De acuerdo con documentos obtenidos a través de la plataforma Méxicoleaks, la dependencia adquirió ocho camionetas Jeep Cherokee –442 mil 241 pesos por unidad, sin incluir el IVA–, que fueron asignadas a Carlos Esteban Aranza Doniz, secretario de Salud, a su secretaria técnica, Luz Arlette Saavedra Romero, y al director de los servicios de salud, José Antonio Mata Hernández.
La SS estatal entregó las demás a la subdirectora de planeación y desarrollo, al titular del enlace administrativo del régimen estatal de protección social en salud, al subdirector de recursos financieros, al subdirector de recursos materiales y al coordinador de infraestructura hospitalaria.
Además, la dependencia compró una camioneta Nissan X-Trail que asignó a la delegación administrativa, y una flotilla de 51 Nissan Tsuru GSI, cuya adscripción no estaba definida hasta el pasado 6 de agosto.
Un oficio firmado por Aranza Doniz en respuesta a una amplia solicitud de información interpuesta a través del instituto de transparencia michoacano, precisa que el director del régimen estatal de Protección Social en Salud de la entidad, César Flores Gutiérrez, tiene como vehículo de función una camioneta Dodge, modelo Durango Limited 2014.
Ya ventilado en los medios locales de Michoacán, este oficio forzó a la Secretaría de Salud a desmentir que exista una falta de recursos para adquirir medicamentos y abastecer a los hospitales, de acuerdo con reportes de la prensa local fechados del pasado 21 de septiembre.
Sin embargo, el mal manejo de recursos en la dependencia no es nada novedoso; es incluso anterior a la designación de Aranza, la cual se oficializó el 27 de junio de 2014.
Al revisar la cuenta pública 2013, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) señaló un sinnúmero de irregularidades en la Secretaría de Salud de Michoacán.
Así, la ASF revisó 224 expedientes de personal y descubrió que la dependencia estatal había pagado tres millones de pesos a 15 profesionistas que carecían de cédula profesional, 12 carecían de cédula de especialidad; 138 no contaban con la constancia de no inhabilitación. Además, la SS estatal gastó 47 millones de pesos en el salario de 144 médicos que fueron asignadas a labores administrativas.
La ASF también detectó 37 “aviadores” a los que la secretaría pagó más de nueve millones de pesos sin ser capaz de localizarlos ni justificar su ausencia.
Además, a raíz de la visita de un solo almacén, ubicado en Lázaro Cárdenas, el órgano fiscalizador se percató que “el control, manejo, resguardo y entrega de medicamento es deficiente” y, más grave, que el centro “no dispone de la licencia sanitaria correspondiente, las instalaciones son inapropiadas y el personal es insuficiente”.
Los auditores repitieron la operación en 25 unidades de salud de la dependencia y retrataron una realidad desgarradora: el sistema de distribución de los medicamentos estaba opaco, los espacios para el resguardo de los medicamentos “no disponen de la licencia sanitaria respectiva”, los insumos médicos y medicamentos eran insuficientes y las recetas expeditas eran incompletas, por lo que no se surtía a los pacientes la cantidad suficiente de medicinas.
Irregularidades constantes
Estas observaciones se repitieron en otras auditorías, también efectuadas a la cuenta pública 2013: trabajadores sin cédula profesional o imposible de localizar, controles de asistencia no actualizados, medicamentos no surtidos o gastos operativos innecesarios.
Es más: los servicios de salud no contaban con normativa interna –o sea funcionan sin protocolos–, ni con un código de ética y de conducta ni menos con manuales que indiquen a los trabajadores qué hacer ante “situaciones concretas que se les presenten”.
De los más de dos mil 557 millones de pesos trasferidos al gobierno de Michoacán a través del Seguro Popular para el año 2013 que analizó la ASF, el órgano fiscalizador observó que a finales de 2013 la entidad no había devengado mil 436 millones de pesos –el 50.3% de la muestra auditada.
Asimismo, el ejecutivo michoacano sólo destinó el 7.7% de la cuota social a la compra de medicamentos –la normatividad establece que se tiene que destinar el 30% del gasto a este rubro– y los 178 mil afiliados al seguro popular –según las cifras de finales de 2014– disponían de sólo 1.3 médicos por cada mil pacientes, apenas la mitad de los 2.5 médicos por cada mil pacientes que recomienda la Organización Mundial de la Salud.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: MATHIEU TOURLIERE.
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