Al finalizar una visita de trabajo que realizó junto con la eurodiputada Ska Keller, para revisar los avances en la investigación del homicidio de los activistas en San Juan Copala, Oaxaca, la parlamentaria dijo que en ambos casos falta una debida investigación, pero también está el ejemplo de lucha de las familias por encontrar justicia.
En entrevista con Apro, Satu Hassi –quien concluyó su cargo en el Parlamento Europeo (PE) y ahora es legisladora en Finlandia– señaló que si el gobierno mexicano hubiera sancionado casos de alto perfil como el de su compatriota Jyri Jaakkola y la directora del Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos (Cactus), Bety Cariño, habría menos posibilidades de cometer crímenes similares.
Desde 2011 Satu Hassi y Ska Keller, ambas del Grupo de los Verdes, se reúnen con funcionarios mexicanos, de Oaxaca y del ámbito federal, para revisar el avance de las indagaciones del crimen. No obstante, hasta ahora los hechos siguen impunes.
Al respecto, la parlamentaria señaló: “Si se sabe que hay castigo, eso es un obstáculo, un freno para quienes planean un asesinato, pero si se sabe que en México se puede (asesinar), eso cambia la posibilidad de que se cometa el crimen”.
De acuerdo con la diputada, entre Ayotzinapa y el homicidio contra los dos activistas en Oaxaca hay tres paralelismos “muy claros”: el primero fue la omisión de las autoridades para proteger la vida de los ciudadanos, tanto de los 43 estudiantes como de Cariño y Jaakkola, quienes iban en una caravana humanitaria a San Juan Copala.
Según la información que tiene Hassi, en el caso Ayotzinapa hubo una balacera y la policía no respondió a ese incidente, e incluso hay indicios de que las autoridades sabían de lo sucedido desde el primer momento, mientras que en Copala el entonces gobernador Ulises Ruiz tampoco intervino para proteger a la caravana.
La segunda similitud son las faltas cometidas durante la indagatoria: que en la desaparición de los estudiantes hubo pérdida de evidencias, mientras que el caso de Copala pasó un día entre los hechos y las indagaciones, lo que provocó la alteración de la escena del crimen.
La parlamentaria sostuvo que de acuerdo con el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI), de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que da seguimiento al caso Ayotzinapa, se registraron irregularidades en las evidencias, por ello y ante la relevancia del caso este informe se presentará el próximo año ante el PE.
La tercera coincidencia en ambos hechos criminales es que las familias y sus abogados son quienes buscan la verdad, ya que ellos son quienes recopilan pruebas y testimonios y no las autoridades, incluso fue gracias a la presión de las familias que se conformó el GIEI, que “demostró que la verdad oficial no era tal”.
Satu Hassi indicó que por lo menos en el caso Ayotzinapa hay una esperanza gracias al GIEI, sin embargo lamentó que para Jyri y Bety no haya progreso en las investigaciones, y más bien pareciera que no hay disposición de las autoridades para analizar las evidencias recopiladas por la familia, pues han pasado cinco años con cinco meses y ninguna persona ha sido juzgada por el homicidio.
Además lamentó que para que un crimen sea investigado tenga que presentarse ante instancias internacionales, cuando deberían ser las propias autoridades mexicanas las que brinden justicia o implementen acciones básicas como proteger a los testigos para que puedan declarar, o girar órdenes de aprehensión y cumplirlas.
Finalmente, Hassi recalcó que Enrique Peña Nieto se comprometió con el gobierno finlandés a resolver el caso de San Juan Copala, por lo que aseguró que falta demostrar que esos compromisos son reales.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ANAYELI GARCÍA MARTÍNEZ.
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