La nueva demanda fue presentada por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) contra el priista Jesús Murillo Karam, quien fuera titular de la Procuradoría General de la República (PGR), por considerar que sus acciones y omisiones pusieron en riesgo la investigación sobre la desaparición forzada de 43 normalistas en Iguala, Guerrero.
No es la primera vez que la oposición arremete contra Murillo Karam por los hechos ocurridos en Iguala el 26 y 27 de septiembre de 2014. De hecho es el segundo recurso de juicio político que se interpone contra el defensor de la “verdad histórica” en el caso Ayotzinapa.
Sin embargo, la demanda de juicio político podría correr la misma suerte que las presentadas en la LXII Legislatura –que funcionó de 2012 a 2015–, las cuales cayeron en tierra infértil y se guardaron en el cajón del olvido de alguna oficina de la Cámara de Diputados.
En respuesta a una solicitud de información de SinEmbargo, la Cámara de Diputados reportó que un total de 84 peticiones de juicio político se quedaron en los archivos acumulando polvo de la Comisión Jurisdiccional, encargada de revisar y eventualmente aprobar estas solicitudes político-jurídicas para preservar los derechos de los ciudadanos.
La Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Cámara de Diputados respondió a la solicitud con número de folio 1831/2015 que:
“… a partir del primero de agosto de 2012, se presentaron un total de ochenta y cuatro demandas de juicio político”, las cuales de dividen de la siguiente forma: –64 denuncias recibidas y ratificadas, cuyo estatus es “Pendientes de resolver por la Subcomisión de Examen Previo”. –20 denuncias de juicio político que fueron presentadas, pero que no fueron ratificadas.
La Cámara de Diputados se reservó el nombre de todos los servidores públicos a quienes se demandó, bajo el argumento de que “la información relativa a los juicios políticos pendientes de resolución se encuentra reservada, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 14, fracciones IV y V de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental”.
Derivado de solicitudes de información similares, se sabe que durante la LX Legislatura –que funcionó de 2006 a 2009–, la Cámara de Diputados recibió 128 demandas de juicio político.
En 10 solicitudes hubo declaración de procedencia, pero se informó que se encontraban “pendientes de ser resueltas por la Sección Instructora”. Asimismo, durante la LXI Legislatura (2009 a 2012) se recibieron 95 demandas, que fueron ratificadas, pero quedaron “pendientes de ser resueltas”.
La Comisión Jurisdiccional de la LXII Legislatura estuvo presidida por el Diputado José Rangel Espinosa y fue integrada por el legislador priista Manuel Añorve Baños, y el panista Rubén Camarillo Ortega.
José Rangel Espinosa, mejor conocido como el “Dipucharola” por haber colocado una placa con el logo de la Cámara de Diputados a su automóvil Mercedes Benz, valuado aproximadamente en 1 millón de pesos.
Ese Diputado por el Estado de México es también conocido por vanagloriarse públicamente que el Presidente Enrique Peña Nieto votó por él en el 2012, por lo que se declaró abiertamente su admirador.
“Soy representante de los priistas de mi distrito, de los priistas y simpatizantes que votaron por mí, incluyendo al ciudadano Enrique Peña Nieto porque él vota en el distrito que yo represento en Atlacomulco”, aseveró el Diputado José Rangel. El mexiquense jamás convocó a una sesión para revisar las 84 demandas de juicio político pendiente.
En el marco de diversas demandas de juicio político interpuesta el año pasado sin que actuara la Comisión Jurisdiccional, Miguel Rábago Dorbecker, profesor e investigador del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana, reconoció que en México el juicio político no es garantía de una rendición de cuentas efectiva por parte del funcionario implicado.
“No tenemos esos mecanismos [de rendición de cuentas] bien desarrollados, el juicio político es uno pero es un mecanismo bastante anquilosado, problemático, también allí se ven las limitaciones de los partidos políticos que actúan más por líneas partidistas que por un interés general o por una exigencia de la sociedad”, dijo el especialista.Por su parte, Jesús Rodríguez Zepeda, investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), explicó que México tiene una larga tradición de que sus servidores públicos no asuman responsabilidades jurídicas por situaciones que los involucran, directa o indirectamente, en escándalos políticos.
“En otras sociedades, frente a escándalos políticos como los que se han visto aquí, con mucha frecuencia los servidores públicos renuncian, aunque no estén directamente involucrados. Pero eso es algo que en México no tiene tradición ni está arraigado, ni entra en el repertorio de acciones de los propios servidores públicos”, dijo.En los últimos tres años, de nada sirvieron los encendidos discursos que integrantes del PAN, PRD, Partido del Trabajo y Movimiento Ciudadano, lanzaron contra gobernadores estatales y servidores públicos del Gobierno federal a la hora de presentar sus demandas, de igual forma jamás fueron tomadas en cuenta sus solicitudes de juicio político.
Algunas de las solicitudes que más eco tuvieron, se presentaron contra Javier Duarte de Ochoa, Gobernador de Veracruz; Ángel Aguirre Rivero, Gobernador con licencia de Guerrero, y Miguel Ángel Osorio Chong, Secretario de Gobernación, entre otros.
En octubre de 2014, el entonces Diputado federal Manuel Huerta Ladrón de Guevara, del Partido del Trabajo (PT), presentó una demanda de juicio político contra Ángel Aguirre, entonces Gobernador de Guerrero, a quien se acusó de perder el control de la gobernabilidad en la entidad. El mismo Diputado presentó una solicitud de juicio político en contra del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, a quien acusó de evadir su responsabilidad al no investigar oportunamente el presunto asesinato de Arturo Hernández Cardona y otros perredistas, ocurrido el 31 de mayo de 2013, a pesar de que la Comisión Permanente se lo pidió de manera oficial.
Huerta ladrón de Guevara dijo que Osorio Chong fue omiso en atraer la investigación que señalaba como autor intelectual al entonces presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca, quien después resultó presunto responsable en dar la orden para detener a los 43 estudiantes normalistas desaparecidos desde el pasado 26 de septiembre.
En septiembre de 2014, grupos ciudadanos y representantes de organizaciones de la sociedad civil presentaron una demanda de juicio político contra Raúl Plascencia Villanueva, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), por las “graves omisiones” frente a inumerables casos y por utilizar a la institución a “modo” a fines distintos a la defensa de derechos humanos.
De acuerdo con los demandantes, Plascencia Villanueva fue omiso en atender con oportunidad casos como los 70 mil homicidios ocurridos en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa; el caso de la masacre de San Fernando; la presunta ejecución sumaria en Tlatlaya, Estado de México, o el asesinato del niño José Luis Tehuatlie a causa de una bala de goma disparada por la policía de Puebla.
MURILLO KARAM ACUMULA JUICIOS EN SU CONTRA
La demanda de juicio político del PRD contra Murillo Karam fue presentado ante el secretario general de la Cámara de Diputados, Mauricio Farah Gebara, pocas horas antes de que el Presidente Enrique Peña Nieto se reuniera el jueves pasado con los padres de los normalistas quienes le presentaron una serie de demandas en torno a la desaparición de sus hijos.
“Consideramos que no puede haber ningún funcionario que quede impune ante acontecimientos de la envergadura del ocurrido en Ayotzinapa, Guerrero”, dijo el coordinador perredista Francisco Martínez Neri.
Esta es la segunda ocasión que la oposición arremete contra Murillo Karam por los hechos ocurridos en Iguala el pasado 26 de septiembre.
El primero se presentó el 14 de noviembre de 2014 por el presidente de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Martí Batres Guadarrama, y fue respaldado por diputados de izquierda. En ese entonces Morena no tenía bancada en San Lázaro.
Hace pocos días, el 8 de septiembre, la bancada del Partido Acción Nacional (PAN) en el Senado anunció que promovería su propio recurso de juicio político contra Murillo Karam, luego de que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales (GIEI) echara por tierra su “verdad histórica” sobre el caso Iguala. No obstante, la demanda panista todavía no presenta formalmente ante la Cámara de Diputados, por lo que el ex Procurador General y ex titular de la Secretaría de de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), no tiene nada de qué preocuparse.
A pesar de que no existen buenos antecedentes sobre el éxito de los juicios políticos, el PRD defendió su derecho a actuar contra quien considera violó el marco constitucional, y es responsable de afectar la legalidad, imparcialidad y eficiencia de la investigación de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala.
“Efectivamente, las mayorías se imponen y protegen a las personas que son de su preferencia. No dudamos que, en este caso, pudiera darse una nueva resolución en el sentido de que hasta ahí se quede este trámite. Sin embargo, no podemos renunciar a ese derecho y tenemos que hacerlo cuantas veces sea necesario”, dijo Martínez Neri.Para el coordinador de los diputados priistas, César Camacho Quiroz, el PRD solo utiliza la figura de juicio político contra Murillo Karam con el “afán de exorcizarse”, y de evadir sus propias responsabilidades en la desaparición de los 43 normalistas, debido a que en 2014 Iguala era gobernado por José Luis Abarca, quien llegó a la alcaldía bajo el amparo de los perredistas.
“Creemos que esto es para expiar sus culpas políticas y para que con esto distraigan a alguna parte de la opinión pública de una responsabilidad de su partido y de personas con nombre y apellido que militaban o militan en el Partido de la Revolución Democrática”, dijo el líder parlamentario priista.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: DAVID MARTÍNEZ HUERTA.
LINK: http://www.sinembargo.mx/28-09-2015/1498627.
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