La diputada el PRI, Silvana Beltrones Sánchez, presentó el punto de acuerdo que fue respaldado por todas las fracciones, aunque el PAN –partido del que surgió el actual gobernador Guillermo Padres y a quien, mediante su esposa, también se involucra en esa red ilícita– destacó que fue la propia Procuraduría estatal la que hizo la denuncia e inició la indagatoria.
Beltrones Sánchez, sonorense e hija del dirigente nacional del PRI, Manlio Fabio Beltrones Rivera, se estrenó así en tribuna desde donde presentó su primer punto de acuerdo, luego de calificó el hecho como “grave violación a los derechos humanos”, además de exigir “la reparación del daño causado a las víctimas”.
La solicitud, que fue respaldada inicialmente por todos los diputados por Sonora, consideraba la participación de la CNDH, sin embargo, la legisladora de Nueva Alianza, Angélica Reyes Ávila, solicitó que se incluyera pedir a la PGR que atrajera el caso.
En un Estado democrático, dijo Beltrones Sánchez, la legitimidad de cualquier gobierno tiene como sustento el respeto a los derechos humanos, y en especial el de los más vulnerables.
“Los niños son la historia de nuestro futuro y, por ello, no hay esfuerzo suficiente ni cansancio que valga en tomarnos en serio este hecho”, argumentó.
Es urgente que la PGR, sostuvo, investigue y proceda en contra de quienes resulten responsables por los delitos de trata y tráfico ilegal de personas, delincuencia organizada, cohecho y uso indebido de atribuciones y facultades, entre otros.
También reclamó que la Procuraduría de Sonora no haya procedido en contra de los presuntos responsables desde el momento en que se detectó el ilícito de tráfico de menores y, más aún, que con la existencia de pruebas permitiera su libertad.
La también abogada dijo que el delito del tráfico de menores no sólo ocurre en Sonora sino en varios estados del país.
“La existencia de una red que operaba bajo el amparo del DIF estatal y tenía vínculos internacionales exige una investigación más a fondo, ya que las autoridades locales han demostrado una franca incapacidad e indolencia; al parecer no velan por la pulcritud jurídica y existe una sospechosa omisión ante el hecho de que se han visto involucrados funcionarios públicos estatales”, fustigó.
El PAN defendió al aún gobernador Guillermo Padrés a través de la diputada Leticia Amparano Gámez, quien aseguró que fue la Procuraduría de Sonora la que denunció, con nombres y apellidos, a los involucrados “en estos lamentables acontecimientos y combate el tráfico de menores, lo que no ocurre en otras entidades”.
Además, sostuvo que en México existen 40 mil niños desaparecidos y 3 mil averiguaciones previas por menores robados durante el último año y medio.
El tráfico de niños y personas, alertó, es el tercer negocio más lucrativo a escala mundial después del tráfico de armas y de drogas, cuyo mercado representa 32 mil millones de dólares anuales.
A su vez el legislador por MC Jorge Álvarez Máynez, luego de sumarse al punto de acuerdo, relató que en nuestro país existen 45 mil niños desaparecidos, sustraídos para la explotación sexual; otros 12 mil 301 son migrantes repatriados de Estados Unidos sin un familiar, y más de 6 millones de menores trabajan de manera forzada.
El partido Morena, quien apoyó y firmó el punto de acuerdo, destacó a través de Irma Rebeca López López que la UNICEF ha documentado que el tráfico de niños y adolescentes es resultado de factores socioeconómicos, pero también de aspectos políticos, culturales y legales.
En el caso de Sonora, siguió, es evidente que el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) no ha sido eficiente ni efectivo en su propósito central de promover, prevenir y atender la explotación infantil y adolescente.
Norma Edith Martínez Guzmán, de Encuentro Social, se pronunció por la aplicación de la ley con firmeza, más aun cuando se trata de cuestiones que incluyen salvaguardar la protección de la familia y el interés superior del niño. “Precisamente por ello se ha solicitado al gobierno de Sonora hacer públicos los resultados que guarda la investigación de este tema”.
Luego mencionó que el proceder de la Procuraduría estatal en la investigación, “en particular de su titular, ha resultado poco pulcro, contradictorio y falto de transparencia. Este actuar tiene por lo menos un olor a indolencia y negligencia”.
La perredista Karen Hurtado Arana avaló el punto de acuerdo y manifestó su preocupación en torno a que diversos funcionarios de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia de Sonora están involucrados en una red de tráfico ilegal de menores y, lo más indignante, “que justo ayer nos enteramos de que la esposa del gobernador está presuntamente implicada en este hecho delictivo”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JESUSA CERVANTES.
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