En conferencia, alertaron que el proyecto pondrá en peligro a “dos de los tesoros naturales más importantes de México”: la barrera coralina de Veracruz y la reserva de la biósfera de los Tuxtlas.
Debido a ello, solicitaron a la Comisión Nacional de Áreas Nacionales Protegidas (Conanp) que invite a un comité de expertos internacionales para revisar si el proyecto respeta las normas ambientales y emitir recomendaciones si no fuera el caso.
Para llevar a cabo el megaproyecto de infraestructura –que cubrirá una superficie de cerca de 910 hectáreas, el doble del puerto actual–, el gobierno federal autorizó la modificación del polígono que demarca el Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano, el mayor ecosistema de coral del Golfo de México. Además, autorizó la extracción de dos millones de metros cúbicos de roca basáltica en 52 hectáreas de la reserva de los Tuxtlas.
Las organizaciones demandantes resaltaron que esta es “una de las últimas selvas húmedas de México” –sitio vital para las aves migratorias del continente– la cual, además de su valor en biodiversidad, sirve de muro natural de protección a las comunidades de las intemperies y los huracanes.
Por la riqueza en biodiversidad que albergan y sus características únicas, agregaron, tanto el arrecife veracruzano como la biosfera de los Tuxtlas se encuentran protegidos por la ley mexicana. El primero tiene el estatuto de área natural protegida desde 1992 y la segunda está registrada como reserva de la biosfera.
“El programa de manejo de la reserva de la biosfera de los Tuxtlas prohíbe expresamente el uso de explosivos dentro del área, pero el proyecto necesita utilizarlos para extraer el material”, afirmaron las organizaciones en un documento que remitieron a varias entidades gubernamentales.
Los denunciantes añadieron que una vez terminada, la obra vulnerará el hábitat de las cinco especies de tortugas marinas que viajan cada año hacia el arrecife para reproducirse, pese a la protección internacional de la que gozan estas especies amenazadas por la actividad humana.
Ayer, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) y la Asociación Interamericana para la Defensa del Medio Ambiente (Aida), entre otros, entregaron a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y a la Comisión Nacional para las Áreas Naturales Protegidas (Conanp) una petición firmada por más de 30 mil personas para revocar la autorización en materia de impacto ambiental otorgada para reabrir la mina de explotación de piedra en los Tuxtlas.
“No dudamos que la ampliación generará empleos”, subrayó Xavier Martínez, director de la oficina del Golfo de Cemda. “La pregunta es ¿cómo?”, agregó.
En entrevista con Apro, Martínez afirmó que las áreas nacionales protegidas son “una garantía para el medio ambiente. Por lo mismo, no puede ser sacrificado de la manera en la que está siendo sacrificado”.
Emilio Rodríguez, integrante de la Asamblea Veracruzana de Iniciativa y Defensa Ambiental, lamentó que en México se considere a las áreas naturales protegidas como “bancos” de materiales y materias primas.
“No pedimos algo que no exista, sino que se cumpla con las leyes y los tratados que firmó México en materia ambiental”, insistió Alda Navarro, integrante de la Aida.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: MATHIEU TOURLIERE.
No hay comentarios:
Publicar un comentario