intentaran impedirlo.
El flujo de información, destaca ‘El País’, partió del denominado C-4, un sistema de coordinación de seguridad en el que también participaba la policía estatal y federal. Allí, un sargento mantenía al tanto al oficial de inteligencia, quien a su vez ponía en conocimiento de la espiral de violencia a su superior, el coronel José Rodríguez Pérez, y al cuartel central de la 35 zona militar, al mando del general Alejandro Saavedra Hernández.
El teniente Gálvez, según su relato, recibió al menos nueve llamadas. En la primera, el oficial ordenó al soldado Mota, encargado de comunicaciones y encriptación, acudir a uno de los focos de tensión, a pocos metros de la central de autobús.
Allí la Policía Municipal rodeaba un transporte repleto de normalistas e intentaba someterlos mediante gases lacrimógenos y amenazas: “¡Si no bajan, les irá peor!”, les gritaban. Los que se rendían quedaban tendidos boca abajo. Era su sentencia de muerte. Este contingente de detenidos acabaría siendo entregado a los sicarios, puntualiza el diario español.
El agente de inteligencia tomó fotos y, tras ser conminado por su teniente a no acercarse, regresó a su batallón. A partir de ese momento se sucedieron las llamadas del C-4 y también las peticiones de ayuda de ciudadanos.
Los militares, bajo órdenes del coronel, empezaron a patrullar la ciudad. Acudieron a los sitios donde se habían refugiado por decenas los normalistas, y en el Hospital General y la Clínica Cristina se toparon con heridos graves, algunos al borde de la muerte, y escucharon los relatos del terror.
En su recorrido encontraron varios cadáveres. Primero, dos estudiantes tiroteados a quienes ni siquiera se acercaron. Luego, los tres acribillados en el ataque al autobús del equipo de fútbol Los Avispones, que la Policía Municipal confundió con normalistas. Yal alba, las primeras luces descubrieron el rostro desollado y sin ojos del estudiante Julio César Mondragón. Esa noche desaparecieron 43 normalistas.
De acuerdo con el exprocurador general de la República, Jesús Murillo Karam, y el secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, la ley impide a los militares actuar fuera de sus cuarteles si no es bajo petición de la autoridad civil, pero no ocurrió así esa noche.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
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