Rose-Marie Belle Antoine, James Cavallaro, presidenta y vicepresidente de la CIDH, así como los comisionados Felipe González, Tracy Robinson y Rosa María Ortiz tuvieron un encuentro con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y la procuradora General de la República, Arely Gómez, entre otros funcionarios federales.
Los comisionados acudieron a nuestro país a realizar “una observación en terreno de la situación de derechos humanos en el país, con particular énfasis en ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y tortura”.
Además, pretenden recabar información sobre temas de “inseguridad ciudadana, acceso a la justicia de víctimas de violaciones a los derechos humanos y la situación de periodistas” y defensores de derechos humanos y otros grupos “especialmente afectados por el contexto de violencia en México”.
En el encuentro, en el que también estuvieron el secretario ejecutivo de la CIDH, Emilio Álvarez Icaza, la secretaria ejecutiva adjunta, Elizabeth Abi-Mershed, y el relator especial para la Libertad de Expresión, Edison Lanza, el tema de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa fue central, así como el reconocimiento de la labor realizada por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), según el organismo integrante de la Organización de Estados Americanos (OEA) en su cuenta de Twitter.
Y según la cuenta de la CIDH, Osorio Chong reconoció que “mientras no tengamos seguridad en nuestros municipios, nos exponemos a casos como el de Ayotzinapa”. También dijo que la dependencia trabaja “por preservar derechos de privados de la libertad pero eliminando cualquier riesgo de fuga”.
De acuerdo con la CIDH, durante el diálogo con las autoridades federales –entre los que estaba el subsecretario de Derechos Humanos, Roberto Campa Cifrián– los funcionarios señalaron que “el tema de los normalistas de Ayotzinapa ha sido de los que más ha lastimado a la sociedad mexicana”.
Los funcionarios también expresaron su disposición de resolver los interpuestos ante ese órgano “por medio de soluciones amistosas”. Agregaron que se ha creó “un fideicomiso para medidas de protección”, para la implementación de medidas cautelares emitidas por el órgano.
Piden mantener independencia
La presidenta de la CIDH, Rose Marie Belle Antoine, agradeció a los funcionarios presentes la voluntad de cooperación pero les dijo: “debemos mantener nuestra independencia”.
El comisionado Cavallaro, relator para México, solicitó “estadísticas de civiles fallecidos en conflictos con fuerzas armadas”.
Felipe González mostró su preocupación por “un grave incremento” de violaciones a derechos humanos de migrantes y consideró que el Estado debe “fortalecer los mecanismos de control interno de la policía”.
Edison Lanza resaltó que “hay una brecha entre medidas de protección y violencia y asesinatos contra periodistas”, en tanto que hay “una tasa muy baja de condenas en crímenes contra periodistas y comunicadores”.
Otro de los temas puestos en la mesa de la reunión entre comisionados y funcionarios fue la situación de presos, grupos indígenas, la niñez, así como la preocupación por las tasas de violencia contra la población LGBTI.
Los protocolos de la PGR
Por su lado, la titular de la PGR, Arely Gómez, recibió al pleno de la CIDH al que informó que se cuentan con protocolos de registro de víctimas y de personas desaparecidas.
La reunión, se registra a casi un mes de que el Grupo Interdisciplinarios de Expertos Independientes (GIEI) de la CIDH, presentó su informe sobre la investigación que realizaron de los 43 normalitas desaparecidos el 26 de septiembre de 2014, en Iguala Guerrero.
Investigación en la que los expertos determinaron que era falsa la verdad histórica presentada por el extitular de la PGR Jesús Murillo Karam, acerca de que los normalitas fueron asesinados y quemados en el basurero de Cocula y después triturados sus restos óseos para luego tirarlos en bolsas al rio San Juan, además de una serie de irregularidades que señalaron existen en la indagatoria sobre el caso, como los obstáculos que puso el gobierno federal para acceder a las instalaciones del 27 Batallón de Infantería así como para entrevistar a los militares que tuvieron contacto con los normalitas esa noche del 26 de septiembre.
Gómez González, presentó a los integrantes de la Comisión Interamericana los protocolos homologados de desaparición forzada y tortura aprobados en agosto pasado durante la 33 Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia.
El protocolo homologado para la investigación del delito de tortura establece que en ningún caso podrá el ministerio Público argumentar la prescripción de la acción penal; el delito de tortura es imprescriptible.
La víctima tiene derecho a que el dictamen especializado médico psicológico sea realizado por un perito independiente debidamente acreditado por el ministerio público, la aplicación del protocolo de Estambul debe hacerse lo antes posible y la víctima puede obtener ayuda inmediata como alojamiento, transporte, asesoría jurídica, asistencia y atención económica y de desarrollo, además de la reparación del daño.
Mientras que el protocolo para la búsqueda de personas desaparecidas y la investigación del delito de desaparición forzada indica que la acción de búsqueda deberá ser inmediata; es decir, ya no se tendrá que esperar 72 horas para iniciarla.
El delito de desaparición forzada tiene carácter permanente o continuo y es perseguido de oficio. El ejercicio de la acción penal derivada de la desaparición forzada de personas, así como la pena que sea impuesta judicialmente al responsable son imprescriptibles.
La agenda de la CIDH
De acuerdo con información obtenida por esta agencia informativa, la tarde de este lunes los enviados de la CIDH sostendrán reuniones con miembros de la sociedad civil para abordar nueve mesas temáticas con víctimas y organizaciones sociales.
Los asuntos a tratar son desapariciones; situación de periodistas y defensores, y el mecanismo nacional de protección; desplazamiento forzado en el contexto de violencia; ejecuciones extrajudiciales, homicidios, tortura y condiciones de detención; situación de mujeres, niños y adolescentes, personas LGBTI y pueblos indígenas “afectados por la violencia y programas de protección diferenciados”.
También se abordarán los temas de migrantes, tráfico de personas y reclutamiento involuntario; seguridad ciudadana, militarización y “respuesta estatal a la violencia”; protocolos y mecanismos de protección. Incluso, revisarán iniciativas legislativas para “atender la impunidad y la violencia”, así como la administración de la justicia, la implementación del nuevo sistema de justicia penal y el acceso a la justicia de víctimas de violaciones a los derechos humanos.
A partir del martes 29 los comisionados acudirán a Guerrero, Nuevo León, Tabasco y Veracruz.
A las 9:00 horas irán a Ayotzinapa, donde sostendrán un encuentro con padres de las víctimas de los ataques armados a los normalistas el año pasado. Después se reunirán con organizaciones sociales en Chilpancingo, donde documentarán casos de ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada, tortura y desplazamiento forzado.
Para el miércoles 30 se tiene prevista una reunión de los comisionados de la CIDH con familiares de víctimas organizadas en “Los Otros Desaparecidos”. Ahí se prevé que los comisionados realicen un recorrido por los cerros donde se han localizado fosas comunes.
La tarde del martes los comisionados se desplazarán a Monterrey para recibir información sobre temas de derechos humanos en la zona Noroeste y Noreste del país.
Ese mismo día, representantes de la CIDH acudirán a Tenosique, Tabasco, para hacer una revisión con organizaciones de la sociedad civil de la “situación general en materia de desapariciones, ejecuciones extrajudiciales y tortura en el sur de México.
Los temas se abordarán en tres mesas: desafíos en mecanismos de búsqueda, identificación y acceso a la información; acceso a la justicia y protección a las víctimas de la violencia; y la situación de migrantes, refugiados, solicitantes de asilo, desplazados internos y defensores de derechos humanos “en materia de desapariciones, ejecuciones extrajudiciales y tortura en sur de México”.
En Xalapa, Veracruz, la comisionada Rosa María Ortiz recabará información sobre la violencia contra los defensores a derechos humanos y de grupos vulnerables afectados como niños, adolescentes, mujeres y pueblos indígenas. El relator especial Edison Lanza documentará la violencia contra comunicadores y periodistas y los sistemas de protección.
En esa entidad, los comisionados también sostendrán encuentro con familiares, víctimas y defensores, en casos de desapariciones, ejecuciones extrajudiciales y tortura, así como “desafíos en mecanismos de búsqueda, identificación y acceso a la información y acceso a la justicia y protección de víctimas de violencia”.
Durante cada visita de los comisionados se realizarán encuentros con funcionarios públicos estatales.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GLORIA LETICIA DÍAZ/ PATRICIA DÁVILA.
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