La credibilidad del Estado ha quedado por los suelos. Las mentiras y medias verdades, y omisiones de la Procuraduría General de la República (PGR) han terminado por hundir la “verdad histórica”.
Los graves errores no solo corresponden al entonces Procurador general Jesús Murillo Karam, quien supuestamente será premiado con el puesto de embajador en Portugal, sino también a la actual Procuradora Arely Gómez González, heredera del problema.
A pesar del informe de 560 páginas del GIEI que desmonta una por una las versiones absurdas sobre el crimen de Estado de Ayotzinapa, la PGR sigue instalada en sus reales, utilizando el método de Joseph Goebbels, ministro para la Ilustración Pública y Propaganda de la Alemania nazi y mano derecha de Adolf Hitler, cuya máxima del marketing social era: “Miente, miente, miente que algo quedará, cuanto más grande sea una mentira más gente la creerá”.
Todo indica que la Procuradora Gómez piensa que entre más repita las mentiras sobre el crimen de Estado de Ayotzinapa, particularmente, la versión del basurero de Cocula, versión desacreditada por los expertos, la gente terminará por creerla.
Así como la propaganda nazi, sustentada en lo que la filósofa Hannah Arendt llamó la “banalidad del mal”, la Procuradora Gómez hace propaganda oficial de la “verdad histórica” y parece olvidar el humanismo a la hora de lanzar noticias, sin autorización del grupo de peritos argentinos encargados de la investigación del ADN de los 43 normalistas desaparecidos hace casi un año, ni de los padres de los jóvenes, concretamente del último identificado, Jhosivani Guerrero de la Cruz.
La opinión pública se ha encontrado con un fiasco mayúsculo. Los peritos argentinos desmintiendo a la Procuradora. ¿A qué nivel de degradación hemos llegado institucionalmente sobre el crimen de Ayotzinapa? ¿Qué esperaba la procuradora? ¿Tal vez, la complicidad de los peritos argentinos? No fue así. Y han dejado claro una cosa: no hay certeza alguna sobre la identidad de esos restos encontrados en el basurero de Cocula.
Lo que si tenemos los mexicanos, gracias al informe del GIEI, es la certeza de que en el crimen de Estado de Ayotzinapa participó el Ejército, un ente por encima de la ley que no ha sido investigado y que sigue siendo protegido por el gobierno.
La clave de este crimen deleznable se llama C-4 (Centro Estatal de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo), un ente que concentra información entre los distintos órdenes y dependencias de los gobiernos municipal, estatal y federal y que esa noche aciaga del 26 de septiembre en Iguala estuvo al tanto de lo que sucedió, es decir, policías estatales, como policías federales y miembros del Ejército tenían todos los detalles y no actuaron o actuaron en consecuencia reprimiendo a los normalistas y participando en su desaparición forzada.
¿Fue el C-4 el responsable del operativo contra los estudiantes? ¿Cuántos mandos actuaron en este crimen? ¿Por qué la PGR no ha investigado la actuación de este ente que concentra el poder de la seguridad de los ciudadanos?
A pesar de las evidencias de los informes, la PGR sigue en su etapa de negación defendiendo lo indefendible. La posibilidad de que los jóvenes fueran incinerados en el basurero de Cocula debería no solamente quedar descartada, sino ser motivo de una disculpa institucional a los padres de los desaparecidos y a los mexicanos.
La torpeza del gabinete de seguridad de Peña Nieto es monumental. En lugar de castigar al responsable de haber creado semejante mentira, al señor Murillo Karam lo premian intentando mandarlo al extranjero. La estrategia de sacarlo del país para evitar reclamos y exigencias judiciales en su contra, es demasiado burda. El ex Procurador y todos los funcionarios que participaron en el montaje del basurero de Cocula deberían ser procesados judicialmente de manera inmediata.
En lugar de ello, la Procuradora Gómez está dispuesta a sostener el desprestigio de la PGR sustentando su “verdad histórica” con alfileres y chivos expiatorios. El último se llama Gildardo López Astudillo “El Gil” quien asegura, según filtración oficial al periódico Excélsior que cita “fuentes de la SEIDO”, que él mismo mando “quemar” a los normalistas.
Qué casualidad que “El Gil” es capturado justo después del informe de los expertos y a punto de cumplirse un año de los hechos. Y qué casualidad que su versión refuerce la “verdad histórica” de Murillo Karam.
Más allá de montajes, filtraciones, mentiras y mentirotas, queda la incógnita de qué están hechos algunos funcionarios de este gobierno. ¿Tiene corazón la Procuradora Arely Gómez González? ¿En algún momento se ha tocado el corazón Enrique Peña Nieto para resolver realmente el caso Ayotzinapa? ¿Dónde está la bondad de Jesús Murillo Karam? ¿Qué tipo de alma tiene el General Salvador Cienfuegos?…
Tal vez, estos y otros funcionarios del gobierno se mueven por lo que Hannah Arendt describió en torno al nazi Adolf Eichmann y su informe sobre la banalidad del mal. Para la filósofa, este genocida no era un monstruo o un “pozo de maldad” como la mayoría lo consideraba, sino simplemente un burócrata, un operador del sistema, del sistema de exterminio.
Eichmann, como Peña Nieto, Gómez González, Murillo Karam o Cienfuegos han actuado, simplemente movidos por su deseo de ascender en su carrera profesional, cumpliendo cabalmente las órdenes superiores. Todos ellos son simples burócratas que cumplen órdenes sin reflexionar sobre sus consecuencias en otros seres humanos, ni la compasión que merecen los familiares que buscan a los normalistas.
La tortura, la desaparición forzada, la crueldad o la práctica de “actos malvados” como las burdas mentiras y los montajes oficiales en torno al crimen de Estado de Ayotzinapa, no han sido más que órdenes de estamentos superiores por cumplir. Para ellos, no existe diferencia entre el bien y el mal. Son burócratas sin sentimientos. Sin lugar a dudas, este gobierno ha perdido la condición humana.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: SANJUANA MARTÍNEZ.
LINK: http://www.sinembargo.mx/opinion/21-09-2015/39447
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