Al mismo tiempo, esta noche, el Fiscal de Guerrero, Miguel Ángel Godínez Muñoz, confirmó la existencia de un quinto autobús, como lo dijo el informe de los Expertos Independientes, y reveló además que Murillo karam fue informado al respecto.
“Sí tuvimos conocimiento, participamos dentro de la investigación, hay un expediente el cual se mandó a México”, dijo Godínez Muñoz.
En breve entrevista con los medios de comunicación, el Fiscal guerrerense se negó a abundar sobre las indagatorias “porque es un caso delicado”.
“Estoy por reunirme con la procuradora General de la República, todavía no hay fecha para ver la estrategia a seguir en el tema, es lo único que te podría decir por que ellos son los que llevan la investigación”, agregó.
Por otra parte, los abogados que conforman el Instituto de Justicia Procesal Penal en México destacaron que en la reacción de la Procuraduría General de la República (PGR), “en un comunicado parco” de la Procuradora Arely Gómez y la posterior defensa de la investigación del subprocurador Tomás Zerón, ven “la predecible falta de compromiso institucional con la verdad”.
Hace ya muchos años, plantearon en un comunicado oficial, que diferentes organizaciones de sociedad civil, académicos y actores del sistema de justicia reclaman investigaciones profesionales y científicas.
“Sabemos que la fabricación de casos es común y que la debilidad de la persecución penal es constantemente subsidiada por dicho sistema. Son innumerables los casos fundados en ‘confesiones’ o testigos únicos, mientras que las víctimas siguen esperando la respuesta de las autoridades”.
También refirieron que, año con año, la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) confirma la falta de confianza en la policía y el sistema de justicia.
“Los legisladores presumen leyes punitivistas que elevan las penas de los delitos y otros funcionarios públicos hacen alarde de prisiones de alta seguridad para los ‘más peligrosos’. Nada de esto ha resultado en un país más seguro ni menos impune”, expusieron.
Datos de la más reciente ENVIPE, publicados el 2 de septiembre pasado, muestran que entre los motivos que llevan a la población víctima de un delito a no denunciar están circunstancias directamente atribuibles a la autoridad, como considerar la denuncia como una pérdida de tiempo y la desconfianza que los ciudadanos tienen en los funcionarios encargados de la impartición de justicia, con 65.6 por ciento.
Por ello, el Instituto de Justicia Procesal Penal demandó públicamente que las instituciones de justicia federal “reconozcan la debilidad de la investigación realizada por la PGR; tomen en cuenta el Informe en cuestión para determinar nuevas líneas de investigación, y deslinden responsabilidades de las autoridades que hayan intervenido en la definición de la versión oficial. Todo lo anterior con el más alto respeto por el debido proceso de las personas imputadas y los derechos de las víctimas”.
Además exigió “verdad, justicia y reparación”, pues expuso:
“Todas y todos somos víctimas cuando las instituciones de los sistemas de justicia y seguridad contribuyen a la impunidad”.
La abogada Jazmín Sánchez Estrada, del Departamento de Derecho de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), afirmó que el ex Procurador Jesús Murillo Karam y todo su equipo que participó en la integración del expediente de los 43 normalistas, puede ser investigado de oficio, sin necesidad de una denuncia.
El ex Procurador está sujeto a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y debe responder por la “verdad histórica”.
“Puede ser investigado por cualquier tipo de evidencia, no sólo la del quinto autobús que no está en el expediente, sino toda la que haya sido modificada, desaparecida y alterada es objeto de responsabilidad del funcionarios que haya sido responsable de recabarla”, dijo.
Desde los peritos de la Procuraduría General de la República que sostuvieron la versión de la incineración de 43 cuerpos en el basurero de Cocula, Guerrero, hasta Murillo Karam pueden responder por el caso, afirmó.
La pena de encontrarse culpables de algún delito puede ser desde la separación del cargo, que en el caso de Murillo Karam ya no aplica, hasta las inhabilitación por una cantidad determinada de años para ser servidor público, explicó.
“El ex Procurador debió tener la sensibilidad de que era un tema muy delicado, que no podía basar su dicho en declaraciones de los detenidos. Debió primero realizar una serie de peritajes para avalarlo. La PGR queda muy mal, porque el tema no sólo puede ser de corrupción, sino la forma inadecuada en que se hacen las investigaciones, de una manera express”, planteó la abogada.
“Hoy la PGR tiene dos vías para enfrentar la mala investigación del caso: por un lado empezar de cero y asear el desaseo que dejó Karam y fincar responsabilidades al ex Procurador y colaboradores”, afirmó.
En tanto, Gabriel Regino, profesor de Criminología y Sistema Acusatorio en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), afirmó que el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos devela que es altamente cuestionable el nivel de investigación criminal en México.
El abogado penalista afirmó que el impacto más inmediato de las recomendaciones del GIEI es político y mediático, ya que refuerza la falta de credibilidad en la investigación oficial sobre lo ocurrido con los 43 estudiantes normalistas el pasado 26 y 27 de septiembre del año pasado.
Ante esta realidad, la Procuradora Arely Gómez ordenó que se realizara un tercer peritaje para analizar si son fundadas las contradicciones entre lo descubierto por los expertos internacionales y lo informado por el ex procurador Jesús Murillo Karam en enero de este año, cuando anunció la “verdad histórica” de la Procuraduría General de la República.
Sin embargo, el abogado penalista consideró que aunque el resultado del tercer peritaje confirme lo que hoy sólo son sospechas de la sociedad civil, será difícil que fincar responsabilidades a algún servidor o ex servidor público debido a que las recomendaciones del GIEI no tienen efectos jurídicos en los procesos penales que se encuentran en trámite y que la posición de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) persiste en que los 43 estudiantes sí fueron incinerados.
“Es muy probable que de ese tercer peritaje podamos empezar a obtener conclusiones si nos mintieron o no nos mintieron. Pero ese tercer peritaje solamente tendrá una vinculación ética hacia la PGR y no una fuerza de prueba porque no estará siendo desahogado ante los jueces que ya llevan los procesos”, explicó Gabriel Regino.
Cuestionado específicamente sobre la posibilidad de que el ex Procurador Murillo Karam rinda cuentas por la posibilidad de haber anunciado la conclusión de una investigación basado en hechos que no ocurrieron, el penalista explicó que el tema de las responsabilidades van a fundamentarse, sólo si se comprueba que la información que Murillo Karam recibió era notoriamente contradictoria y que a pesar de ello las dio como validas.
“Estaríamos frente al delito de ejercicio indebido de ejercicio público, lo que le llevaría a la PGR a retirar los procesos penales que tiene en curso e iniciar una investigación penal contra Murillo Karam y aquellos que crearon esta verdad y a reconducir una investigación sobre que sucedió en estos hechos”.
Sin embargo, el especialista consideró poco probable que se puedan fincar responsabilidades al ex procurador, de quien se dice podría en poco tiempo formar parte del cuerpo diplomático de México como embajador en algún país europeo.
“Es difícil que el ex Procurador alcance una responsabilidad porque él es mero titular del Ministerio Público, pero no es el Ministerio Público que investigó ni mucho menos el que consignó. Su responsabilidad quedaría limitada al aspecto político y mediático”, afirmó.
El académico de la UNAM consideró que lo deseable es que un tercer organismo imparcial determine si hay o no contradicciones entre la investigación de la PGR y las observaciones del GIEI, “porque al final del día, la PGR –que pertenece al Ejecutivo federal–, es la única autoridad la que podrá definir si lo que está diciendo la investigación de expertos tiene o no tiene validez”.
Agregó que para poder concluir que la PGR falseó la conducción de la investigación, sería preciso que hubiese una determinación judicial que así lo confirmara.
No obstante, hasta ahora, todos los jueces que han recibido consignaciones por el caso Ayotzinapa han validado la teoría de la PGR. “No hay todavía una sentencia firme de un tribunal mexicano que diga ‘todo esto fue mentira’”.
Sin embargo, sostuvo que sí existe la percepción en la opinión pública de que se ha mentido o por lo menos de que se desvío la investigación con el ánimo de limitarla a una sola línea de investigación debido a la presión mediática, la urgencia política y el panorama internacional.
El abogado penalista Gabriel Regino consideró que podría haber una trampa en la orden de realizar un nuevo peritaje sobre los hechos ocurrido en Iguala, Guerrero.
“Es decir puede haber los peritajes que usted quiera, pero mientras no se reproduzcan ante los jueces, los jueces no tienen por qué siquiera voltear a mirarlos”, destacó.
Por su parte, el abogado José Antonio Ortega dijo que los integrantes del GIEI que participaron revisando la investigación de la PGR sobre la desaparición de 43 estudiantes en Ayotzinapa pueden también presentar una denuncia ante el mismo Ministerio Público de la Federación por las irregularidades que hayan encontrado.
“Ellos están para hacer una investigación, tienen las más altas facultades para ser coadyuvantes, tienen inmunidad, porque hay ampliación del acuerdo con el que trabajan, si consideran que hay omisión grave, que presenten la acusación, tienen inmunidad política, y en ese contexto político pueden proceder, no pueden interrogar a los soldados, porque no son autoridad, y tienen en todo caso que motivar para que sea el Ministerio Público el que haga las diligencias que ellos creen que faltaron”, indicó.
En entrevista, el también director del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal cuestionó el resultado del informe debido, dijo, a que muestra “determinación para que la investigación siga una determinada dirección, independientemente de los hechos verdaderos”.
Sobre la afirmación de que no hubo incineración masiva de los normalistas en el basurero de Cocula, y que fue una de las principales conclusiones de los expertos extranjeros que contradijo la versión de la PGR, Ortega comentó los años de la violencia mostraron que, en diversas regiones del país, los criminales han usado diferentes métodos para calcinar cuerpos.
“La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, desde mi punto de vista, no es un organismo imparcial, íntegro y justo, interesado en la protección de los Derechos Humanos y en alcanzar la verdad”, agregó.
Para Gilberto Santa Rita Tamés, investigador y académico de la Universidad Iberoamericana, cuando surge un hecho como el de Ayotzinapa y una reacción como la que tuvieron los tres órdenes de gobierno, lo natural es que la ciudadanía busque a responsables, no en un sentido moral sino penal. Sin embargo, en el caso del ex Procurador Jesús Murillo Karam no puede haber una imputación criminal porque finalmente la PGR tomó la investigación cuando ésta ya había sido iniciada en Guerrero.
“Las primeras diligencias, que son las más delicadas en una averiguación previa o investigación ministerial son las más importantes porque son las más vinculadas a la inmediatez y a las pruebas más puras, que van a dar inicio a una averiguación y una posible consignación y después ya poner las pruebas ante un Juez”, detalló el abogado.
Es decir que, ante un escenario donde la Procuraduría General de la República aceptara que hubo ocultamiento de hechos o mintió sobre el basurero de Cocula, Murillo Karam no podrá ser castigado penalmente a menos que se demuestre que el ex Procurador dio la orden o participó directamente en la alteración de la investigación. Si acaso, explicó el experto, podría recibir un castigo administrativo.
“Sólo podríamos ver a Murillo Karam en prisión si se demostrase que alteró con dolo o imprudencia la escena de los hechos, ahí sí surgiría una averiguación previa al proceso principal”, explicó Santa Rita Tamés, quien agregó que la propia Fiscalía local o autoridades federales –dependiendo del momento: antes o después que la PGR atrajera el caso– tendrían que determinar que hubo irregularidades.
Además, dijo, si se determina que hubo irregularidades en funcionarios de la PGR, antes que haya castigo penal a Jesús Murillo Karam se procederá contra sobprocuradores, fiscales, secretarios, peritos, agentes, policías, que son quienes integran la averiguación.
El jurista adelantó que si se descubren anomalías en la investigación de Ayotzinapa, antes que penales habrá castigo político debido al perfil del entonces Procurador Jesús Murillo Karam.
WOLA, PREOCUPADA POR MENTIRAS DEL GOBIERNOLa Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés) mostró su preocupación porque la respuesta del Gobierno mexicano “no reconoce los graves errores” cometidos en la investigación inicial, luego de que el Nuevo Informe de los Expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concluyó que la versión oficial sobre la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa es incorrecta y no tiene evidencia científica.
“El informe de los Expertos deja claro que el Gobierno trató de vender a las familias, a la sociedad mexicana y a la comunidad internacional una versión de los hechos que, lejos de ser la verdad, no tiene evidencia científica […] El gobierno prefirió la conveniencia sobre la veracidad y tomó varias medidas, incluyendo posiblemente el uso de tortura, para respaldar su versión de los hechos”, sostuvo este lunes en un comunicado Maureen Meyer, coordinadora principal del Programa de México de WOLA, organización que promueve los derechos humanos, la democracia y la justicia social por medio del trabajo conjunto con contrapartes locales en Latinoamérica y el Caribe.
El Grupo Interdisciplinario de Expertos y Expertas Independientes (GIEI), integrado por cinco representantes de la CIDH, aportó ayer al menos dos nuevas líneas de investigación que echan a la basura “la verdad histórica” oficial sobre la desaparición de 43 alumnos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos.
Hay un camión desaparecido que podría ser clave para conocer el destino de los normalistas, no existe evidencia de que los jóvenes fueron quemados en un basurero del municipio de Cocula, como lo afirmó el 27 de enero de 2015, el entonces titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam, quien mostró extractos de peritajes con los que armó su verdad histórica.
En este sentido, WOLA dijo estar “profundamente preocupada por la gravedad de los errores en la investigación hecha por el gobierno y apoya el llamado del GIEI para que el Gobierno mexicano siga nuevas líneas de investigación para esclarecer lo que sucedió con los estudiantes y ofrecer verdad y justicia a sus familias”.En un comunicado difundido hoy, la organización internacional detalla que la Procuradora General, Arely Gómez González, quien reemplazó al ex Procurador Jesús Murillo Karam, poco después de que se diera a conocer el Informe el día de ayer, afirmó que su oficina analizara todos los aspectos del informe para determina si incorporarlos en la investigación, sin embargo, criticó, “se abstuvo de hacer declaraciones sobre los graves errores del gobierno en la investigación”.
“En lugar de hacer nuevos peritajes para demostrar una teoría que ya ha sido descartada, el Gobierno mexicano debe trabajar para reestructurar la investigación y llevar a cabo todas las líneas propuestas de investigación”, sostuvo Maureen Meyer, coordinadora principal del Programa México en WOLA.
Además la organización insta al Gobierno de México a que se cree un nuevo equipo dentro de la PGR para que se haga cargo de la investigación ante los “múltiples errores de los peritos del Gobierno”.
“Teniendo en cuenta los múltiples errores de los peritos del Gobierno, se debe crear un nuevo equipo dentro de la Procuraduría General de la República para estar a cargo de esta siguiente etapa de la investigación”, agregó Meyer.
El documento destaca que el informe del GIEI también muestra que varias áreas de investigación permanecen sin explorar. En particular, los Expertos sugieren que la extrema violencia que se utilizó en contra de los estudiantes puede estar relacionada con el hecho de que autobuses en Iguala son regularmente utilizados por grupos del crimen organizado para transportar heroína.
El informe deja en claro, agrega la organización, que las fuerzas de seguridad estatales y federales sabían que los estudiantes estaban siendo perseguidos y atacados por la Policía Municipal pero no hicieron nada para ayudarlos.
“Las familias de las víctimas tienen derecho a saber la verdad sobre lo que pasó –cuándo, dónde, y por qué–. El informe de los Expertos es una base fundamental para seguir adelante con la investigación”, finaliza Meyer.
Finalmente, WOLA celebra que el Gobierno mexicano haya aceptado la solicitud de prórroga del mandato del GIEI.
“Esperamos que su trabajo, en colaboración con la PGR, lleve a las familias y estudiantes de Ayotzinapa, la sociedad mexicana y la comunidad internacional un paso más cerca de saber la verdad sobre este grave caso y de llevar a los responsables ante la justicia”, agrega.
AI Y HRW EXIGEN AL GOBIERNO ATENDER “DEFICIENCIAS”
Ayer, las organizaciones Amnistía Internacional y Human Rights Watch (HRW) exigieron al Gobierno de México llevar a la justicia a los responsables de las fallas en las investigaciones y abordar de manera “inmediata” las deficiencias descubiertas en la investigación del Grupo de Expertos de la CIDH de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
La organización Amnistía Internacional consideró que los resultados del informe del GIEI dejaron al descubierto la “absoluta incompetencia y la falta de voluntad del Gobierno federal para encontrar y castigar a los responsables”.
“La revelación del grupo de expertos sobre la incongruencia de la teoría que los normalistas fueron incinerados en un basurero resalta la necesidad de reencaminar las investigaciones de manera urgente,” dijo Erika Guevara Rosas, Directora para las Américas de Amnistía Internacional.
En un comunicado, la organización destacó que México vive una de sus peores crisis de derechos humanos de las últimas décadas. “El catálogo de fallas en la búsqueda e investigación sobre la desaparición de los 43 normalistas que ha denunciado el grupo de expertos es una enorme mancha en la reputación del gobierno mexicano, que sólo podrá comenzar a resarcirse si se encuentran a los responsables”, expuso.
En tanto, Human Rights Watch (HRW) urgió a México que aborde “inmediatamente” las deficiencias descubiertas en la investigación de la desaparición de 43 estudiantes en el estado de Guerrero el 26 de septiembre de 2014 y analice las denuncias de abusos y obstrucción de la justicia planteadas por expertos internacionales.
“A pesar de que el mundo tenía los ojos puestos en México, y de los enormes recursos asignados, las autoridades demostraron ser incapaces o no estar dispuestas a llevar a cabo una investigación seria”, lamentó en un comunicado el director para las Américas de la organización, José Miguel Vivanco.
“Este informe contiene una evaluación extremadamente crítica sobre la actuación de México ante la atrocidad de derechos humanos más grave de los últimos tiempos”, señaló hoy Vivanco.
HRW sostuvo que México debe abordar inmediatamente las fallas en su investigación y la PGR debería investigar las denuncias de graves abusos y obstrucción de la Justicia planteadas por los expertos internacionales.
Consideró que la investigación oficial estuvo además marcada por el manejo irregular, la pérdida y la posible destrucción de pruebas clave.
“Sin este informe, la magnitud de las fallas en la investigación probablemente nunca hubieran salido a la luz, y el caso de los 43 estudiantes se habría cerrado”, indicó Vivanco.
“El mandato del grupo de expertos debería ahora ser renovado, para que pueda monitorear las investigaciones que se lleven a cabo sobre este y otros casos de derechos humanos. Claramente, las instituciones judiciales del país necesitan de escrutinio externo para evitar que se repita este desempeño lamentable”, añadió.
La organización Resonar lanzó hoy una petición en la plataforma Change.org dirigida al Presidente Enrique Nieto, en la que se le exige abra una investigación al ex Procurador General Jesús Murillo Karam, así como a todos los servidores públicos implicados, “por sus mentiras sobre Ayotzinapa”.
“‘Creyeron que nos podrían engañar pero no pudieron. Hoy la verdad histórica se convirtió en una mentira histórica’. Las familias de los 43 estudiantes sabían que les habían intentado engañar, pero no pudieron”, se lee al inicio de la petición.
En el documento se detalla que las conclusiones presentadas por el Grupo de Expertos de la CIDH fueron claras:
El incendio en Cocula: imposible“Adiós a su verdad histórica, que de histórica sólo tiene la mentira. Y el ex Procurador Karam, quien presentó esta mentira, cuenta los días para su nombramiento como Embajador. ¿Y el resto de servidores públicos implicados en este fraude a las familias, a los estudiantes y a todo México? Todavía cobrando sueldos públicos y participando en investigaciones”, recrimina la organización.
Los testimonios: contradictorios
Autoridades implicadas: los 3 niveles
Pruebas: Perdidas o destruidas
¿Y el paradero de los 43? Desconocido
Finalmente destaca que lo anterior “no puede quedar así”.
“Murillo Karam y los funcionarios implicados deben rendir cuentas de por qué se ocultó información, por qué intentaron engañar a las familias y a todo México. La justicia verdadera para las víctimas y sus familias necesita también que los responsables del engaño rindan cuentas”, finaliza la petición.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: Shaila Rosagel, Sandra Rodríguez, David Martínez y Sergio Rincón
LINK: http://www.sinembargo.mx/07-09-2015/1477915
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