Presentada este miércoles, a unas horas del final de la actual legislatura, la demanda fue suscrita por los panistas Gina Araceli Rocha Ramírez, Yulenny Guylaine Cortés León, Sergio Hernández Torres, Petronilo Gallegos Solís y José Donaldo Ricardo Zúñiga, así como los perredistas Joel Esparza Peralta y Francisco Rodríguez García.
En su reclamo, leído en la tribuna por la diputada Gina Araceli Rocha, los denunciantes pidieron que “de acuerdo con la ley, y de ser procedente, el pleno de este Congreso se constituya en Jurado de Acusación” y que, “como medida precautoria, se aseguren bienes suficientes del C. Mario Anguiano Moreno, gobernador del estado, para garantizar que éstos no se dilapiden, y que, en caso de resultar responsable el acusado en el procedimiento, se cubra con dichos bienes la reparación del daño”.
Los quejosos estimaron que algunas conductas del mandatario son motivo de procedencia del juicio político, ya que “el escandaloso déficit financiero, las deudas que aquejan al gobierno estatal, así como las condiciones en que la nueva administración recibirá la entidad, son resultado de una serie de violaciones presupuestales que el Ejecutivo ha cometido en el sexenio en curso”.
Entre las presuntas anomalías, señalaron que “ha existido un manejo irregular por 600 millones de pesos por utilización de recursos federales en gasto corriente, bajo su administración y teniendo el mandatario conocimiento”.
Se refirieron también a las siete denuncias que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) tiene presentadas contra el gobierno de Colima ante la PGR por “la simulación de reintegros de fondos federales, desviados a otros rubros”.
Asimismo, “a lo largo de más de cuatro bimestres la inestabilidad financiera del estado se ha evidenciado en el adeudo que el gobierno mantiene con 3 mil 400 adultos mayores, a quienes el Instituto para la Atención de los Adultos en Plenitud no ha pagado la pensión alimenticia a la cual son acreedores, situación que ha minado el bienestar y la integridad de este sector vulnerable”.
Otras presuntas evidencias del desequilibrio financiero presentadas por los diputados son los constantes retrasos en el pago de la nómina y los consecuentes paros de labores de burócratas y de profesores estatales, así como el reciente despido de mil 50 trabajadores de confianza y el notable crecimiento del monto de la deuda pública de la entidad.
“La totalidad de los hechos expuestos en el presente documento —aseveraron los denunciantes— revela una violación completa del derecho de la ciudadanía a la información, ya que el Ejecutivo estatal ha mantenido en la opacidad el destino verdadero de los fondos que pertenecen a sus gobernados y que provienen, mayormente, de las contribuciones de éstos”.
Concluyeron: “Con base en todos los fundamentos anteriores, nos es posible declarar que los incumplimientos del gobierno estatal en sus obligaciones con los adultos mayores, los estudiantes becados, los trabajadores de dependencias públicas y los maestros, han demostrado, antes que nada, transgresiones a los presupuestos de egresos. Pero también se ha tratado de violaciones a los derechos ya otorgados a ciudadanos colimenses, derechos que actualmente se han ignorado en nombre de una crisis proveniente de malos manejos”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PEDRO ZAMORA BRISEÑO.
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