La opacidad de la Procuraduría de Justicia del Estado ha obligado a los familiares a hacer sus propias cuentas. A decir de Hidalgo, la organización se basa en el Informe de Misión a México. Grupo de trabajo de la ONU sobre las desapariciones forzadas o involuntarias.
La activista, madre de Roy Rivera –desaparecido por secuestro–, dice que en el citado documento, que se presentó en 2011, se estima que sólo se denuncian dos de cada 10 casos de ese ilícito, es decir, que existe una cifra negra de 80%.
Recuerda que en los últimos años el gobierno de Nuevo León ha mencionado, de manera imprecisa, un estimado de mil desaparecidos (aunque a veces se refiere a 900). Si a éstos se añaden los casos que ella conoce y no han sido denunciados, el saldo se acerca a 10 mil.
Añade que además de los casos no denunciados, los crímenes y desapariciones cometidos contra los migrantes no figuran en las estadísticas de la autoridad. En consecuencia, los datos que da a conocer el gobierno nuevoleonés al respecto son muy imprecisos y generan dolor entre los familiares de los desaparecidos, así como revictimización.
Esto contrasta con las cifras oficiales y de otras organizaciones civiles.
Fue en 2011 la primera vez que Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. (CADHAC), junto con la Agrupación de Mujeres Organizadas por los Ejecutados y Desaparecidos de Nuevo León (Amores), se reunieron con funcionarios de la Procuraduría de Justicia de Nuevo Lleón, entonces encabezada por Adrián de la Garza Santos, hoy alcalde electo de Monterrey.
En los años siguientes hubo encuentros similares para que los familiares aportaran información sobre los casos y los expedientes fueran reactivados. La primera reunión fue pionera a nivel nacional. No había otras con ese formato entre autoridades estatales y allegados a los desaparecidos.
El pasado 28 de agosto se realizó la reunión número 23, la última con funcionarios de la administración de Rodrigo Medina de la Cruz. A partir del 4 de octubre inicia el sexenio de Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, y CADHAC espera que la misma dinámica continúe con el próximo mandatario.
Al finalizar esa junta de trabajo, la hermana Consuelo Morales Elizondo, presidenta de CADHAC, dio a conocer cifras recabadas desde 2009: en esos seis años se denunció la desaparición de 967 personas, de las cuales fueron localizadas 142: 60 vivas y las demás identificadas por su perfil genético. Es decir, 825 de esas personas no han sido localizadas.
En el mismo periodo, dijo Morales Elizondo, se revisaron 219 expedientes. Como parte de las indagatorias por esos delitos fueron consignadas 63 personas, de las cuales 18 eran policías o agentes de tránsito. Hubo 12 sentencias condenatorias.
Asimismo, informó que la procuraduría estatal le había compartido información sobre los hallazgos de desaparecidos en el municipio de Salinas Victoria, 25 kilómetros al norte de Monterrey. Según la activista, desde 2011 la autoridad encontró en el rancho Las Abejas 31 mil restos humanos que habían servido para identificar 31 personas mediante el cruce de información de ADN.
La revelación generó revuelo nacional. La procuraduría tuvo que sacar un boletín aclaratorio que varió poco la información: dijo que los restos eran 30 mil, no dio datos más precisos.
Al día siguiente, Fundenl emitió un comunicado para señalar que los datos de Las Abejas ya eran antiguos, y reprochó a la procuraduría y a los medios de comunicación la ligereza con que manejaron las cifras. Indicó:
“La tragedia humanitaria que vive Nuevo León por la desaparición de personas es enorme y fue ocultada y administrada por el gobierno de Rodrigo Medina y organizaciones afines. Las víctimas pueden llegar a 10 mil personas por los casos no denunciados y si se toma en cuenta a la población migrante.
“Una de las prioridades que se le plantearon al nuevo gobierno es que se debe contar con un registro confiable del número de personas desaparecidas en el estado”.
La asociación civil recordó que en julio de 2014, cuando la procuraduría nuevoleonesa encontró predios con restos humanos, Fundenl solicitó información y ésta le fue negada por el entonces encargado de la dependencia, De la Garza Santos, con el argumento de que las familias “no tenían interés jurídico”.
Pese a esta postura del procurador, los familiares averiguaron que desde 2011 se había trabajado en Salinas Victoria y en Sabinas Hidalgo.
En cambio –prosiguió Fundenl– hay decenas de áreas, no tan extensas como las de los municipios mencionados, donde se han ubicado restos humanos sin que la procuraduría los analice, por falta de recursos.
Sin recursos
La presidenta de Fundenl reconoce, en entrevista, que no llevan la cuenta de los casos que les han dado a conocer de manera aislada las personas que sospechan de la desaparición forzada de algún familiar. La asociación no tiene la infraestructura para ello, pues las 30 familias que la integran realizan todo el trabajo de difusión y los trámites necesarios.
“Tendríamos que estar haciendo otras cosas. Pero cuando salió lo de los 31 mil (restos humanos) todo el día tuvimos que estar dedicándole tiempo al asunto. Además tenemos que estar haciendo eventos públicos, luego buscando a nuestros hijos…
“No tenemos personal ni fondos de nadie, gastamos nuestro propio dinero en vueltas, llamadas, viajes. Ya nos hicimos asociación civil para tener la personalidad jurídica que muchas veces nos exigen.”
Aun así, hasta 2014 Fundenl consiguió registrar unos 100 casos de desaparición forzada.
Hidalgo reconoce que el actual procurador, Javier Flores, es más sensible hacia los familiares y a través de él obtuvieron una entrevista con Lourdes Chávez, coordinadora de Genética Forense de la dependencia, para que les diera información directa sobre los hallazgos.
En mayo pasado la especialista les reveló que la cifra de restos encontrados en el rancho de Salinas Victoria era de 10 mil y que habían identificado a 16 personas.
“Ahora la cifra se está multiplicando: de 10 mil a 30 mil restos y de 16 a 31 personas identificadas. Entonces ya no sé nada. Por eso creemos que desde el momento en que la procuraduría supo esta información de Las Abejas, si actuara con transparencia y se manejara profesionalmente, nada habría causado confusiones, como sucede ahora. Y es información que debe saber toda la sociedad, no sólo los familiares”, dice Hidalgo.
Búsqueda permanente
Roy Rivera Hidalgo fue secuestrado de su casa el 11 de enero de 2012. Desde entonces, su madre no deja de buscarlo.
Junto con familias de otras víctimas, agrupadas en Fundenl, Hidalgo ha presionado a la procuraduría de Nuevo León para que les permitan conocer información relacionada con los desaparecidos. Ellos han localizado lugares donde puede haber restos humanos y han emplazado a las autoridades para que los acompañen, pero han sido ignorados.
Finalmente, el procurador Javier Flores accedió a que Hidalgo acompañara al equipo forense que desde 2011 rastrea vestigios humanos en Las Abejas. Pero le advirtieron que fuera por sus propios medios y bajo su riesgo. Ella acudió con la esperanza de conocer información que condujera al paradero de Roy.
“Hice valer mi derecho de estar presente en la inspección”, señala la activista, quien acudió con un acompañante.
A la diligencia también asistió un agente del Ministerio Público, agentes del Grupo Especial de Búsqueda de Personas Desaparecidas de la Agencia Estatal de Investigaciones y el equipo forense que recabó las muestras.
En el lugar, los médicos forenses le explicaron a Hidalgo que no encontraron huesos completos, sino fragmentos.
En 2013, cuando era procurador, De la Garza Santos anunció la adquisición de un escáner para detectar restos humanos. Para febrero de 2014 el aparato ya había localizado 4 mil fragmentos de hueso o tejido en predios donde era probable encontrar cadáveres.
Sin embargo, cuando Hidalgo fue a Las Abejas, la autoridad no llevó el escáner.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: LUCIANO CAMPOS GARZA.
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