En este mismo año, Joaquín Guzmán Loera “El Chapo”, evidenció la corrupción y la falta de profesionalismo e institucionalidad de la estructura de seguridad e inteligencia del Gobierno Federal y dejó en claro que las prisiones de máxima seguridad en México son falibles. De hecho, que contra toda lógica están construidas las celdas a ras de tierra. Se fugó el capo más buscado del mundo y México quedó ante el mundo como una república de mentiras donde la justicia no es ni certera, ni expedita, ni definitiva.
En un año la economía de México se cayó. Pocos o nadie acudieron a la primera subasta para la exploración convocada por Petróleos Mexicanos y que sería a la postre la primera medida de la reforma energética. El peso mexicano tuvo una devaluación del 28.17 por ciento, considerando que el 29 de septiembre de 2014 estaba en 13.38 pesos y al 22 de septiembre se cotiza en 17.15 por dólar.
En un año los secuestros en México empiezan a ser más visibles. Los criminales hoy van por hijos, padres, hermanos de personas que asumen con recursos para pagar rescate, y el más notorio en los últimos días fue el del padre y el hermano del director de cine Alejandro Gómez Monteverde, quienes fueron secuestrados en Tamaulipas y días después encontrados muertos en Veracruz, incluso mencionan después que su hijo y hermano habían pagado lo que los mafiosos (impunes porque no les han detenido) les exigían para liberarlos con vida.
El sábado 26 de septiembre se cumplirá un año de la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, Iguala, Guerrero, y el atentado que sufrieron otros que fueron heridos y unos más asesinados en esa misma y negra noche.
Ni los padres de los estudiantes ni los mexicanos todos, han recibido por parte de su Gobierno Federal, la justicia que apremia en este y en muchos otros casos, pero resalta el de Ayotzinapa por ser uno que atentó contra la vida de estudiantes para convertirse en maestros, y donde la unión de Gobernantes, Policías y narcotraficantes fue el origen de la tragedia nacional que impactó al mundo.
Según la Procuraduría General de la República que primero encabezó Jesús Murillo y hoy lo hace Arely Gómez, con iguales y decepcionantes resultados, en un año se han aprehendido a 111 personas relacionadas con la desaparición de los muchachos estudiantes, sin embargo no todas son conocidas pot los mexicanos pues su detención ha sido manejada con sigilo tufeando a impunidad. Ninguno de esas 111 personas es un blanco de gran calado. Puros policías de Iguala y Cocula, así como narcopoquiteros y chavales que dicen haber trabajado para Guerreros Unidos, el cártel que estuvo detrás del atentado y la desaparición de Ayotzinapa.
El Gobernador al momento de los hechos, Ángel Aguirre, fue prácticamente obligado a dejar el cargo ante los ignominiosos actos, pero no dio a los guerrerenses, a los mexicanos, explicación alguna de lo sucedido en su estado, bajo su mandato, y el Gobierno Federal no lo investigó o si lo hizo, no encontró elementos para juzgarlo por los hechos sangrientos del 26 de septiembre de 2014 y no haber protegido a los ciudadanos como juramentó hacerlo cuando tomó posesión del cargo; en todo caso la investigación con o sin resultados sobre la participación o la falta de acción por parte del ex Gobernador Aguirre, no fue dada a conocer.
El cártel Guerreros Unidos, producto de una escisión del cártel de los Beltrán Leyva, a su vez separado del cártel de Sinaloa, es uno de los menos visibles en términos mediáticos. Mientras por medio de prensa, algunos investigadores y especialmente por parte de la PGR, sabemos que utilizan el terrorismo social para imperar en el ámbito del narcotráfico y los negocios ilícitos, la propia Procuraduría General de la República no informa quiénes lo integran, quién lo encabeza, cuántas órdenes de aprehensión en su contra, por cuáles delitos, cuál es su ilícito negocio y las deudas sociales.
O la PGR no los investiga, o los protege con la secrecía de una investigación que por seguridad nacional debería ser pública para alertar a la sociedad a tomar precauciones ante la incapacidad de los gobiernos federal y estatal en Guerrero, para ofrecer seguridad a los gobernados.
A un año de la desaparición forzada y el ataque sangriento por parte de fuerzas del Estado y políticos del Gobierno hacia los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, lo único cierto es que la “verdad histórica” de la PGR que presume los muchachos fueron secuestrados y calcinados en un basurero, no ha podido ser debidamente confirmada ni científicamente probada, ni por peritos locales mucho menos por extranjeros, invadiendo el ambiente de la sociedad mexicana con sospechas de incapacidad, corrupción y ausencia de un Estado de Derecho.
A un año de la tragedia de Ayotzinapa, en el Senado de la República apenas una Senadora solicita la creación de dos fiscalías especiales en la PGR, para investigar exclusivamente los hechos del 26 de septiembre de 2014; una para esclarecer lo sucedido y a petición de los peritos de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, y otra para investigar a funcionarios públicos… a un año.
A un año del 26 de septiembre de 2014, muchas situaciones en México han cambiado para empeorar las condiciones del País en el que vivimos; a un año prevalece la inseguridad, disminuye nuestra poder adquisitivo, pierde valor la moneda, incrementa el crimen y la comisión de delitos, y el Presidente Enrique Peña Nieto confirma que una eficiente campaña de relaciones públicas dista mucho de ser suficiente para hacer un buen Gobierno.
A un año del 26 de septiembre, lo único consistente, real y verdadero, son los gritos de tantos ciudadanos dolidos que exigen justicia ante los oídos sordos y miradas indiferentes de autoridades claramente inmorales que se niegan a ver las manifestaciones sociales a lo largo y ancho de la República Mexicana.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: ADELA NAVARRO BELLO.
LINK: http://www.sinembargo.mx/opinion/23-09-2015/39530.
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