“Para reducir la violencia en nuestro país, es indispensable que esta política sea encabezada por alguien que cuente no solamente con conocimiento del tema, sino también con una genuina convicción de que el delito puede y debe prevenirse por vías distintas a las del sistema penal, sin dejar de lado el necesario fortalecimiento institucional de este último”, argumentaron.
En un comunicado difundido apenas unas horas después de la designación de Escobar “por instrucciones del presidente Enrique Peña Nieto”, según consignó el comunicado de la Segob, los firmantes, entre los cuales figuran la exconsejera electoral Jacqueline Peschard, el académico de la división de Estudios Jurídicos del CIDE, José Antonio Caballero Juárez y Clara Jusidman, de Incide Social, recordaron que la única propuesta conocida de Escobar en materia de combate a la inseguridad la hizo en 2008 y fue la de establecer la pena de muerte para los secuestradores.
“Iniciativas como ésta no solamente reflejan un tratamiento superficial del tema, sino que ponen en duda que sus promotores consideren como prioridad la atención de las causas y facilitadores del delito y la violencia. En pocas palabras, el perfil del autor de dicha propuesta resulta claramente incompatible con el del titular de la Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana”, subrayaron.
Luego de establecer que la reducción de la incidencia delictiva precisa del desarrollo de capacidades institucionales sólidas en las entidades federativas que permitan la investigación y sanción de las actividades criminales, refirieron que las reiteradas violaciones a la legislación electoral por parte del PVEM en los pasados comicios “manda una pésima señal”, debido a que la Subsecretaría en cuestión tiene entre sus objetivos promover la cultura de la legalidad.
Con base en tales argumentos, expusieron que la designación de Escobar es “altamente preocupante para la sociedad civil”, por lo que urgieron al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong a que empeñe sus esfuerzos en consolidar un equipo de trabajo a la altura del problema de la inseguridad y violencia que afecta profundamente a varias regiones del país”.
Recordaron que la política federal de prevención sufrirá el próximo año una reducción importante de su presupuesto y sugirieron la creación de un mecanismo de supervisión externa que vigile que la Subsecretaría “no se desvíe de las premisas que deben guiar estos esfuerzos y que atienda los problemas y cuestionamientos que aún están pendientes en esta materia”.
Firman el comunicado unas 50 organizaciones, académicos y representantes de la sociedad civil.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
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