Rafael Cabrera, Daniel Lizárraga, Irving Huerta, Sebastián Barragán y Gustavo Varguez, bajo la coordinación de Carmen Aristegui, hicieron una meticulosa, exhaustiva y cuidada investigación, que exhibió no sólo a un Presidente y su esposa, favorecidos con apoyos y regalos de poderosas empresas para ampliar sus patrimonios inmobiliarios, sino un caso evidente de un sistema de colusión que prevalece en diferentes niveles de gobierno, en el que se reciben beneficios a cambio de licitaciones a modo o jugosos contratos con proveedores de obras y servicios.
Apoyados en decenas de solicitudes de información, en investigación de campo y entrevistas, el que fuera el equipo de la Unidad de Investigación de Noticias MVS construyó así una historia muy bien documentada que puso en entredicho las promesas anticorrupción de un gobierno que se ufanaba en el mundo de “mover a México” y fortalecer nuestra democracia mediante un conjunto de históricas reformas estructurales. La publicación del reportaje nos dio una muestra de las enormes contradicciones del gobierno.
El Premio Nacional de Periodismo lo otorga un jurado integrado por periodistas y académicos, que son propuestos por las Universidades, fundaciones, cámaras y asociaciones civiles que forman parte de su Consejo Ciudadano. A diferencia de lo que sucedía antes del nuevo siglo, en el jurado ya no participa el gobierno. Se acabaron desde 2001 los tiempos en los que funcionarios públicos aprovechaban la entrega de estos premios para autoelogiarse por todo lo que hacían a favor de la libertad de expresión y para premiar a periodistas y medios de comunicación amigos.
La independencia del jurado para evaluar y premiar hizo posible que un reportaje que afecta intereses políticos y económicos muy poderosos fuera reconocido. Antes, hubiese sido casi imposible.
No obstante sus indiscutibles aportaciones, el reportaje fue subestimado por funcionarios gubernamentales, como era de esperarse, pero también por colegas (lo que tampoco es extraño). Particularmente un columnista de El Universal, Salvador García Soto, sembró la idea de que lo publicado por Aristegui Noticias y otros medios fue producto de la filtración de un expediente. Y le achacó la autoría al exJefe de gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard.
Afirmar que el reportaje no era una investigación propia, sino una estrategia política para afectar la imagen del presidente y su familia, tuvo el objetivo de poner en duda el valor del trabajo periodístico, desviar un caso de interés general y dañar la imagen de los periodistas que se habían “atrevido” a poner en duda la honorabilidad de Peña Nieto y su esposa. Es decir, se quiso convencer a los lectores y la audiencia que Aristegui y su equipo eran sólo un instrumento de Ebrard y su grupo político frente al proceso electoral de 2015. Que ese era el tema y no lo otro.
Ante el señalamiento de que los documentos del reportaje fueron filtrados, en mi papel de Ombudsman de Noticias MVS acudí a la oficina de la Unidad de Investigación que dirigía Aristegui para verificar si García Soto tenía razón. Uno a uno los revisé y pude corroborar que muchos de los documentos se obtuvieron con base en solicitudes de información, aprovechando los beneficios de la ley de transparencia. Las fechas coincidían, al igual que los sellos. También los nombres de los reporteros que hicieron las peticiones y así lo hice saber a la audiencia de la emisora.
Al revisar esa enorme cantidad de información, me di cuenta que se estaba frente a un rompecabezas de datos, oficios, dictámenes, títulos de propiedad, planos y más que los reporteros fueron armando con paciencia, oficio y rigor periodístico. Toda afirmación o exposición de información siempre estuvo sustentada con documentos oficiales. No había manera de restarle méritos a una investigación real, auténtica. Y aún si se hubiese filtrado algún dato o documento, esto no afectaba en ningún sentido las enormes aportaciones que vio en este trabajo el jurado del Premio Nacional de Periodismo.
Vueltas que da la vida: los ganadores del Premio Nacional de Periodismo en la categoría más competida, meses antes fueron despedidos por Noticias MVS. Esta historia es de sobra conocida, pero aún nos preguntamos si este reportaje fue la razón del acoso y salida de Aristegui y de prácticamente todo el equipo que colaboraba en la primera emisión. En su colaboración en Reforma (4 de septiembre 2015), Aristegui afirma que fueron expulsados “de la peor manera posible, del espacio” en el que desarrollaban su tarea “precisamente por realizar ese y otros trabajos de investigación periodística”.
Ayer, en el mismo diario, el director de Noticias MVS, José Antonio Vega, publicó una réplica, en la que asegura que la relación laboral con Aristegui terminó por el uso de recursos de la empresa sin autorización para ello. “Nada más, pero nada menos”.
¿Cuál versión resulta más convincente para la sociedad? Frente a lo ocurrido con muchos casos, como la “verdad histórica” de Ayotzinapa que defendieron a capa y espada algunos medios y periodistas, la respuesta es previsible. Y paradoja: los expulsados fueron premiados. Quienes los despidieron no logran reponerse de las críticas y señalamientos de una audiencia que se sintió también agraviada por estos despidos.
Lo que hicieron los autores del reportaje es inspirador para muchos periodistas o aspirantes de esta profesión, pero al mismo tiempo decepcionante. Ser reconocidos nacional e internacionalmente por hacer una investigación reveladora sobre los conflictos de interés del presidente de la República y demostrar en los hechos la importancia social del periodismo, debe ser muy gratificante. Sin embargo, sobre todo entre los estudiantes de periodismo, queda la sensación que quien hace periodismo en serio asume un riesgo mayor, desde ser despedido hasta perder la vida. Y no sólo eso: el buen periodismo puede inhibirse si no hay medios dispuestos a compartir ese propósito.
Pese a la adversidad, hay periodistas y medios sin cuya labor habrían pasado inadvertidas prácticas tan nefastas como lo ocurrido alrededor de la “casa blanca”. Se dirá que de poco sirve ante un andamiaje administrativo y legal que facilita la corrupción (o sea, la investigación de la Secretaría de la Función Pública sobre el conflicto de interés del Presidente y Angélica Rivera), pero las revelaciones periodísticas hacen un aporte fundamental: fortalecen el derecho a saber de la sociedad e inciden en la agenda nacional para impulsar los cambios políticos y regulatorios necesarios en un país que le ha costado mucho transitar a la democracia.
Lo mismo podría decirse de la labor de algunos organismos internacionales. Sin su apoyo, la sociedad mexicana se habría quedado, por ejemplo, con una equívoca versión “histórica” de lo ocurrido con los estudiantes de Ayotzinapa. Y sin la participación de la ciudadanía (actor fundamental para que en este caso la OEA investigara los hechos), de los expertos independientes (que con sus conocimientos demuestran científicamente lo posible) y los periodistas profesionales (que no se conforman con las versiones oficiales y ante todo velan por el interés general), nuestro país estaría peores circunstancias; sí, en peores.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: GABRIEL SOSA PLATAS.
LINK: http://www.sinembargo.mx/opinion/08-09-2015/38980
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